La crisis vista desde Norte de Santander

Con la crisis sanitaria mundial que se vive por cuenta de la propagación del coronavirus y sus efectos devastadores en materia social y económica, el retorno de migrantes venezolanos a su país se ha convertido en uno de los retos más urgentes en los departamentos que comparten frontera con el vecino país, que están recibiendo en sus ciudades a cientos de personas en medio de la pandemia. Sobre todo después de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, impusiera nuevos protocolos para el ingreso de migrantes y lo restringiera a tres días de la semana en grupos de máximo 300 personas.

Los cálculos de la Gobernación de Norte de Santander, por ejemplo, señalan que desde mediados de marzo hasta el 14 de junio por lo menos 57.012 migrantes habían cruzado desde Colombia hacia Venezuela por el Puente Internacional Simón Bolívar. De ese total, 1.979 llegaron en buses y 37.363 lo hicieron caminando desde diferentes lugares del territorio. El gobernador Silvano Serrano Guerrero habla sobre la situación del departamento en cuanto a la atención del COVID-19.

También le puede interesar: Colombia instala campamento transitorio para venezolanos varados en Cúcuta

¿Cuál ha sido el plan de contingencia luego de que se restringiera el paso de migrantes hacia Venezuela?

Se venía trabajando de manera coordinada con Migración Colombia, Policía de Carretera y la Superintendencia de Transporte. La decisión del gobierno venezolano de restringir a tres días el paso generó un “embudo migratorio”. Por eso tomamos la decisión de brindar ayuda humanitaria creando un espacio transitorio, pues la gente comenzó a aglutinarse en la vía que conduce al Puente Internacional.

¿Cómo funciona ese espacio?

Queríamos establecer un sitio para hacer un control sanitario a todas las personas que están llegando por el COVID-19, en su mayoría de lugares fronterizos del sur del país y del interior, como Bogotá, Santander, Medellín y Pasto. Se abrió el centro de atención de salud, un centro transitorio, allí las personas no duran más de 48 horas, pero se les está brindando un sitio adecuado para pasar la noche, alimentación básica, condiciones de salubridad y un tamizaje de salud. Fue ubicado en el paso fronterizo de Tienditas, allí había una infraestructura que no estaba siendo utilizada; con el apoyo de organismos de cooperación se adecuaron los protocolos que están establecidos en las normas internacionales.

¿Cuál es la capacidad?

En Tienditas arrancamos con 300, hoy se ha logrado ampliar a cerca de 390. Cooperación Internacional abrió un cupo adicional de otras 300 en el Hotel Villa Antigua, pues nos dimos cuenta de que eran muchas personas. En la medida en que logran pasar al otro lado de la frontera, de acuerdo con la programación del lunes, miércoles y viernes, se realiza la rotación. Recibimos a las personas, hacemos tamizaje, se ubican y de ahí de forma coordinada se organiza el paso. Nos preocupa que el hacinamiento se convirtiera en un factor de riesgo.

Villa del Rosario reportaba hace un mes hacinamiento de 7.000 venezolanos ¿Cómo ha sido la atención en ese municipio?

La Parada, el sector más cercano al Puente Internacional, está dedicado al comercio de víveres y es utilizado por los venezolanos que logran pasar por las trochas para abastecerse. Antes del cierre se había asentado un número importante de venezolanos que aún permanecen allí. Presentamos el caso ante el Ministerio de Salud y con la Oficina de Fronteras de la Presidencia diseñaron un plan para lograr, con Cooperación Internacional, que estas personas tengan una opción de arriendo; es sacarlos de ese refugio, ese plan se está ejecutando. También se ha hecho tamizaje en salud y se han entregado más de 10.000 ayudas humanitarias y kits de alimentación, en dos ocasiones.

¿Qué apoyos económicos le están brindando a la población en condición de vulnerabilidad?

Como Gobernación, hemos hecho la entrega de 86.300 kits alimentarios a toda la población del departamento, se ha entregado a adultos mayores, mujeres cabeza de familia, minorías étnicas, población Lgbti, trabajadores informales, trabajadores sexuales, habitantes de calle, personas víctimas del reclutamiento, migrantes, población indígena, afro, motilón-barí, inga, kichwa, rom, yukpa y uwa, entre otros. Con la Iglesia católica y Cooperación Internacional se ha hecho una entrega importante de ayudas, por parte de fronteras se ha logrado llegar a 18.600 familias de migrantes ubicadas en Norte de Santander.

Sacamos un programa para atender a 25.000 estudiantes con un subsidio de matrícula de hasta 200 mil, aquí oscilan entre 400, 600, 800 mil pesos. Si sumamos estos 200 mil, más el apoyo del Ministerio de Educación, estamos subsidiando más o menos el 50% de la matrícula y eso nos va a ayudar a que no haya deserción escolar.

Hace poco salió una alerta de la Contraloría respecto a presuntos sobrecostos en las ayudas humanitarias.

Nosotros hicimos estudio de precios del mercado, de conveniencia y oportunidad. Solicitamos tres cotizaciones, también consultamos los precios del SIPSA, así procedimos a la contratación; recordemos que estas adquisiciones se hacen en el marco de la emergencia sanitaria y se utiliza el sistema de calamidad pública. Entregamos a la Contraloría toda la información insistiendo en que, por ejemplo, esos productos tienen algún tipo de descuento de carácter departamental. Un costo que tiene la envoltura del mercado de kit, la rotulación, los amarres; adicionalmente los impuestos, gastos administrativos. De pronto allí es donde se pueda estar presentando el presunto sobrecosto, pero ya entregamos toda la información y la Contraloría está valorando todos los descargos que ha hecho la Gobernación.

¿Cómo se está garantizando la atención en salud a la población?

Se estableció la posibilidad de adquirir cinco ambulancias medicalizadas ubicadas en Gramalote, Tibú, Abrego, Chinácota y Cúcuta, para transportar pacientes con COVID-19. Se puso en funcionamiento el Laboratorio de Procesamiento de Pruebas de la Universidad de Pamplona y próximamente abrirá el Laboratorio de Salud Pública del Instituto Departamental de Salud. Solo necesitamos los equipos biomédicos y los ventiladores que nos va a entregar el Ministerio para ampliar las camas en Ocaña y Cúcuta. En Norte de Santander tendríamos 240 camas nuevas de cuidados intensivos y 50 en la red privada.

Y la capacidad de UCI...

Tenemos tres pacientes en cuidados intensivos y siete hospitalizados por COVID-19. El 68 % de las camas en Norte de Santander están ocupadas, no por pacientes con coronavirus sino en general. Tenemos una disponibilidad de 43 camas. Tenemos un equipo científico de epidemiólogos, que nos está entregando información dos veces a la semana para ir tomando las decisiones que sean necesarias.

También le puede interesar: Asesinan a Carmen Ángel Angarita, líder social en Convención (Norte de Santander)

Con la crisis sanitaria mundial que se vive por cuenta de la propagación del coronavirus y sus efectos devastadores en materia social y económica, el retorno de migrantes venezolanos a su país se ha convertido en uno de los retos más urgentes en los departamentos que comparten frontera con el vecino país, que están recibiendo en sus ciudades a cientos de personas en medio de la pandemia. Sobre todo después de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, impusiera nuevos protocolos para el ingreso de migrantes y lo restringiera a tres días de la semana en grupos de máximo 300 personas.

Los cálculos de la Gobernación de Norte de Santander, por ejemplo, señalan que desde mediados de marzo hasta el 14 de junio por lo menos 57.012 migrantes habían cruzado desde Colombia hacia Venezuela por el Puente Internacional Simón Bolívar. De ese total, 1.979 llegaron en buses y 37.363 lo hicieron caminando desde diferentes lugares del territorio. El gobernador Silvano Serrano Guerrero habla sobre la situación del departamento en cuanto a la atención del COVID-19.

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¿Cuál ha sido el plan de contingencia luego de que se restringiera el paso de migrantes hacia Venezuela?

Se venía trabajando de manera coordinada con Migración Colombia, Policía de Carretera y la Superintendencia de Transporte. La decisión del gobierno venezolano de restringir a tres días el paso generó un “embudo migratorio”. Por eso tomamos la decisión de brindar ayuda humanitaria creando un espacio transitorio, pues la gente comenzó a aglutinarse en la vía que conduce al Puente Internacional.

¿Cómo funciona ese espacio?

Queríamos establecer un sitio para hacer un control sanitario a todas las personas que están llegando por el COVID-19, en su mayoría de lugares fronterizos del sur del país y del interior, como Bogotá, Santander, Medellín y Pasto. Se abrió el centro de atención de salud, un centro transitorio, allí las personas no duran más de 48 horas, pero se les está brindando un sitio adecuado para pasar la noche, alimentación básica, condiciones de salubridad y un tamizaje de salud. Fue ubicado en el paso fronterizo de Tienditas, allí había una infraestructura que no estaba siendo utilizada; con el apoyo de organismos de cooperación se adecuaron los protocolos que están establecidos en las normas internacionales.

¿Cuál es la capacidad?

En Tienditas arrancamos con 300, hoy se ha logrado ampliar a cerca de 390. Cooperación Internacional abrió un cupo adicional de otras 300 en el Hotel Villa Antigua, pues nos dimos cuenta de que eran muchas personas. En la medida en que logran pasar al otro lado de la frontera, de acuerdo con la programación del lunes, miércoles y viernes, se realiza la rotación. Recibimos a las personas, hacemos tamizaje, se ubican y de ahí de forma coordinada se organiza el paso. Nos preocupa que el hacinamiento se convirtiera en un factor de riesgo.

Villa del Rosario reportaba hace un mes hacinamiento de 7.000 venezolanos ¿Cómo ha sido la atención en ese municipio?

La Parada, el sector más cercano al Puente Internacional, está dedicado al comercio de víveres y es utilizado por los venezolanos que logran pasar por las trochas para abastecerse. Antes del cierre se había asentado un número importante de venezolanos que aún permanecen allí. Presentamos el caso ante el Ministerio de Salud y con la Oficina de Fronteras de la Presidencia diseñaron un plan para lograr, con Cooperación Internacional, que estas personas tengan una opción de arriendo; es sacarlos de ese refugio, ese plan se está ejecutando. También se ha hecho tamizaje en salud y se han entregado más de 10.000 ayudas humanitarias y kits de alimentación, en dos ocasiones.

¿Qué apoyos económicos le están brindando a la población en condición de vulnerabilidad?

Como Gobernación, hemos hecho la entrega de 86.300 kits alimentarios a toda la población del departamento, se ha entregado a adultos mayores, mujeres cabeza de familia, minorías étnicas, población Lgbti, trabajadores informales, trabajadores sexuales, habitantes de calle, personas víctimas del reclutamiento, migrantes, población indígena, afro, motilón-barí, inga, kichwa, rom, yukpa y uwa, entre otros. Con la Iglesia católica y Cooperación Internacional se ha hecho una entrega importante de ayudas, por parte de fronteras se ha logrado llegar a 18.600 familias de migrantes ubicadas en Norte de Santander.

Sacamos un programa para atender a 25.000 estudiantes con un subsidio de matrícula de hasta 200 mil, aquí oscilan entre 400, 600, 800 mil pesos. Si sumamos estos 200 mil, más el apoyo del Ministerio de Educación, estamos subsidiando más o menos el 50% de la matrícula y eso nos va a ayudar a que no haya deserción escolar.

Hace poco salió una alerta de la Contraloría respecto a presuntos sobrecostos en las ayudas humanitarias.

Nosotros hicimos estudio de precios del mercado, de conveniencia y oportunidad. Solicitamos tres cotizaciones, también consultamos los precios del SIPSA, así procedimos a la contratación; recordemos que estas adquisiciones se hacen en el marco de la emergencia sanitaria y se utiliza el sistema de calamidad pública. Entregamos a la Contraloría toda la información insistiendo en que, por ejemplo, esos productos tienen algún tipo de descuento de carácter departamental. Un costo que tiene la envoltura del mercado de kit, la rotulación, los amarres; adicionalmente los impuestos, gastos administrativos. De pronto allí es donde se pueda estar presentando el presunto sobrecosto, pero ya entregamos toda la información y la Contraloría está valorando todos los descargos que ha hecho la Gobernación.

¿Cómo se está garantizando la atención en salud a la población?

Se estableció la posibilidad de adquirir cinco ambulancias medicalizadas ubicadas en Gramalote, Tibú, Abrego, Chinácota y Cúcuta, para transportar pacientes con COVID-19. Se puso en funcionamiento el Laboratorio de Procesamiento de Pruebas de la Universidad de Pamplona y próximamente abrirá el Laboratorio de Salud Pública del Instituto Departamental de Salud. Solo necesitamos los equipos biomédicos y los ventiladores que nos va a entregar el Ministerio para ampliar las camas en Ocaña y Cúcuta. En Norte de Santander tendríamos 240 camas nuevas de cuidados intensivos y 50 en la red privada.

Y la capacidad de UCI...

Tenemos tres pacientes en cuidados intensivos y siete hospitalizados por COVID-19. El 68 % de las camas en Norte de Santander están ocupadas, no por pacientes con coronavirus sino en general. Tenemos una disponibilidad de 43 camas. Tenemos un equipo científico de epidemiólogos, que nos está entregando información dos veces a la semana para ir tomando las decisiones que sean necesarias.

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