La lupa de la Contraloría General de la Nación a los recursos destinados al Plan de Alimentación Escolar (PAE) durante la emergencia ocasionada por el COVID-19, permitió identificar 30 alertas por sobrecostos de $34.856 millones, que da lugar a la apertura de cuatro indagaciones preliminares por $6.074 millones.
Los hallazgos de la Contraloría proceden de la revisión y análisis realizados a 106 contratos a nivel nacional, por más de $570 mil millones, que tienen por objeto el suministro de alimentos para niños, niñas y adolescentes inscritos en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), pertenecientes a los colegios públicos del país.
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Las cuatro indagaciones preliminares por presuntos sobrecostos que ascienden a $6.074 millones, involucran la contratación de los municipios de Chía, Cundinamarca ($3.771 millones); Medellín, Antioquia ($2.224 millones); Zipaquirá, Cundinamarca ($43 millones); y Arboletes, Antioquia ($34 millones).
Respecto a las 30 alertas por posibles sobrecostos, halladas en contratos PAE que aún no se han cancelado en su totalidad, corresponden a $34.856 millones, sobre los cuales se realizarán acciones de control fiscal, según la Contraloría.
De las 30 alertas, 16 se encuentran en municipios de Antioquia: Medellín, Bello, Rionegro, Turbo, Itagüí, Apartadó, El Bagre, Caucasia, Necoclí, La Ceja del Tambo, Remedios, Sabaneta, Chigorodó, Carepa, Dabeiba y Arboletes.
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Las otras alertas se concentran en Magangue (Bolívar), Facatativá, Fusagasugá, Funza, Girardot y Soacha, en Cundinamarca; Pereira (Risaralda), Buenaventura (Valle del Cauca) y Villavicencio (Meta).
Para la Contraloría, este panorama evidencia el riesgo al que está expuesto el PAE, dado que la eventual pérdida de estos recursos disminuiría el suministro del complemento alimentario a los niños, niñas y adolescentes, afectando el cumplimiento de los objetivos del programa.