A esta hora, en la sede de la Gobernación del Cauca, el ministro del Interior, Federico Renjifo y delegados del Pueblo Nasa, intentan diseñar la ruta metodológica para retomar los diálogos que se suspendieron hace dos semanas y que buscan darle una salida a la crisis de orden público y social que afronta el norte del departamento.
Paradójicamente, en el marco de esta reunión, apareció un informe de Amnistía Internacional donde se revela la crítica situación de todos los pueblos indígenas de América. De acuerdo con la investigación, los gobiernos le dan mayor importancia a proyectos de desarrollo económico que a la supervivencia física y cultural de miles de nativos.
El informe, que conmemora el 9 de agosto como el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, analiza el incumplimiento por parte de los gobiernos de su obligación de consultar con los pueblos indígenas los proyectos de desarrollo como carreteras, acueductos, centrales hidroeléctricas y explotaciones mineras que se llevan a cabo en sus tierras ancestrales.
Según Mariano Machain, adjunto de investigación y acción de Amnistía Internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales, "los estados tienen la obligación de entablar consultas con los pueblos indígenas desde las primeras fases de los procesos de toma de decisiones que les afecten”.
También dijo que hacer caso omiso de esa obligación sólo sirve para crear un clima de “mala fe, desconfianza y polarización” que puede desembocar en malestar social y conflicto. “Los grandes proyectos sólo deben seguir adelante si esas comunidades han otorgado expresamente su consentimiento libre, previo e informado”, dijo Machain.
Aunque en la reunión de este miércoles, el consejero mayor del CRIC, Jesús Chávez, les pidió al ministro Renjifo, a los delegados de la ONU, de la OEA y a la Defensoría del Pueblo nuevas salidas para que los grupos al margen de la ley y el Ejército salgan de sus territorios, no dejó de lado que en Cauca confluyen muchos intereses económicos de multinacionales, mineras, en agrocultivos como la caña y en la ganadería extensiva.
Las deficiencias por parte de los gobiernos, documentadas en el informe de Amnistía Internacional, incluyen falta de transparencia, amenazas y presentación de cargos infundados contra líderes que cuestionan dichos proyectos, además del hecho de que no controlan la actuación de las empresas ni ofrecen reparaciones a las comunidades afectadas cuando se producen abusos.
Pese al panorama actual, se espera que tras la reunión de hoy se concreten futuros diálogos junto a las autoridades locales para atender las necesidades de la población, revisar planes de desarrollo y explicar al detalle el Contrato Plan Cauca, que dará una inversión cercana a los $500 millones.
Cabe recordar que el pasado 23 de julio, en el municipio de Santander de Quilichao (Cauca), se instaló la mesa de diálogo entre el Ejecutivo y las autoridades indígenas para abordar a fondo la problemática que viven los cabildos que habitan el norte del departamento.
Según Feliciano Valencia, vocero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), la situación de las comunidades se ha encrudecido por estos días, teniendo en cuenta que él y el coordinador de la Guardia Indígena, Luis Acosta, han recibido amenazas de muerte. “Supe de una orden de las autodefensas, por medio de las 'Águilas Negras', que le anunciaron a las autoridades indígenas de esas amenazas de muerte", dijo Valencia.
A propósito de esta situación, Amnistía Internacional pide que los gobiernos protejan los derechos humanos de los pueblos indígenas y se les permita cuestionar a las autoridades sin temor a represalias como el hostigamiento judicial, las amenazas u otras formas de violencia.
Comisión de la Cámara visitará este jueves el Cauca
Los Representantes a la Cámara, Iván Cepeda, Ángela Robledo, Guillermo Rivera y Hernando Hernández viajarán al departamento del Cauca para para analizar la situación de orden público y social que sufren las comunidades indígenas y campesinas
Esta comisión oficial de verificación tiene como fin escuchar a las comunidades indígenas. Según la congresista Ángela Robledo, “Ya se han escuchado muchas voces pero nos parece que es fundamental en el escenario poder identificar las distintas fuerzas que están operando y cuáles son las condiciones de la sociedad civil”.
Por su parte, el Representante Iván Cepeda afirmó que esta visita buscará que haya un compromiso claro del Ejecutivo en la implementación de programas sociales y productivos para el desarrollo de la población.
Cepeda reiteró que unos de las responsabilidades del Gobierno es la reubicación de las bases militares a una distancia prudencial de las zonas pobladas, para respetar lo que dicta el Derecho Internacional Humanitario.