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Bloquear la vía que conecta a Valledupar con los municipios del sur de La Guajira se ha vuelto una medida recurrente para las comunidades de la zona rural del norte de la ciudad. El pasado lunes los habitantes del corregimiento de Guacoche cerraron por más de doce horas el paso por esta carretera. La razón siempre es la misma: la falta de agua potable.
Esta vez hizo presencia el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, quien se comprometió a disponer maquinaria para arreglar el acueducto, y enviar periódicamente carrotanques. Pero esta situación es similar a la que viven los 25 corregimientos que pertenecen a Valledupar. A pesar de que la Ley 142 de 1994 obliga al municipio a suplir el agua potable, las obras se ha convertido en elefantes blancos, como denuncia la misma comunidad.
Recientemente, el Concejo aprobó la creación de un nuevo operador del servicio público privado para suministrar de agua potable a los corregimientos, lo que ha causado controversia, ya que en el municipio existe Emdupar, que está intervenida y sobre la que algunos piden expandir y fortalecer.
Más de 50.000 millones invertidos
En la última década, se ha invertido $50.900 millones en siete plantas de tratamiento de agua potable, dos de ellas aún en ejecución. Las plantas, las bocatomas y líneas de tuberías existen físicamente, pero ninguna presta el servicio de potabilización del agua.
En corregimientos como Los Venados, en el sur de Valledupar, donde se construyó el llamado “Acueducto Regional del Sur”, que debería beneficiar a otras cuatro poblaciones, cada vez que llueve se obstruyen las tuberías y, según relata el inspector Karin Quintero, duran varias semanas sin arreglarlo porque dentro de la comunidad no hay quien asuma la reparación.
En otras comunidades, como Valencia de Jesús, según indica el concejal Wilber Hinojosa, se han asociado comunitariamente para que el agua se distribuya, sin embargo, no es apta para el consumo humano. Como dice el secretario de Gobierno municipal, Félix Valera, “están en un proceso de experimentación y estabilización para lograr que el agua sea potable”.
Por esto, las comunidades han tenido que pagar por pimpinas o tanques traídos desde Valledupar, que convirtieron en negocio. Los que no tienen recursos deben esperan la llegada de carrotanques que envían desde la administración municipal, muchas veces solo tras protestas o bloqueos.
Las causas, según coinciden el concejal Hinojosa y miembros de las comunidades, es que estas obras públicas no contaron con la debida planeación, y en alguna de ellas, existen deficiencias que requieren de una nueva intervención, la presencia de un operador que organice la distribución
A ello se suma que los terratenientes desvían los ríos legal e ilegalmente para los cultivos y el ganado, reduciendo el caudal de los ríos que suministran el agua a las plantas de tratamiento. Pese a que las comunidades han hecho las denuncias, rara vez son sancionados o frenados.
El nuevo operador
El Concejo de Valledupar le dio facultades a Ernesto Orozco para crear una empresa público-privada que se encargará exclusivamente de los acueductos rurales.
Los críticos recuerdan que Emdupar, aunque está intervenida desde marzo de 2023 por la Superintendencia de Servicios Públicos, sigue operando y podría fortalecerse, pero según la alcaldía “jurídica y técnicamente no podía hacer esa prestación en los corregimientos”, indicó el secretario de Gobierno, Félix Valera.
El temor está en que la creación de esta nueva empresa sirva para la privatización encubierta, o para crear otro aparato burocrático que acapare los subsidios que entrega el Estado, y no para resolver el problema de fondo, como lo advierte el coordinador de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos de Valledupar, Anibal Barros Villazón.
“No se nos haga extraño y preparémonos para el golpe mortal contra Emdupar porque esta empresa que viene con intenciones de administrar los acueductos comunitarios como empresa mixta, pueda el privado quedarse con más del 50% de las acciones y privatizar totalmente a Emdupar”, añadió.
Por su parte, el secretario Valera defendió la creación del nuevo operador de agua potable. “La entrada en vigencia de esa nueva empresa tiene su origen en un acuerdo que le estipula jurisdiccionalmente dónde va a prestar los servicios. Esa es su capacidad geográfica”.
A la espera de prontas soluciones, los habitantes del corregimiento de Guacoche señalaron, en su más reciente manifestación, que de incumplirse los acuerdos volverán a bloquear la carretera que va a La Guajira. La puja sigue y la comunidad espera que las promesas que siempre les hacen en campaña electoral por fin se vean materializadas.
