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Las comunidades indígenas reabrieron el Parque Nacional Natural Tayrona pese al cierre ordenado por Parques Nacionales Naturales de Colombia, profundizando una crisis que mantiene en vilo al turismo del Magdalena.
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La decisión, asumida bajo control comunitario, se dio luego de que la autoridad ambiental suspendiera actividades por falta de garantías de seguridad para funcionarios y visitantes, en medio de tensiones crecientes por el manejo del territorio.
Desde entonces, el parque permanece en una situación irregular: cerrado de manera oficial, pero con ingreso permitido en algunos sectores, lo que ha generado confusión entre turistas, operadores y empresarios.
Un cierre marcado por la tensión
La orden de cierre se produjo tras varios episodios de intimidaciones, bloqueos y restricciones al trabajo de los funcionarios ambientales. Según fuentes consultadas, en los días previos se registraron presiones directas, ingreso no autorizado de visitantes y disputas por el control de accesos.
Estas situaciones llevaron a que Parques Nacionales retirara a su personal y decretara la suspensión indefinida de actividades, argumentando que no existían condiciones mínimas para garantizar la seguridad. “La operación se volvió insostenible en esas circunstancias”, reconoció una fuente cercana al proceso.
La reapertura como forma de protesta
Lejos de acatar la medida, las comunidades decidieron asumir directamente el manejo del ingreso como mecanismo de presión.
Atanasio Moscote, gobernador del Cabildo Kogui del Magdalena, explicó que la protesta responde a una acumulación de inconformidades. “No nos reconocen como autoridad en el territorio. Han tomado decisiones sin consultarnos y eso afecta nuestro trabajo y nuestra vida”, afirmó.
Según el líder indígena, la demolición de infraestructuras comunitarias destinadas a actividades turísticas profundizó el malestar y motivó la movilización. “Estamos pidiendo respeto y presencia del Gobierno para revisar los acuerdos. No nos vamos a retirar hasta que haya soluciones”, advirtió.
Impacto directo en Santa Marta
La crisis del Tayrona se refleja de inmediato en Santa Marta, donde el turismo es uno de los principales motores económicos. Hoteles, agencias, transportadores y guías aseguran que, desde el cierre, se han incrementado las cancelaciones y la incertidumbre entre los visitantes.
Muchos turistas llegan sin saber si podrán ingresar al parque, mientras otros optan por cambiar de destino ante la falta de información clara. “Uno no sabe qué decirle al cliente: si puede entrar o si mañana vuelve a cerrar”, comentó un operador turístico.
Un contexto de dificultades viales
A este panorama se suma la crisis de movilidad provocada por el colapso del puente de Mendihuaca, que continúa afectando el acceso al norte del departamento.
Aunque se adelanta una solución provisional, los retrasos y desvíos han encarecido los desplazamientos y reducido el flujo de visitantes hacia la zona.
Transportadores y empresarios coinciden en que el turismo ya venía debilitado antes del conflicto del Tayrona. “Venimos acumulando problemas desde hace meses”, señaló un conductor de servicio especial.
Una cadena económica en riesgo
El funcionamiento del parque sostiene una amplia red de empleos directos e indirectos: hospedaje, alimentación, transporte, guianza, comercio informal y servicios complementarios. Con el cierre y la reapertura irregular, esa cadena opera hoy sin reglas claras y con ingresos inestables.
Empresarios advierten que la incertidumbre prolongada afecta la confianza del mercado y dificulta la planeación. “No es solo cerrar o abrir, es que nadie sabe qué va a pasar mañana”, explicó un hotelero.
El llamado del gremio
Desde el sector hotelero, Cotelco Magdalena pidió priorizar el diálogo y evitar una confrontación que profundice la crisis. “El Tayrona es el sustento de miles de familias. Sin concertación, todos pierden”, señaló el gremio en un comunicado.
Su presidente, Omar García, afirmó que los más afectados son los trabajadores informales y pequeños emprendimientos. “Guías, vendedores y transportadores son los primeros en sentir el golpe”.
Alertas sobre seguridad en el territorio
Además del conflicto social, el área enfrenta riesgos asociados a disputas territoriales y presencia de economías ilegales. La Defensoría del Pueblo ha emitido alertas sobre amenazas a servidores públicos y líderes comunitarios en la zona de influencia del parque.
Fuentes oficiales confirmaron que existen investigaciones en curso sobre presiones e intereses irregulares relacionados con actividades turísticas. Este contexto dificulta el restablecimiento pleno de la autoridad y aumenta la complejidad del conflicto.
Entre la conservación y la gobernanza
Hoy, el Tayrona permanece en una zona gris: cerrado desde lo institucional, pero con operación parcial bajo control comunitario.
Parques Nacionales insiste en que no habrá reapertura oficial mientras no existan garantías reales de seguridad y gobernanza. Las comunidades, por su parte, condicionan cualquier retiro a acuerdos verificables y al reconocimiento de su papel en el territorio.
Mientras tanto, empresarios, trabajadores y habitantes esperan una salida que evite un daño mayor.
La crisis del Tayrona ya no es solo ambiental. Es una disputa por autoridad, territorio y sustento en uno de los espacios naturales más emblemáticos del país. Y mientras no haya una solución concertada, la herida seguirá abierta en el corazón del turismo del Magdalena.