La carta con la que colegios e iglesias se oponen a la Corte por temas LGBTI

De violatorias a la autonomía universitaria, ilegales y arbitrarias, así califican 500 organizaciones las históricas sentencias de la Corte Constitucional que recientemente cerraron la brecha y la distinción que había entre las personas y parejas heterosexuales y la comunidad LGBTI en Colombia. Aunque para el alto tribunal en el país hay un déficit de protección para esta población y es necesario acabar con la discriminación en todas las esferas, para la Mesa Nacional de Educación y Autonomía (Menacer) sus decisiones judiciales van en contra de la Constitución y el pueblo.

A través de una carta enviada al Ministerio del Interior, al Congreso y la Cancillería, 70.000 representantes de colegios, iglesias y asociaciones de padres de familia hicieron un “Manifiesto de Constitucionalidad”, en el que exigen el cumplimiento y la aplicación de los derechos consagrados en la Constitución, que según ellos el alto tribunal, los ministerios y entidades estatales han amenazado. 

Aluden a la libertad de conciencia, la libertad religiosa, el derecho a la familia, el derecho de los padres a escoger la educación, el derecho a la autonomía educativa y el derecho a la dignidad, para decir que, por ejemplo, el Ministerio de Educación no puede educar en identidad de género, como lo ordenó la Corte en el caso de Sergio Urrego, estudiante gay que se suicidó hace dos años al ser discriminado en su colegio. (Lea aquí: Las promesas pendientes en el caso de Sergio Urrego, tras dos años de su muerte)

“Solicitamos de acuerdo a sus competencias, facultades y obligaciones constitucionales adoptar las medidas pertinentes para que sean garantizados nuestros derechos y que se respete la Educación conforme a la convicción de los padres y la no imposición de una ideología particular como la ideología de género en nuestras instituciones educativas en contravía de estos mandatos y otros de carácter internacional, como también la discriminación por parte del estado a los que profesamos una fe”.

El Ministerio de Educación tiene hasta el 15 de septiembre para cumplir con la principal orden de la Corte en el caso Urrego: revisar todos los manuales de convivencia de los colegios del país para que garanticen el respeto por la orientación sexual. La tarea no está fácil porque el tiempo corre y faltan por examinar 19.063 manuales, es decir, el 79% del total.

En este proceso de revisión la resistencia de las instituciones educativas por acoger lo que dice la Corte ha sido latente, y se ha acentuado con la reciente declaración de Ángela Hernández, diputada de Santander, quien dijo que el ministerio estaba haciendo una “colonización homosexual”. Por eso, el principal reto, según Colombia Diversa, es verificar que los colegios sí modifiquen sus manuales de convivencia para respetar la identidad de género y la orientación sexual y que sus prácticas sean acorde con eso, ya que no basta con que el Mineducación haga una recomendación. 

La Menacer pide finalmente que “se garantice la autonomía educativa y derechos humanos de la comunidad educativa confesional, rechazando toda injerencia arbitraria --del Ministerio de Educación, de las Secretarias de Educación, de la Corte Constitucional, de organizaciones con intereses, de ONG's, de fundaciones, de Organizaciones Internacionales, de Cooperación Internacional o de Estados— en la elaboración de los manuales de convivencia, estatutos institucionales u otros documentos propios de la autonomía escolar”.

“Rechazarnos el Estado de Facto que está suplantando el Estado Social de Derecho a través de las decisiones de algunos servidores públicos y que va en contra de nuestras leyes y constitución colombianas”, aseguran los firmantes. También dicen que las sentencias de tutela (como la que se presentó en el caso Urrego) solo son obligatorias para las partes, y no lo pueden ser para todo el mundo.

Las organizaciones, de las que varias son de corte cristiano, apoyan la posición del magistrado Jorge Pretelt. Dicen que los togados de la Corte, a quienes llamó “supralegisladores”, han suplantado al Congreso al decidir sobre temas como el aborto, la eutanasia, la dosis personal, el alquiler de vientres, la adopción y el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Todo esto “a sabiendas que no serán aceptados en el Congreso de la República porque son rechazados por la mayoría de los colombianos”.

Reafirman que decisiones relacionadas con la comunidad LGBTI  desconocen los valores de la sociedad colombiana y que el matrimonio solo puede ser entre un hombre y una mujer.

La misiva, conocida por El Espectador, termina por decir “que la paz es la reconciliación de los hombres con Dios como resultado de la verdadera "justicia" y que —por ende— sólo es posible alcanzarla a través de la garantía efectiva de los derechos fundamentales”.

De violatorias a la autonomía universitaria, ilegales y arbitrarias, así califican 500 organizaciones las históricas sentencias de la Corte Constitucional que recientemente cerraron la brecha y la distinción que había entre las personas y parejas heterosexuales y la comunidad LGBTI en Colombia. Aunque para el alto tribunal en el país hay un déficit de protección para esta población y es necesario acabar con la discriminación en todas las esferas, para la Mesa Nacional de Educación y Autonomía (Menacer) sus decisiones judiciales van en contra de la Constitución y el pueblo.

A través de una carta enviada al Ministerio del Interior, al Congreso y la Cancillería, 70.000 representantes de colegios, iglesias y asociaciones de padres de familia hicieron un “Manifiesto de Constitucionalidad”, en el que exigen el cumplimiento y la aplicación de los derechos consagrados en la Constitución, que según ellos el alto tribunal, los ministerios y entidades estatales han amenazado. 

Aluden a la libertad de conciencia, la libertad religiosa, el derecho a la familia, el derecho de los padres a escoger la educación, el derecho a la autonomía educativa y el derecho a la dignidad, para decir que, por ejemplo, el Ministerio de Educación no puede educar en identidad de género, como lo ordenó la Corte en el caso de Sergio Urrego, estudiante gay que se suicidó hace dos años al ser discriminado en su colegio. (Lea aquí: Las promesas pendientes en el caso de Sergio Urrego, tras dos años de su muerte)

“Solicitamos de acuerdo a sus competencias, facultades y obligaciones constitucionales adoptar las medidas pertinentes para que sean garantizados nuestros derechos y que se respete la Educación conforme a la convicción de los padres y la no imposición de una ideología particular como la ideología de género en nuestras instituciones educativas en contravía de estos mandatos y otros de carácter internacional, como también la discriminación por parte del estado a los que profesamos una fe”.

El Ministerio de Educación tiene hasta el 15 de septiembre para cumplir con la principal orden de la Corte en el caso Urrego: revisar todos los manuales de convivencia de los colegios del país para que garanticen el respeto por la orientación sexual. La tarea no está fácil porque el tiempo corre y faltan por examinar 19.063 manuales, es decir, el 79% del total.

En este proceso de revisión la resistencia de las instituciones educativas por acoger lo que dice la Corte ha sido latente, y se ha acentuado con la reciente declaración de Ángela Hernández, diputada de Santander, quien dijo que el ministerio estaba haciendo una “colonización homosexual”. Por eso, el principal reto, según Colombia Diversa, es verificar que los colegios sí modifiquen sus manuales de convivencia para respetar la identidad de género y la orientación sexual y que sus prácticas sean acorde con eso, ya que no basta con que el Mineducación haga una recomendación. 

La Menacer pide finalmente que “se garantice la autonomía educativa y derechos humanos de la comunidad educativa confesional, rechazando toda injerencia arbitraria --del Ministerio de Educación, de las Secretarias de Educación, de la Corte Constitucional, de organizaciones con intereses, de ONG's, de fundaciones, de Organizaciones Internacionales, de Cooperación Internacional o de Estados— en la elaboración de los manuales de convivencia, estatutos institucionales u otros documentos propios de la autonomía escolar”.

“Rechazarnos el Estado de Facto que está suplantando el Estado Social de Derecho a través de las decisiones de algunos servidores públicos y que va en contra de nuestras leyes y constitución colombianas”, aseguran los firmantes. También dicen que las sentencias de tutela (como la que se presentó en el caso Urrego) solo son obligatorias para las partes, y no lo pueden ser para todo el mundo.

Las organizaciones, de las que varias son de corte cristiano, apoyan la posición del magistrado Jorge Pretelt. Dicen que los togados de la Corte, a quienes llamó “supralegisladores”, han suplantado al Congreso al decidir sobre temas como el aborto, la eutanasia, la dosis personal, el alquiler de vientres, la adopción y el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Todo esto “a sabiendas que no serán aceptados en el Congreso de la República porque son rechazados por la mayoría de los colombianos”.

Reafirman que decisiones relacionadas con la comunidad LGBTI  desconocen los valores de la sociedad colombiana y que el matrimonio solo puede ser entre un hombre y una mujer.

La misiva, conocida por El Espectador, termina por decir “que la paz es la reconciliación de los hombres con Dios como resultado de la verdadera "justicia" y que —por ende— sólo es posible alcanzarla a través de la garantía efectiva de los derechos fundamentales”.