La guerra por los terrenos del área urbana

El área urbana de Buenaventura es, para resumir, un enorme puerto. Allí operan tres terminales: la de la Sociedad Portuaria, la llamada Muelle 13 y TC Buen. Sin embargo, ante el apogeo del comercio marítimo, el municipio y sus empresarios han visto la necesidad de la ampliación portuaria, proyecto que riñe con las comunidades que habitan la ciudad. Un enfrentamiento que veladamente es el trasfondo de la lucha por los terrenos donde se planean las nuevas megaobras y por el cual las bandas criminales —Los Urabeños y La Empresa— han sembrado el terror a lo largo y ancho de Buenaventura, con el objetivo de que la gente abandone sus casas, unas veces con las solas intimidaciones y otras por unos pocos millones.

La pelea está casada: la ampliación de TC Buen, del muelle de la Sociedad Portuaria y de la vía Alterna Interna, así como la construcción de cinco megaobras más: el Puerto de Aguadulce, la terminal marítima Delta del Río Dagua, el malecón Bahía de la Cruz y la zona franca Celpa, requieren que la gente, en su mayoría barrios de gente humilde, tenga que salir de la zona insular de Buenaventura hacia el área continental o rural del municipio. Y la situación se agudiza más con la firma del presidente en la Ley 161 de 2013, que convierte a Buenaventura en Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico —lo de biodiverso debe ser una arandela para adornar la categoría—.

Así las cosas, la gente no tendrá dónde vivir. “Los bandidos: pistoleros, algunos empresarios y gente de la administración local, quieren la isla para sus negocios. Esa es la razón por la que los paramilitares, ahora conocidos como bacrim, han desatado esta ola de violencia. Se trata de atemorizar a la gente, de que recoja sus cosas y abandone sus casitas o venda por cualesquier dos pesos. Por eso el terror, por eso la matazón, por eso el desempleo. Es la manera de ahogar a la gente”, explica Noris*, una lideresa social de uno de los barrios que están dentro del mapa de los nuevos proyectos de ampliación portuaria.

“¿Usted porqué cree que la guerra de las bandas se da con especial crueldad en las comunas donde están proyectadas las megaobras?”, pregunta afirmando Milton*, un negro flaco, de ademanes nerviosos y mirada enfática, que hace parte de una de las fundaciones de desplazados que tratan de seguir trabajando a pesar de que a sus líderes los han matado por decenas.

“Nosotros lo que vemos es que esto no es gratis: nadie trae un ejército de otra parte del país porque sí; es por que hay un buen negocio detrás. Usted sabe que los buenos negocios desatan los demonios, la ambición y la crueldad. Nosotros estamos en un municipio estratégico para la economía regional, nacional e internacional. Además, es rico en los recursos que el mundo está demandando: minerales preciosos y biodiversidad. Nosotros sabemos que en el fondo de la película está lo que significa la ubicación del municipio y los recursos que tiene, por eso nos quieren sacar de los principales barrios, quieren esto para comercio, industria y turismo. Ahora resulta que somos vecinos incómodos para el desarrollo”, sostiene uno de los activistas de la ONG Proceso de Comunidades Negras (PCN).

En varias ocasiones, distintos pobladores de Buenaventura han explicado cómo La Empresa y los Urabeños controlan los barrios. “A determinadas horas no se puede salir de la casa. Hay que pagar impuesto para entrar a ciertos barrios, también por poner una chaza de cigarrillos, y para hacer un trasteo si uno se quiere ir. Por todo hay que pagarles. Esa gente tiene campaneros en todas las entradas de los barrios, y si un desconocido llega al barrio sin avisar, entra pero no sale. La cosa está tenaz y no le puedo seguir contando, mejor caminemos como si no nos conociéramos”, dice Gabriel*, un líder social que se ha salvado de tres atentados y que hoy está obligado a irse del puerto.

El caso de Isla de la Paz

Aleida* es una de la habitantes del barrio Isla de la Paz, situado en la Comuna 6 de la parte continental de Buenaventura, a donde hace algún tiempo llegó un oscuro personaje a decir que era el propietario de todo el barrio. Cuenta que los viejos se asentaron allí desde los años 60, cuando era una zona selvática, y que una década después el barrio fue legalizado, aunque siempre fue una zona marginal. En 1999, ante la falta de vías apropiadas para el transporte de mercancía, se planteó la construcción de la Alterna Interna, que pasa por el barrio, y en 2002 se inició su construcción.

“Decidieron hacer la vía atravesando este barrio que siempre había sido marginado por los políticos. Pero la sorpresa fue que a partir de ese momento, empiezan a aparecer personas manifestando que son los dueños del barrio y nos dijeron que tenían títulos del 19 de abril de 1960 emitidos por el Incora, pero esta entidad no existía en ese tiempo. Empezaron a intimidarnos, a decirnos que o desalojábamos el barrio o estos territorios se nos convertirían en tumbas. La principal persona fue Jairo Arturo Salamando”, explica Aleida, quien a pesar de ser una persona con bajo nivel educativo hoy es prácticamente una abogada en derecho administrativo. El pleito por su barrio la ha llevado a aprender leyes, decretos, normas, fechas y todo cuanto sirve para defender a la comunidad.

La historia jurídica de la disputa es un berenjenal que Aleida carga en un cartapacio de cientos de hojas. Según su explicación, el señor Salamando ha buscado por medios legales e ilegales la manera de quedarse con los predios. Entre las irregularidades que se evidencian se encuentra que los planos que el señor Salamando presenta han sido modificados en varias ocasiones para hacerlos coincidir con los linderos reales del barrio. Además se ven varias situaciones extrañas en la manera como busca demostrar que el barrio le corresponde por vía hereditaria. Sin embargo, los documentos aportados para probar la sucesión tienen serias irregularidades, como un registro civil con enmiendas en los nombres y el número de cédula del supuesto padre de Salamando, y el nombre completo no coincide con el que aparece en el documento de sucesión. Estos son apenas algunos de los elementos extraños del proceso.

El barrio más pobre y más codiciado de Buenaventura

Otro de los casos donde se pone en evidencia el conflicto entre las megaobras y el derecho de las comunidades es el del barrio San José, el primero en fundarse en la ciudad. Allí llegaron los indígenas a asentarse cuando Buenaventura era sólo selva y mar.

Es el barrio más pobre de Buenaventura. Está situado entre el mar y la principal calle de la zona turística, comercial y administrativa de la ciudad. No tiene agua potable, ni alcantarillado, ni luz. A pesar de ser histórico, ha sido declarado ilegal. Allí se siente la verdadera Buenaventura, donde la pobreza es una regla generalizada, pero no tan fuerte como para cercenar la alegría de este pueblo bailador. Huele a basura, a heces y a droga. “Estos territorios son nuestros, se los ganamos al mar. Toda la vida los ricos de Buenaventura dijeron que este era el barrio más pobre, el más miserable, y ahora resulta que lo quieren”, alega Alirio*, un pescador con 10 hijos.

En 2009 algunos funcionarios de la administración les explicaron que el barrio debe ser reubicado porque se necesita su terreno para construir el malecón turístico. Una obra que le dará una nueva cara a la ciudad ante los ojos de los visitantes, algo como el de Cartagena, el de Riohacha o el de La Habana, según sueñan las constructoras. Pero la gente se niega a irse. Dicen que les ofrecen una casa de concreto en un proyecto urbanístico que se denomina San Antonio, pero que allá no hay mar, ni dónde cultivar, y que la mayoría de ellos viven de la pesca.

“En varias ocasiones han venido a presionarnos con eso de las casas. Dicen que si no nos vamos ya nos vamos a quedar sin nada, porque de aquí nos sacan porque nos sacan y que en el tal proyecto residencial ese se están acabando las casas. Nos han dicho que nos van a sacar porque es una zona de riesgo, pero también nos han dicho, algunos funcionarios más honestos, que esto lo necesitan para construir edificios con balcón, hoteles, casas para ricos. Nosotros de verdad no entendemos por qué si antes les parecía tan pobre y tan feo nuestro barrio ahora están decididos a quitárnoslo así nos tengan que sacar con la policía”, concluye Herminzon*, un moreno alto y fornido que está dispuesto a morir en San José, como lo hicieron sus ancestros indígenas.

* Los nombres han sido cambiados.

Lea mañana la tercera entrega: una entrevista con el comandante de Policía de Buenaventura.

El área urbana de Buenaventura es, para resumir, un enorme puerto. Allí operan tres terminales: la de la Sociedad Portuaria, la llamada Muelle 13 y TC Buen. Sin embargo, ante el apogeo del comercio marítimo, el municipio y sus empresarios han visto la necesidad de la ampliación portuaria, proyecto que riñe con las comunidades que habitan la ciudad. Un enfrentamiento que veladamente es el trasfondo de la lucha por los terrenos donde se planean las nuevas megaobras y por el cual las bandas criminales —Los Urabeños y La Empresa— han sembrado el terror a lo largo y ancho de Buenaventura, con el objetivo de que la gente abandone sus casas, unas veces con las solas intimidaciones y otras por unos pocos millones.

La pelea está casada: la ampliación de TC Buen, del muelle de la Sociedad Portuaria y de la vía Alterna Interna, así como la construcción de cinco megaobras más: el Puerto de Aguadulce, la terminal marítima Delta del Río Dagua, el malecón Bahía de la Cruz y la zona franca Celpa, requieren que la gente, en su mayoría barrios de gente humilde, tenga que salir de la zona insular de Buenaventura hacia el área continental o rural del municipio. Y la situación se agudiza más con la firma del presidente en la Ley 161 de 2013, que convierte a Buenaventura en Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico —lo de biodiverso debe ser una arandela para adornar la categoría—.

Así las cosas, la gente no tendrá dónde vivir. “Los bandidos: pistoleros, algunos empresarios y gente de la administración local, quieren la isla para sus negocios. Esa es la razón por la que los paramilitares, ahora conocidos como bacrim, han desatado esta ola de violencia. Se trata de atemorizar a la gente, de que recoja sus cosas y abandone sus casitas o venda por cualesquier dos pesos. Por eso el terror, por eso la matazón, por eso el desempleo. Es la manera de ahogar a la gente”, explica Noris*, una lideresa social de uno de los barrios que están dentro del mapa de los nuevos proyectos de ampliación portuaria.

“¿Usted porqué cree que la guerra de las bandas se da con especial crueldad en las comunas donde están proyectadas las megaobras?”, pregunta afirmando Milton*, un negro flaco, de ademanes nerviosos y mirada enfática, que hace parte de una de las fundaciones de desplazados que tratan de seguir trabajando a pesar de que a sus líderes los han matado por decenas.

“Nosotros lo que vemos es que esto no es gratis: nadie trae un ejército de otra parte del país porque sí; es por que hay un buen negocio detrás. Usted sabe que los buenos negocios desatan los demonios, la ambición y la crueldad. Nosotros estamos en un municipio estratégico para la economía regional, nacional e internacional. Además, es rico en los recursos que el mundo está demandando: minerales preciosos y biodiversidad. Nosotros sabemos que en el fondo de la película está lo que significa la ubicación del municipio y los recursos que tiene, por eso nos quieren sacar de los principales barrios, quieren esto para comercio, industria y turismo. Ahora resulta que somos vecinos incómodos para el desarrollo”, sostiene uno de los activistas de la ONG Proceso de Comunidades Negras (PCN).

En varias ocasiones, distintos pobladores de Buenaventura han explicado cómo La Empresa y los Urabeños controlan los barrios. “A determinadas horas no se puede salir de la casa. Hay que pagar impuesto para entrar a ciertos barrios, también por poner una chaza de cigarrillos, y para hacer un trasteo si uno se quiere ir. Por todo hay que pagarles. Esa gente tiene campaneros en todas las entradas de los barrios, y si un desconocido llega al barrio sin avisar, entra pero no sale. La cosa está tenaz y no le puedo seguir contando, mejor caminemos como si no nos conociéramos”, dice Gabriel*, un líder social que se ha salvado de tres atentados y que hoy está obligado a irse del puerto.

El caso de Isla de la Paz

Aleida* es una de la habitantes del barrio Isla de la Paz, situado en la Comuna 6 de la parte continental de Buenaventura, a donde hace algún tiempo llegó un oscuro personaje a decir que era el propietario de todo el barrio. Cuenta que los viejos se asentaron allí desde los años 60, cuando era una zona selvática, y que una década después el barrio fue legalizado, aunque siempre fue una zona marginal. En 1999, ante la falta de vías apropiadas para el transporte de mercancía, se planteó la construcción de la Alterna Interna, que pasa por el barrio, y en 2002 se inició su construcción.

“Decidieron hacer la vía atravesando este barrio que siempre había sido marginado por los políticos. Pero la sorpresa fue que a partir de ese momento, empiezan a aparecer personas manifestando que son los dueños del barrio y nos dijeron que tenían títulos del 19 de abril de 1960 emitidos por el Incora, pero esta entidad no existía en ese tiempo. Empezaron a intimidarnos, a decirnos que o desalojábamos el barrio o estos territorios se nos convertirían en tumbas. La principal persona fue Jairo Arturo Salamando”, explica Aleida, quien a pesar de ser una persona con bajo nivel educativo hoy es prácticamente una abogada en derecho administrativo. El pleito por su barrio la ha llevado a aprender leyes, decretos, normas, fechas y todo cuanto sirve para defender a la comunidad.

La historia jurídica de la disputa es un berenjenal que Aleida carga en un cartapacio de cientos de hojas. Según su explicación, el señor Salamando ha buscado por medios legales e ilegales la manera de quedarse con los predios. Entre las irregularidades que se evidencian se encuentra que los planos que el señor Salamando presenta han sido modificados en varias ocasiones para hacerlos coincidir con los linderos reales del barrio. Además se ven varias situaciones extrañas en la manera como busca demostrar que el barrio le corresponde por vía hereditaria. Sin embargo, los documentos aportados para probar la sucesión tienen serias irregularidades, como un registro civil con enmiendas en los nombres y el número de cédula del supuesto padre de Salamando, y el nombre completo no coincide con el que aparece en el documento de sucesión. Estos son apenas algunos de los elementos extraños del proceso.

El barrio más pobre y más codiciado de Buenaventura

Otro de los casos donde se pone en evidencia el conflicto entre las megaobras y el derecho de las comunidades es el del barrio San José, el primero en fundarse en la ciudad. Allí llegaron los indígenas a asentarse cuando Buenaventura era sólo selva y mar.

Es el barrio más pobre de Buenaventura. Está situado entre el mar y la principal calle de la zona turística, comercial y administrativa de la ciudad. No tiene agua potable, ni alcantarillado, ni luz. A pesar de ser histórico, ha sido declarado ilegal. Allí se siente la verdadera Buenaventura, donde la pobreza es una regla generalizada, pero no tan fuerte como para cercenar la alegría de este pueblo bailador. Huele a basura, a heces y a droga. “Estos territorios son nuestros, se los ganamos al mar. Toda la vida los ricos de Buenaventura dijeron que este era el barrio más pobre, el más miserable, y ahora resulta que lo quieren”, alega Alirio*, un pescador con 10 hijos.

En 2009 algunos funcionarios de la administración les explicaron que el barrio debe ser reubicado porque se necesita su terreno para construir el malecón turístico. Una obra que le dará una nueva cara a la ciudad ante los ojos de los visitantes, algo como el de Cartagena, el de Riohacha o el de La Habana, según sueñan las constructoras. Pero la gente se niega a irse. Dicen que les ofrecen una casa de concreto en un proyecto urbanístico que se denomina San Antonio, pero que allá no hay mar, ni dónde cultivar, y que la mayoría de ellos viven de la pesca.

“En varias ocasiones han venido a presionarnos con eso de las casas. Dicen que si no nos vamos ya nos vamos a quedar sin nada, porque de aquí nos sacan porque nos sacan y que en el tal proyecto residencial ese se están acabando las casas. Nos han dicho que nos van a sacar porque es una zona de riesgo, pero también nos han dicho, algunos funcionarios más honestos, que esto lo necesitan para construir edificios con balcón, hoteles, casas para ricos. Nosotros de verdad no entendemos por qué si antes les parecía tan pobre y tan feo nuestro barrio ahora están decididos a quitárnoslo así nos tengan que sacar con la policía”, concluye Herminzon*, un moreno alto y fornido que está dispuesto a morir en San José, como lo hicieron sus ancestros indígenas.

* Los nombres han sido cambiados.

Lea mañana la tercera entrega: una entrevista con el comandante de Policía de Buenaventura.