7 Mar 2020 - 2:00 a. m.

Justicia colombiana, en deuda con las víctimas de feminicidio

En 2019 hubo más de 500 casos en el país, según el Observatorio de Feminicidios Colombia. Y cada dos minutos y medio una mujer es víctima en América Latina, dice la ONU. Arbey Pedroza, fiscal delegado especializado en este delito, admite que algunos operadores judiciales desconocen el tema.

María Paula Ardila y Martín Elías Pacheco

Carolina Marín* lleva cinco años esperando a que la justicia envíe a la cárcel al hombre que la violó. Desde que denunció el caso, en 2015, no ha sido posible realizar la audiencia de imputación de cargos por acceso carnal violento: “Después de una violación y habiéndose denunciado el mismo día, llevo esperando todos estos años una respuesta. Esto no tiene sentido”. En el caso de Gina Pineda la sensación es que tampoco se hizo justicia. En el asesinato de su hermana Mónica participaron varios hombres, pero solo uno fue procesado y la condena impuesta fue de 17 años y seis meses de prisión, un castigo que ella considera inferior respecto al crimen que se cometió.

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Como el caso de Mónica ocurrió en 2014 no fue cobijado por la Ley 1761 de 2015 -o Ley Rosa Elvira Cely- que reconoció el feminicidio como un delito autónomo con penas de hasta 50 años. “¿Por qué se dio tal empeño para concretar la impunidad, ocultar la violencia sexual contra Mónica y culminar el caso con un preacuerdo y una pena irrisoria sin que se esclarecieran los hechos?”, se pregunta Gina hoy, casi cinco años después.

Los dos casos reflejan, en buena medida, cómo el abordaje de los fenómenos de violencia contra las mujeres en el país sigue dejando sinsabores en las víctimas, sobrevivientes y familiares. La preocupación está documentada por organizaciones como la Fundación Feminicidios Colombia, de Bogotá, según la cual en 2019 se presentaron más de 260 casos de feminicidios. para el mismo periodo, el Observatorio de Feminicidios Colombia, de Medellín, reveló que el año pasado hubo más de 500 hechos de este tipo. Medicina Legal, sin embargo, dice que ese año hubo 106 feminicidios.

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Aunque hay una disparidad entre las cifras, el fenómeno no es menos preocupante. Hay quienes consideran que la variación en los datos corresponde a que hay subregistros y a que, además, algunos casos no han sido tipificados debidamente por las premuras y los malos manejos en los procesos de investigación. “Hay muchos funcionarios que no conocen el tema de feminicidio y no lo saben contextualizar. La mayoría de denuncias sobre el tema se archivan o son clasificadas como lesiones personales porque los funcionarios quieren agilizar los procesos. Hay que tener en cuenta que el hecho de llamar un feminicidio, como homicidio, se da porque la rebaja en la pena es más alta; puede llegar a ser hasta del 50 %, cosa que en el feminicidio no se puede dar”, explicó Arbey Pedroza, fiscal delegado especializado en feminicidio.

En Colombia hay normativas de protección a la mujer e incluso el país ha ratificado dos convenios internacionales que exigen al Gobierno garantizar la integridad de las mujeres sancionando la violencia contra ellas, pero las cifras demuestran que hay vacíos como la falta de presupuesto para poner en marcha las medidas necesarias. “En el papel está bien, pero en la práctica no estamos viendo las asignaciones presupuestales adecuadas. De nada nos sirve tener políticas públicas si no tienen asignaciones presupuestales específicas y que sean transversales”, explica Gloria Roncancio, directora de la Fundación Feminicidios Colombia.

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Desde la experiencia que vivió con su hermana, Gina Pineda entendió que ese caso tenía que convertirse en una acción de memoria para exigir verdad y justicia para todas las víctimas. Se dedicó a trabajar por eso desde el Observatorio de Feminicidios de Santander, que creó hace tres años y a través del cual rastrea y analiza, en clave de género, las muertes violentas de mujeres con características compatibles con feminicidio en ese departamento. Este fue el testimonio de Pineda para El Espectador:

¿Cuál es el tipo de feminicidio del que fue víctima su hermana?

Mi hermana Mónica Andrea Rocha Garzón, abogada y periodista, fue víctima de feminicidio sexual perpetrado mediante tortura por paliza y objeto cortopunzante, desfeminización a partir de la desfiguración de su rostro y la exhibición de su cuerpo semidesnudo y severamente castigado arrojado a una vía pública. Todo esto demuestra razones de género en el asesinato con un profundo desprecio por su dignidad, autonomía, decisiones y vida solo por el hecho de ser mujer, tratada por los agresores como un objeto del que podían disponer, maltratar y desechar.

¿Cómo fue la atención a nivel jurídico y psicológico tras el feminicidio de Mónica Andrea?

Durante el proceso penal, en 2015, no contamos con representación jurídica especializada, aunado a un fuerte desconocimiento sobre feminicidio por parte de la fiscal de juicio, que caprichosamente obvió las razones de género en el asesinato de mi hermana. Además, invisibilizó la violencia sexual que le fue infligida. Respecto a la atención en salud mental, principalmente para las hijas de Mónica, no fue activada ruta alguna. En Santander, no existe atención integral a nivel jurídico, salud o apoyo socioeconómico dirigido a familiares de víctimas de feminicidio o presunto feminicidio.

¿Cree que hay problemas en la tipificación de delitos en casos de violencia contra la mujer?

Son múltiples los factores que pueden incidir en el ocultamiento de los feminicidios y su tipificación errada como homicidios, entre ellos: las falencias en la formación con perspectiva de género, lo cual impide que se desarrolle la debida diligencia en la investigación y la materialización de la Ley 1761 de 2015. Además, tipifican arbitrariamente el delito como homicidio, puesto que les permite realizar preacuerdos con la defensa del agresor y culminar rápidamente el caso a expensas de los derechos de las víctimas.

Usted dice que en la Fiscalía hay revictimización institucional, por lo general culpando a la víctima. ¿Por qué cree que pasa esto?

Una de las causas está ligada a la ausencia de enfoque de género que propicia la normalización de las violencias contra las mujeres y evita su sanción. Mantienen estereotipos y prejuicios, según los cuales la víctima no se comportó de acuerdo con los mandatos que la sociedad impone. Asumen que la víctima es responsable de su propio asesinato y justifican al agresor, favoreciendo un clima de impunidad. Aquellas expresiones sexistas que pululan en la sociedad, como “ella se lo buscó”, “le gustaba que la maltrataran y no denunció”, “salió de noche y sola”, lamentablemente persisten en los administradores y auxiliares de la justicia.

¿Hay políticas públicas para la protección de las mujeres en Santander?

No. Es necesario el fortalecimiento de las políticas públicas de prevención y protección. Por ejemplo, varias víctimas de feminicidio en Santander denunciaron a sus agresores; sin embargo, el riesgo en que se encontraban no fue considerado seriamente, no se sancionaron las violencias, ni se brindaron medidas de protección efectivas, negligencias que favorecieron que las mujeres fueran asesinadas. Hay casos de familiares de víctimas de feminicidio que no contaron con asesoría jurídica durante la etapa de indagación, no fueron citadas a la audiencia de imputación ni estuvo presente un representante de víctimas sin tener la oportunidad de oponerse a una tipificación errada; o la representación de víctimas en las etapas procesales no era especializada.

 

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