Tal vez los factores más importantes que definen la actual situación colombiana son el abandono a partir de los años noventa de los esfuerzos de industrialización y la intención de basar el desarrollo en el aprovechamiento de los recursos de petróleo y carbón y en la expansión de los servicios. Contribuyeron a ello una persistente revaluación cambiaria y tasas de interés crediticio elevadas, consecuencia de la abundancia de divisas producidas por el sector primario y de decisiones de política económica. Junto a las dificultades derivadas del conflicto armado, redundaron en la postergación agropecuaria. La estrategia ha sido reforzada con la vigencia de tratados de libre comercio, el más importante con Estados Unidos.
Dicha estrategia ha convertido a Colombia en un país sumamente dependiente de las variaciones de los precios internacionales de las materias primas y, por lo tanto, de los ciclos internacionales.
La otra consecuencia importante se expresa en tasas elevadas de desempleo y subempleo, de las más altas en América Latina, puesto que los sectores que más se expanden son poco intensivos en mano de obra. El empleo insuficiente ha significado niveles de pobreza que se mantienen aún elevados. Ha generado también una notable inequidad en la distribución del ingreso que hace de Colombia el octavo país más desigual en el mundo. Al reducir las incertidumbres de la inversión, esa armonía resulta condición necesaria para el crecimiento elevado y sostenido.
En ese contexto, después de intentar resolver el conflicto armado por la vía militar, sin éxito, se pretende ahora lograrlo a partir de la negociación con las Farc. Los posibles derroteros son claros. El fracaso de las negociaciones prolongará la guerra y sus consecuencias, como la inseguridad, las dificultades en el medio rural y agropecuario y el mantenimiento de uno de los gastos militares más altos del mundo.
El acuerdo de paz permitiría un futuro promisorio, de desarrollo acelerado. Daría paso a un combate más eficiente contra el narcotráfico y la desmovilización de miles de personas de las Fuerzas Armadas y de la insurgencia. La de las primeras será, sin duda, progresiva pero, tarde o temprano, los involucrados deberán asumir alguna nueva actividad.
Gran parte de ellos volvería al campo, otros se ubicarían en las ciudades, en pequeñas empresas o microempresas, en los servicios o en las manufacturas. Pero si sus actividades económicas no les producen un ingreso decoroso en forma sostenida, no los retendrán y podrían, fácilmente, volver a las armas y constituir bandas criminales.
Ese derrotero promisorio requiere que la economía crezca a tasas elevadas y de manera sostenida, particularmente en sectores que ocupen abundante mano de obra, para generar cada vez más ocupación directa o indirecta y distribuir ingreso. No se trata de abandonar la producción petrolera o minera; se trata de posibilitar el desarrollo de las actividades manufactureras y agropecuarias.
Dos son los requisitos: competitividad en dichos sectores y tasas de ahorro-inversión elevadas. La primera demanda una tasa de cambio elevada y tasas de interés crediticias reducidas. Y como la principal fuente de ahorro son las utilidades de las empresas, la segunda requiere empresas rentables, es decir, competitivas, que atraigan inversión.
Ambos dependen de un conjunto de políticas puntuales; una regulatoria, que fuerce la competencia plena en los mercados de crédito; una monetaria, que proporcione liquidez; una tributaria, que incida sobre las personas de mayores ingresos; y una de gasto fiscal, que provea los bienes públicos que la población demanda y la infraestructura que exigen los mercados.
*Profesor de la Pontificia Universidad Javeriana.