Investigan fuga de recursos públicos en Santander por más de $50 millones

A través de una auditoría, la Contraloría de Santander puso al descubierto una aparente fuga de recursos por el orden de los $50 millones en un contrato suscrito entre la Gobernación de Santander y una fundación.

El caso –que ha sido denunciado por el diario regional Vanguardia Liberal, que además advierte un supuesto ‘carrusel’ de fundaciones en la Gobernación– tiene que ver con el contrato número 04280 del 20 de septiembre de 2013, celebrado entre la Secretaría del Interior y la Fundación para el Progreso de la Comunidad (Funprocom).

Dicho contrato –cuyo objeto era “fortalecer a las organizaciones comunales y líderes institucionales para generar capacidad de gestión en el departamento de Santander”– establecía que la Gobernación pagaba $70 millones a Funprocom a cambio de una serie de capacitaciones en cinco municipios de Santander en un periodo de dos meses.

Sin embargo, el informe de la Contraloría –al cual tuvo acceso El Espectador– advierte que no solo no se prestaron las capacitaciones en los cinco municipios (solo en tres o cuatro) sino que hubo falsificación de documentos y no se cumplió el número de horas de taller pactadas.

Por estos hechos, Funprocom se habrían apropiado de al menos 52 millones de pesos de los $70 millones que pagó la Gobernación.

“Conforme lo extractado de los testimonios de quienes presuntamente dictaron las charlas –quienes además afirmaron que se presentaron falsedades en sus firmas y lo consignado en las hojas de vida– a estos se les realizó un pago total no superior a $17’100.000; habiéndose reconocido y pagado por la Gobernación de Santander por su ejecución un total de $70 millones conforme a cuentas de cobro presentadas”, señala el documento.

Ante la gravedad de los hechos, la Contraloría de Santander compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a Irma Stella Martínez (representante legal de Funprocom) y Daniel Alberto Masmela Castillo (quien al parecer coordinó los talleres) por entre otros, los delitos de falsedad en documentos y peculado por apropiación.

“(Se) evidencia una acción deliberada y preparada cuidadosamente para apropiarse de dineros públicos, por lo cual tuvieron que incurrir en falsedad desde la hojas de vida, sus firmas, las fotos en donde supuestamente aparecen, las planillas de capacitadores, las órdenes de pago y hasta el pago a la seguridad social, que en efecto se hace pero solo para cumplir con un requisito indispensable para el pago ante la Gobernación”, agrega el informe.

Pese a que el contrato fue celebrado por el entonces secretario del Interior, Carlos Ibáñez –quien ahora es candidato a la Alcaldía de Bucaramanga– y ejecutado cuando Yaneth Mojica –precandidata a la Alcaldía de Barrancabermeja– asumió el cargo, el ente de control no los vinculó a la investigación.

En diálogo con Vanguardia Liberal, el contralor Argemiro Castro aseguró que este no es el único contrato con fundaciones que está siendo revisando por la entidad, de cara a determinar presuntas irregularidades y falencias en la ejecución de recursos públicos.

“Si corroboramos las mismas falencias, adelantaremos una auditoría especial que solo se circunscribirá a los contratos suscritos con fundaciones, asociaciones y corporaciones”, señaló el funcionario. 

A través de una auditoría, la Contraloría de Santander puso al descubierto una aparente fuga de recursos por el orden de los $50 millones en un contrato suscrito entre la Gobernación de Santander y una fundación.

El caso –que ha sido denunciado por el diario regional Vanguardia Liberal, que además advierte un supuesto ‘carrusel’ de fundaciones en la Gobernación– tiene que ver con el contrato número 04280 del 20 de septiembre de 2013, celebrado entre la Secretaría del Interior y la Fundación para el Progreso de la Comunidad (Funprocom).

Dicho contrato –cuyo objeto era “fortalecer a las organizaciones comunales y líderes institucionales para generar capacidad de gestión en el departamento de Santander”– establecía que la Gobernación pagaba $70 millones a Funprocom a cambio de una serie de capacitaciones en cinco municipios de Santander en un periodo de dos meses.

Sin embargo, el informe de la Contraloría –al cual tuvo acceso El Espectador– advierte que no solo no se prestaron las capacitaciones en los cinco municipios (solo en tres o cuatro) sino que hubo falsificación de documentos y no se cumplió el número de horas de taller pactadas.

Por estos hechos, Funprocom se habrían apropiado de al menos 52 millones de pesos de los $70 millones que pagó la Gobernación.

“Conforme lo extractado de los testimonios de quienes presuntamente dictaron las charlas –quienes además afirmaron que se presentaron falsedades en sus firmas y lo consignado en las hojas de vida– a estos se les realizó un pago total no superior a $17’100.000; habiéndose reconocido y pagado por la Gobernación de Santander por su ejecución un total de $70 millones conforme a cuentas de cobro presentadas”, señala el documento.

Ante la gravedad de los hechos, la Contraloría de Santander compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a Irma Stella Martínez (representante legal de Funprocom) y Daniel Alberto Masmela Castillo (quien al parecer coordinó los talleres) por entre otros, los delitos de falsedad en documentos y peculado por apropiación.

“(Se) evidencia una acción deliberada y preparada cuidadosamente para apropiarse de dineros públicos, por lo cual tuvieron que incurrir en falsedad desde la hojas de vida, sus firmas, las fotos en donde supuestamente aparecen, las planillas de capacitadores, las órdenes de pago y hasta el pago a la seguridad social, que en efecto se hace pero solo para cumplir con un requisito indispensable para el pago ante la Gobernación”, agrega el informe.

Pese a que el contrato fue celebrado por el entonces secretario del Interior, Carlos Ibáñez –quien ahora es candidato a la Alcaldía de Bucaramanga– y ejecutado cuando Yaneth Mojica –precandidata a la Alcaldía de Barrancabermeja– asumió el cargo, el ente de control no los vinculó a la investigación.

En diálogo con Vanguardia Liberal, el contralor Argemiro Castro aseguró que este no es el único contrato con fundaciones que está siendo revisando por la entidad, de cara a determinar presuntas irregularidades y falencias en la ejecución de recursos públicos.

“Si corroboramos las mismas falencias, adelantaremos una auditoría especial que solo se circunscribirá a los contratos suscritos con fundaciones, asociaciones y corporaciones”, señaló el funcionario.