La historia no contada de los autores de manuales de convivencia homofóbicos

Mientras el país está polarizado en torno al ajuste que los colegios deben hacer a sus manuales de convivencia para respetar la orientación sexual de los estudiantes, en cumplimiento de una orden dada por la Corte Constitucional en el caso Sergio Urrego, surgió una curiosa empresa que asesora a las instituciones en la elaboración de los reglamentos, pero con el objetivo de “evitar” la homosexualidad sin transgredir explícitamente la sentencia del alto tribunal. El cerebro de este negocio es Diego Steve García, condenado por acceso carnal en menor de 14 años. (Ver facsímil 1 al final de la nota)

Se trata de la empresa Corporación Colegio al Derecho, que, sin que se sepa cómo, accedió a los datos de los colegios distritales de Bogotá y envió su propuesta a todos los centros educativos, enfatizando que ayudaría a “resolver los conflictos frente a la normativa del respeto, los manuales de convivencia y la normativa legal y jurídica pertinente”. Cobra un millón de pesos por hacer el manual “desde cero”, $500.000 por modificarlo y $300.000 por revisarlo.

Un asunto claramente violatorio de las normas, pues el decreto 1965 de 2013, artículo 29, parágrafo 2, dice: “El manual de convivencia deberá ser construido, evaluado y ajustado por la comunidad educativa integrada por los estudiantes, padres y madres de familia, docentes y directivos docentes, bajo la coordinación del comité escolar de convivencia”. En este caso, los colegios lo mandan a hacer a su medida.

Otro dato especialmente grave de la misteriosa empresa está en la nota 3 de la propuesta: “Adjunto en PDF, reposa un documento en el tema de los adolescentes con otra orientación sexual o tendencia a su propio género”. El documento, denominado “Consideración jurídica de los adolescentes en condición de homosexuales, lesbianas y bisexuales en instituciones educativas”, es escrito por Diego Steve García, miembro de Colegio al Derecho, el mismo que fue condenado por acceso carnal en menor de 14 años y autor del libro 101 formas de prevenir la violación infantil.

Es un documento que habla por sí mismo. Hace referencia a la sentencia T-478 (Sergio Urrego), señalando que “alaba la homosexualidad, lesbianidad y bisexualidad en adolescentes”, y pone en tela de juicio la capacidad de un menor de identificar su orientación sexual.

Más polémica es aún su postura frente al caso de Sergio Urrego, el estudiante que se suicidó como consecuencia del matoneo al que era sometido por las directivas de su colegio por ser gay. Según García, Urrego hubiera podido cometer el delito de actos sexuales abusivos “por sus manifestaciones homosexuales en presencia de menores de 14 años”.

El documento, de 23 páginas, está plagado de consideraciones de este tipo. Por ejemplo, señala que “el mensaje de la Corte Constitucional es que ser homosexual y presuntamente acudir a realizar actos sexuales abusivos con menor de 14 años, dentro de una institución educativa lejos de constituirse un delito, es objeto de alabanza y de honores, detrás del disfraz de la inclusión y la diversidad sexual”. (Ver facsímil 3 al final de la nota)

Según Samuel Escobar, abogado penalista y profesor de la Universidad del Rosario, “al parecer, pretende dotar a los manuales de convivencia de una apariencia de legalidad para evadir las exigencias de la Corte. Pero en el fondo permite que las directivas puedan seguir discriminando a su propia discreción, en tanto refleja una carga prejuiciosa hacia las orientaciones sexuales no hegemónicas al considerar que cualquier muestra de afecto de esta índole implica la realización de un acto sexual reprochable”.

Las dudas sobre la idoneidad del asesor y de la corporación a través de la cual se ofrece a elaborar los manuales afloran también en la consideración “sociojurídica” de su documento. En ella cuestiona la decisión de la Corte sobre el caso Sergio Urrego, lo que califica como “este oscuro y sesgado fallo de la Corte, dentro del circo mediático, amarillista y populista, a través del cual se desinforma a las masas, y se promueve el homosexualismo, el lesbianismo y el bisexualismo en los adolescentes como ‘algo de moda’”.

El Espectador habló con Carlos Alberto García, representante legal de Colegio al Derecho, quien afirmó que han asesorado colegios en todo el país y, aunque fue muy cuidadoso de no incurrir en señalamientos homofóbicos, sí sostuvo la tesis de que las actuaciones “erótico-sexuales” deben ser penalizadas si se trata de un mayor de 14 años. Incluso ofrece formatos para que los docentes manejen estos temas.

Se trata, pues, de un negocio de familia. Este diario logró comunicarse con Diego Steve García, hijo de Carlos García, quien se encuentra recluido en la cárcel de Chocontá, y sostiene que no es homofóbico, pero que hay que tener claro que “a la población LGBTI se les vendió la idea de que tienen derechos, pero no se habla de sus deberes. El artículo 209 del Código Penal señala que quien cometa actos sexuales en presencia de un menor de 14 años incurre en delito y eso no exime a población LGBTI”.

Diego Steve García sostiene incluso que, en el fallo del caso Sergio Urrego, la Corte en ningún momento aborda el delito que el joven pudo haber cometido. “No indagó si ellos se besaron, se tocaron o se masturbaron. Soy enfático, los medios no pueden desinformar a la gente diciendo que los menores de edad no tienen derechos”, asegura.

Los conceptos son complejos o tal vez inexplicables. Plantean que no se puede permitir que “una niña con tendencia a su propio sexo (lesbiana) vulnere los derechos de una niña menor”. El ejemplo es así: “Si hay dos niñas tomadas de la mano pavoneándose, los coordinadores tienen que establecer que por lo menos son primas. Si las niñas no son familiares, no tienen porqué tomarse de la mano ni darse comidita, una está induciendo a su propio sexo a la otra. Esos actos erótico sexuales inducen a la homosexualidad”.

Este diario tuvo acceso al modelo de manuales de convivencia que desarrolla la Corporación Colegio al Derecho y comprobó que, efectivamente, son cuidadosos en su contenido frente a las preferencias sexuales, pero tienen apartes que resultan inexplicables.

En el capítulo relacionado con las normas de higiene y presentación personal de los estudiantes, se cita el libro Subculturas: ¿moda o peligro?, escrito por Diego Steve García y publicado en la editorial San Pablo. Dice: “Llámese como ejemplo, la moda de los niños ‘pokemones’ que es la de usar los pantalones a media cadera, mostrando los boxers, cuya connotación es una imitación de los presos en calidad de homosexuales, recluidos en cárceles, que con este ícono llaman a una relación sexual anal, por este motivo, esta estética, tampoco constituye la forma adecuada de portar el uniforme para los alumnos de nuestra institución”. (Ver facsímil 2 al final de la nota)

El negocio familiar de los García, Colegios al Derecho, ha enviado su propuesta a más de 350 colegios y ha realizado, aseguran, más de 40 manuales de convivencia. Proponen un formato que debe ser firmado por alumnos y acudientes aceptando responsabilidades penales frente a “actos sexuales en presencia de menores”, es decir, besos, caricias o manoseos. De este modo se exime de responsabilidad a los colegios.

Una polémica oferta a la academia que llega en el momento en que la ministra de Educación, Gina Parody, se encuentra en medio de un debate por la elaboración de cartillas de identidad de género, una discusión en la que hay versiones encontradas y en la cual tuvo que entrar a terciar el presidente Juan Manuel Santos, dejando claro que desde el Gobierno no se ha promovido ninguna ideología de género.

Mientras el país está polarizado en torno al ajuste que los colegios deben hacer a sus manuales de convivencia para respetar la orientación sexual de los estudiantes, en cumplimiento de una orden dada por la Corte Constitucional en el caso Sergio Urrego, surgió una curiosa empresa que asesora a las instituciones en la elaboración de los reglamentos, pero con el objetivo de “evitar” la homosexualidad sin transgredir explícitamente la sentencia del alto tribunal. El cerebro de este negocio es Diego Steve García, condenado por acceso carnal en menor de 14 años. (Ver facsímil 1 al final de la nota)

Se trata de la empresa Corporación Colegio al Derecho, que, sin que se sepa cómo, accedió a los datos de los colegios distritales de Bogotá y envió su propuesta a todos los centros educativos, enfatizando que ayudaría a “resolver los conflictos frente a la normativa del respeto, los manuales de convivencia y la normativa legal y jurídica pertinente”. Cobra un millón de pesos por hacer el manual “desde cero”, $500.000 por modificarlo y $300.000 por revisarlo.

Un asunto claramente violatorio de las normas, pues el decreto 1965 de 2013, artículo 29, parágrafo 2, dice: “El manual de convivencia deberá ser construido, evaluado y ajustado por la comunidad educativa integrada por los estudiantes, padres y madres de familia, docentes y directivos docentes, bajo la coordinación del comité escolar de convivencia”. En este caso, los colegios lo mandan a hacer a su medida.

Otro dato especialmente grave de la misteriosa empresa está en la nota 3 de la propuesta: “Adjunto en PDF, reposa un documento en el tema de los adolescentes con otra orientación sexual o tendencia a su propio género”. El documento, denominado “Consideración jurídica de los adolescentes en condición de homosexuales, lesbianas y bisexuales en instituciones educativas”, es escrito por Diego Steve García, miembro de Colegio al Derecho, el mismo que fue condenado por acceso carnal en menor de 14 años y autor del libro 101 formas de prevenir la violación infantil.

Es un documento que habla por sí mismo. Hace referencia a la sentencia T-478 (Sergio Urrego), señalando que “alaba la homosexualidad, lesbianidad y bisexualidad en adolescentes”, y pone en tela de juicio la capacidad de un menor de identificar su orientación sexual.

Más polémica es aún su postura frente al caso de Sergio Urrego, el estudiante que se suicidó como consecuencia del matoneo al que era sometido por las directivas de su colegio por ser gay. Según García, Urrego hubiera podido cometer el delito de actos sexuales abusivos “por sus manifestaciones homosexuales en presencia de menores de 14 años”.

El documento, de 23 páginas, está plagado de consideraciones de este tipo. Por ejemplo, señala que “el mensaje de la Corte Constitucional es que ser homosexual y presuntamente acudir a realizar actos sexuales abusivos con menor de 14 años, dentro de una institución educativa lejos de constituirse un delito, es objeto de alabanza y de honores, detrás del disfraz de la inclusión y la diversidad sexual”. (Ver facsímil 3 al final de la nota)

Según Samuel Escobar, abogado penalista y profesor de la Universidad del Rosario, “al parecer, pretende dotar a los manuales de convivencia de una apariencia de legalidad para evadir las exigencias de la Corte. Pero en el fondo permite que las directivas puedan seguir discriminando a su propia discreción, en tanto refleja una carga prejuiciosa hacia las orientaciones sexuales no hegemónicas al considerar que cualquier muestra de afecto de esta índole implica la realización de un acto sexual reprochable”.

Las dudas sobre la idoneidad del asesor y de la corporación a través de la cual se ofrece a elaborar los manuales afloran también en la consideración “sociojurídica” de su documento. En ella cuestiona la decisión de la Corte sobre el caso Sergio Urrego, lo que califica como “este oscuro y sesgado fallo de la Corte, dentro del circo mediático, amarillista y populista, a través del cual se desinforma a las masas, y se promueve el homosexualismo, el lesbianismo y el bisexualismo en los adolescentes como ‘algo de moda’”.

El Espectador habló con Carlos Alberto García, representante legal de Colegio al Derecho, quien afirmó que han asesorado colegios en todo el país y, aunque fue muy cuidadoso de no incurrir en señalamientos homofóbicos, sí sostuvo la tesis de que las actuaciones “erótico-sexuales” deben ser penalizadas si se trata de un mayor de 14 años. Incluso ofrece formatos para que los docentes manejen estos temas.

Se trata, pues, de un negocio de familia. Este diario logró comunicarse con Diego Steve García, hijo de Carlos García, quien se encuentra recluido en la cárcel de Chocontá, y sostiene que no es homofóbico, pero que hay que tener claro que “a la población LGBTI se les vendió la idea de que tienen derechos, pero no se habla de sus deberes. El artículo 209 del Código Penal señala que quien cometa actos sexuales en presencia de un menor de 14 años incurre en delito y eso no exime a población LGBTI”.

Diego Steve García sostiene incluso que, en el fallo del caso Sergio Urrego, la Corte en ningún momento aborda el delito que el joven pudo haber cometido. “No indagó si ellos se besaron, se tocaron o se masturbaron. Soy enfático, los medios no pueden desinformar a la gente diciendo que los menores de edad no tienen derechos”, asegura.

Los conceptos son complejos o tal vez inexplicables. Plantean que no se puede permitir que “una niña con tendencia a su propio sexo (lesbiana) vulnere los derechos de una niña menor”. El ejemplo es así: “Si hay dos niñas tomadas de la mano pavoneándose, los coordinadores tienen que establecer que por lo menos son primas. Si las niñas no son familiares, no tienen porqué tomarse de la mano ni darse comidita, una está induciendo a su propio sexo a la otra. Esos actos erótico sexuales inducen a la homosexualidad”.

Este diario tuvo acceso al modelo de manuales de convivencia que desarrolla la Corporación Colegio al Derecho y comprobó que, efectivamente, son cuidadosos en su contenido frente a las preferencias sexuales, pero tienen apartes que resultan inexplicables.

En el capítulo relacionado con las normas de higiene y presentación personal de los estudiantes, se cita el libro Subculturas: ¿moda o peligro?, escrito por Diego Steve García y publicado en la editorial San Pablo. Dice: “Llámese como ejemplo, la moda de los niños ‘pokemones’ que es la de usar los pantalones a media cadera, mostrando los boxers, cuya connotación es una imitación de los presos en calidad de homosexuales, recluidos en cárceles, que con este ícono llaman a una relación sexual anal, por este motivo, esta estética, tampoco constituye la forma adecuada de portar el uniforme para los alumnos de nuestra institución”. (Ver facsímil 2 al final de la nota)

El negocio familiar de los García, Colegios al Derecho, ha enviado su propuesta a más de 350 colegios y ha realizado, aseguran, más de 40 manuales de convivencia. Proponen un formato que debe ser firmado por alumnos y acudientes aceptando responsabilidades penales frente a “actos sexuales en presencia de menores”, es decir, besos, caricias o manoseos. De este modo se exime de responsabilidad a los colegios.

Una polémica oferta a la academia que llega en el momento en que la ministra de Educación, Gina Parody, se encuentra en medio de un debate por la elaboración de cartillas de identidad de género, una discusión en la que hay versiones encontradas y en la cual tuvo que entrar a terciar el presidente Juan Manuel Santos, dejando claro que desde el Gobierno no se ha promovido ninguna ideología de género.