Entre el 23 y el 31 de julio fueron asesinados tres conductores de buses del servicio de transporte público de Barranquilla, una situación que ya se había registrado en septiembre de 2021. Las autoridades les atribuyen los crímenes a Los Rastrojos Costeños.
Con esos recientes episodios y en seguimiento a la alerta temprana 037 de 2020 emitida para Barranquilla, Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia; la Defensoría del Pueblo ha constatado que la situación de derechos humanos en el área metropolitana de la capital de Atlántico se ha agravado.
“En seguimiento a la alerta 037 de 2020 emitida para Barranquilla, Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia hemos constatado que la situación de derechos humanos en el área metropolitana de la capital de Atlántico se ha venido deteriorando, lo que se refleja en el aumento en los indicadores de violencia. Por ejemplo, el aumento de los homicidios del 25% y de las extorsiones, con un 128%”, que recaen, entre otros, a conductores de buses y comerciantes, dijo el Defensor del Pueblo Carlos Camargo.
Desde el 13 de agosto de 2020 el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo advirtió sobre homicidios, algunos de estos utilizando estrategias para generar terror como homicidios, desplazamientos forzados de carácter individual y masivo, desapariciones forzadas, violencias en razón de género en contra de mujeres, niñas y población con orientación sexual e identidad de género diversas, extorsiones, restricciones a la movilidad, uso ilícito de niños, niñas y adolescentes, entre otras conductas.
En el documento se identificó que en Barranquilla y otros municipios se identificaron estructuras criminales como Los Costeños, Los Nuevos Rastrojos, el Bloque Central Renacer, Los Papalopez, Los Vega y Las AGC o Clan del Golfo.
“Nos preocupa sobre todo la situación en Barranquilla, Malambo y Soledad, pues, aunque la alerta contiene una serie de recomendaciones para prevenir y mitigar el riesgo, en el seguimiento llevado a cabo, se pudo establecer la precaria e insuficiente acción institucional, lo que se refleja en la situación que hoy estamos viviendo: tres conductores asesinados en menos de 8 días, paro de transportadores, circulación de panfletos, entre otras”, dijo el Defensor del Pueblo.
El defensor Camargo solicitó a las autoridades hacer frente a la situación y garantizar los derechos de las comunidades, así como adelantar acciones para proteger la vida e integridad de los habitantes del área metropolitana de Barranquilla y del Departamento del Atlántico.
“Hacemos un llamado para que las medidas que se adopten tengan en cuenta la integralidad y complejidad del problema, para que se tomen medidas de fondo, incluyendo la implementación de políticas sociales”, finalizó el Defensor del Pueblo.
el docente e investigador Luis Fernando Trejos sostiene que una de las hipótesis es que “hay grupos locales como Los Rastrojos Costeños, que les prestan servicios de “logística criminal” a organizaciones nacionales como las AGC o el Clan del Golfo. En esa subcontratación esos grupos transfieren recursos económicos, humanos y materiales, pero desde el año pasado se presentó una ruptura entre el grupo nacional y los operadores locales. Eso hace que los grupos locales pierdan una fuente sustancial de ingresos y deban volcarse a llenar ese vacío de finanzas predando rentas legales que a través de la extorsión”.