¿Qué ha hecho la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) por salvar al río Bogotá? Esa es la pregunta que se hacen la Procuraduría y la mayoría de los habitantes que viven a lo largo de los 370 kilómetros del río. Cuestionada, investigada por los órganos de control y vista por muchos como una enemiga de lo público y lo ambiental o como un fortín político, la CAR defiende en los estrados del Consejo de Estado sus funciones como autoridad ambiental y rechaza algunas obligaciones impuestas por una sentencia de primera instancia (2004) del Tribunal de Cundinamarca en el sonado y mediático caso de la contaminación del Bogotá.
Se agota el tiempo. Tanto para la cuenca hídrica como para que los condenados por la sentencia esgriman sus argumentos ante el alto tribunal por lo que ellos consideran que no deben ni tienen que hacer por un río del que se benefician cerca de 40.000 personas, pero desconocen a la hora de dar la cara por la contaminación que causan.
Alfred Ballesteros, director de la CAR, avanza en dicha argumentación y dice que prefiere ir a la cárcel, si es necesario, antes que verse obligado a cofinanciar el negocio de los privados: constructores, mineros legales e ilegales, industrias, empresas de servicios domiciliarios, curtiembres...
En entrevista con El Espectador, Ballesteros manifestó que tanto él como la autoridad ambiental que representa tienen total disposición para acatar las determinaciones que el alto tribunal adopte frente al conjunto de responsabilidades que tendría la corporación en la recuperación del río; sin embargo, le pide al Consejo de Estado que imponga obligaciones que estén en el marco de sus competencias. Asegura que con su llegada a la dirección de la CAR se da a conocer una nueva era que desde ya se empieza a notar. Su principal objetivo es devolverle la credibilidad a la vilipendiada corporación.
¿Cuál es la situación del río hoy?
El río viene enfermo desde hace más de 10 años, y la calidad de su agua ha empeorado en esta última década. Esta situación se debe a que nadie le pone el hombro al río. Excepto la autoridad ambiental (CAR Cundinamarca), ninguna entidad e institución tienen planes a corto plazo para mitigar la contaminación. Además, el Gobierno no ha querido reconocer que este es un tema de orden nacional. Los recursos que pone la Nación son insignificantes ($190.000 millones), teniendo en cuenta que los proyectos a largo plazo están alrededor de los $6 billones.
Si uno se pone a mirar experiencias internacionales, como la recuperación del río Sena (Francia), observa que fue un plan de descontaminación nacional, donde confluyeron recursos de la Nación y de empresas públicas francesas. Pero en el caso del río Bogotá, la Nación le ha dado la espalda históricamente.
Pero la percepción que tienen la ciudadanía y las organizaciones sociales es que la CAR no hace absolutamente nada por el río...
Esta es una nueva CAR. Yo reconozco que históricamente la autoridad ambiental ha tenido fallas, pero eso está cambiando. Estamos haciendo un proceso educativo ambiental y de prácticas más limpias de producción con las curtiembres en zonas como Villapinzón y Chocontá, porque no todo puede ser garrote, aunque de eso también estamos dando: cerrando vertimientos ilegales al río. Hemos cerrado minas ilegales y hemos suspendido explotaciones mineras; es el caso de Holcim, que no tenía un instrumento de manejo ambiental adecuado. La labor de la CAR se empieza a notar. Y mi objetivo es devolverle la credibilidad a la corporación.
Esa percepción tiene unos fundamentos válidos, pero también la gente desconoce en qué debe aportar la autoridad ambiental para descontaminar el río: ¿debe ser la CAR la que financie la descontaminación del río? ¿La CAR debe pagar y reparar por los daños causados por la operación de industrias privadas o debe sancionar al infractor?
¿Entonces qué ha hecho la CAR por el río Bogotá?
Nosotros tramitamos un préstamo ante el Banco Mundial por US$250 millones para la puesta en marcha del Proyecto de Adecuación Hidráulica y Recuperación de 68 kilómetros del río Bogotá en su cuenca media occidental, en el sector comprendido entre las compuertas de Alicachín (Soacha) y Puente La Virgen (Cota), y para las obras de ampliación y optimización de la planta de tratamiento de El Salitre, para aumentar su eficiencia de 4 a 8 metros cúbicos por segundo. Esa plata no se ha tocado, está ahí porque está sujeta a una decisión que tomó el Tribunal (de Cundinamarca) y está apelada.
Pero con plata de la CAR, que no es que tengamos mucha para todos los pendientes y responsabilidades, hemos invertido más de $10.000 millones para que los municipios optimicen o construyan plantas de tratamiento de aguas negras.
Con la Universidad Nacional estamos trabajando en la estructuración de un proyecto de emprendimiento en el que se busquen alternativas sostenibles y rentables para que las curtiembres aprovechen los desechos de su operación y así no tengan que botarlos al río.
¿Qué niveles de contaminación tiene el río Bogotá?
Tenemos más de 16 estaciones de monitoreo a lo largo de toda la cuenca, y el monitoreo se hace en tiempo real. La calidad del agua se mide por la cantidad de oxígeno disuelto en ella, porque el oxígeno es la vida de la fuente hídrica. En la cuenca alta, la cantidad de oxígeno es de 5 miligramos por litro, lo cual no es lo ideal, pero teniendo en cuenta que allá es donde están las curtiembres, está en niveles aceptables.
La situación más grave del río está en la cuenca media, sobre todo por los desarrollos urbanísticos no planificados e ilegales, el crecimiento suburbano en Bogotá y las industrias. En esta parte de la cuenca, la cantidad de oxígeno disuelto es inferior al miligramo por litro en algunas épocas, y lo más alto que nuestra red ha identificado han sido dos miligramos por litro.
En la cuenca baja, la situación es la misma que en la media, con el agravante de que en el Salto del Tequendama hay un punto de oxigenación y el río tiene mayor capacidad de turbulencia.
¿Qué posición tiene la CAR frente a lo ordenado por la sentencia del Tribunal de Cundinamarca en lo relacionado con el río Bogotá?
Esa sentencia fue histórica porque no existían hasta entonces un precedente y un plan que sirviera como hoja de ruta para la salvación del río, más allá de si la decisión y la fórmula técnica y las obras ordenaban la solución integral a la descontaminación. El problema fue que se impusieron tareas y proyectos a plazos inalcanzables, que produjo un Conpes que es hoy un saludo a la bandera. Muchas de las obligaciones impuestas a cada una de las instituciones, el departamento, el Acueducto de Bogotá, entre otras, no están dentro de sus funciones y su normatividad, por eso todas estas instituciones apelaron la decisión ante el Consejo de Estado.
¿Cuáles serán los alegatos de la CAR en esta última fase de la segunda instancia ante el Consejo de Estado?
Compartimos que tenemos responsabilidad ambiental y estamos en un proceso de fortalecimiento para acelerar las decisiones represadas en procesos sancionatorios a industrias y empresas. Pero no estamos de acuerdo con que tengamos que reubicar a las personas que en la actualidad están habitando las rondas del río. La CAR no puede hacer eso, no está dentro de nuestras competencias, no tiene los recursos; ese es un asunto del Ministerio de Vivienda.
Tampoco podemos darles recursos a las curtiembres de Villapinzón para que construyan plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) e implementen tecnologías más limpias. Es que una PTAR para una empresa pequeña supera los $500 millones. Además, ¿por qué la CAR o cualquier otra entidad pública o ministerio tiene que sostener a los privados? Yo preferiría ir a la cárcel antes que cofinanciarle el negocio a las industrias privadas.
Y es que, si eso sucede, toda empresa que llegue querrá pretender que la CAR le subsidie su producción para que de esa manera sea limpia y sostenible, o de lo contrario no lo hace. Lo que yo puedo hacer como autoridad ambiental es, por ejemplo, el proyecto que mencioné y que estamos trabajando con la Universidad Nacional.
Tampoco estamos de acuerdo con que la CAR tenga que financiar y realizar la restauración morfológica, por ejemplo, de la autoridad minera. Hacer eso en una cantera vale millones y millones de pesos.
En un acuerdo firmado por Emgesa y el Acueducto, la empresa se compromete a entregar $84.000 millones para la construcción de una estación elevadora siempre y cuando la CAR le asegure la prórroga de la concesión de agua y el aumento del caudal. ¿En qué va ese proceso? ¿Se siente comprometida la CAR con este convenio?
No me siento comprometido, porque a la concesión le faltan siete años para terminar y yo sólo puedo tomar esa decisión faltando un año para que finalice.