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La IPS Elogios, ubicada en Piedecuesta, Santander, está siendo investigada por presuntas torturas y maltratos a pacientes con discapacidad cognitiva. Familiares de los afectados han denunciado que en esta institución se practicaban castigos físicos, inmovilizaciones prolongadas y uso de agua a presión como método de “terapia”.
Las denuncias incluyen videos y fotografías que muestran a pacientes siendo sometidos a tratos crueles y degradantes. Extrabajadores de la IPS también han confirmado que recibían instrucciones para aplicar estos castigos, y que los pacientes frecuentemente presentaban hematomas y heridas sin explicación clara.
Las denuncias fueron realizadas por el programa Séptimo Día en donde se evidenció el caso del paciente Javier Mauricio Franco, de 32 años, quien era inmovilizado desde las tres de la tarde hasta las ocho de la mañana del día siguiente.
“Me dio mucha tristeza. Nunca me imaginé que fuera ser así maltratado y todo el tiempo, porque fue todo el tiempo que lo estuvieron maltratando a él”, relató su madre Mónica en el programa de Caracol Televisión. “Una persona empezó a escribirme, a decirme ‘señora, usted tiene que sacar a su hijo de Elogios porque él no está siendo maltratado, sino torturado. Usted no tiene idea de todas las cosas que están haciendo con él’.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal y, en coordinación con la Policía Metropolitana de Bucaramanga, emitió siete órdenes de captura, incluyendo a la representante legal y directora de la IPS, Amparo Durán, y a varios empleados. Sin embargo, un juez declaró ilegales estas capturas por irregularidades en los procedimientos, dejando a los implicados en libertad mientras continúa el proceso judicial.
Organizaciones de derechos humanos han solicitado la intervención del Ministerio de Salud y Protección Social para garantizar la protección de los derechos de las personas con discapacidad en esta institución.
La IPS Elogios no ha emitido respuesta oficial sobre las acusaciones, y las autoridades mantienen el seguimiento para evitar futuras violaciones a los derechos fundamentales de los pacientes.