La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa disciplinaria para investigar presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato de videovigilancia en Barrancabermeja, cuyo valor asciende a cerca de COP 6.500 millones.
Lea: Pareja murió en accidente de tránsito en Bucaramanga tras choque múltiple con camión
El proceso busca establecer posibles responsabilidades de funcionarios de la administración distrital en la contratación, adquisición, instalación y funcionamiento del sistema de cámaras de seguridad (CCTV), considerado clave para la vigilancia urbana en esta ciudad del Magdalena Medio.
Según el Boletín 378 del Ministerio Público, la actuación busca esclarecer posibles fallas en el contrato y verificar la correcta ejecución de los recursos públicos vinculados al sistema de videovigilancia.
Sistema con fallas y baja operatividad
De acuerdo con el ente de control, de aproximadamente 125 cámaras instaladas en distintos puntos del distrito, “solo cerca de 25 estarían en funcionamiento, mientras que un número significativo se encuentra fuera de servicio, afectando la cobertura y la seguridad ciudadana”.
La Procuraduría advirtió que estas deficiencias podrían estar relacionadas con problemas en la ejecución del contrato, incluyendo “problemas técnicos, ausencia de almacenamiento de video funcional y falta de software especializado para su administración”.
Le puede interesar: Asesinaron a dos jóvenes en ataque armado en Piedecuesta: identificaron a las víctimas
La Policía indicó que no cuenta con elementos técnicos que permitan certificar el funcionamiento del centro de monitoreo asociado a este sistema, lo que implica que no es posible validar plenamente su operación ni su efectividad en la ciudad.
El Ministerio Público ordenó la “práctica de pruebas documentales y testimoniales para esclarecer los hechos y determinar si existieron fallas en la planeación o ejecución del contrato”.
Lea también: La normalidad que perturba a los padres de víctimas del bus del Liceo Antioqueño en Bello
El ente de control enfatizó que “la actuación se encuentra en etapa preliminar y no implica atribución de responsabilidad disciplinaria”, por lo que de los resultados dependerá si se abre una investigación.