La hoja de ruta para los baldíos

En las cuentas de la SAC aparecen 22 millones de hectáreas aptas para desarrollos agrarios, pero sólo se usan cinco. / Archivo

El caso de los terrenos de Riopaila, que comprometió a la compañía en un supuesto apoderamiento de 32.000 hectáreas en el departamento del Vichada para desarrollar grandes proyectos agroindustriales, destapó todo un escándalo que evidenció las falencias que tiene el país en materia de uso y propiedad de la tierra cuando de baldíos se trata. Tanto que días después se supo que otras 14 empresas estaban en la misma situación cuando, por ley, estos terrenos baldíos no podían ser acumulables y su propiedad debería ser de los campesinos de la zona para uso de un grupo familiar y de su sostenimiento.

Por eso el debate de fondo se basa en determinar cuál es el uso adecuado de estas tierras y en manos de quién deben estar para que sean productivas. Los opositores del Gobierno consideran injusto que los baldíos tengan un empleo distinto al que le puede dar un agricultor y su familia; y el Ejecutivo, que respeta esa posición, busca darles una estabilidad jurídica a quienes consideran que estas tierras podrían ser mejor aprovechadas, con similares condiciones y, más aún, con la posibilidad de que Colombia cumpla con su objetivo de convertirse en una despensa mundial de alimentos.

La estrategia del Gobierno, tras objetar esta semana la ley de baldíos para familias pobres porque dejaba claro que no se garantizaba el aprovechamiento de la tierra, está redactada en otro documento que será presentado ante el Congreso la semana que viene y traza una hoja de ruta contundente sobre la propiedad y el uso de 622.000 predios agrarios. Reza el texto que los baldíos que dejaron de ser tales antes de 1994 son libremente enajenables, sin restricciones y acumulables. Prohibiciones que sólo podrían aplicarse precisamente a esos predios que se adjudiquen en vigencia de la Ley 160, que dice que el uso de la tierra debe ser social, mas no comercial.

Dice, también, que esos baldíos que dejaron de serlo con la Ley 160 serán manejados en dos partes: todas las transacciones hechas entre 1994 y 2003 estarían saneadas por prescripción, pues una propiedad en manos de un campesino después de 10 años de tenencia ya puede venderse. Y dos, entre 2003 y 2014 se diferenciaría entre aquellos predios que tenían anotada la limitación de acumulación en el registro inmobiliario y las que no. En el caso de las primeras, la ley dejará claro que esas compras son legales.

Y como punto final, se establece que el límite de acumulación para las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) no será de 1, sino de 2. Además, se establecería que el Gobierno podrá decidir como política sectorial cuáles partes del territorio se les otorgarán a proyectos agroindustriales a través de sistemas concesionables considerados proyectos público-privados.

Rafael Mejía López, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y presidente del Consejo Gremial Nacional, recalca que “si no se les da claridad y seguridad jurídica (a los inversionistas) llegaríamos al caos, porque el instrumento que se debe tener es el de certificado de libertad. Usted puede hacer una escritura, pero si no la registra no es válida. Entonces, como esa ley (la 160) quedó con tantos vacíos, se está buscando dar seguridad jurídica a todos los inversionistas pequeños, medianos y grandes”.

De cumplir el proceso completo en el Legislativo, se logrará, proyecta el líder gremial, tener claridad sobre todo el confuso escenario de los baldíos: No se trata de “arreglarle ninguna situación a nadie”. La SAC “ha venido diciendo al Gobierno que se necesitan políticas de Estado sobre el sector agropecuario, o si no nadie va a invertir”. Y, acto seguido, advierte: “Esto se volvió una discusión absurda cuando vemos que de 22 millones de hectáreas aptas, usamos cinco. Esas 17 millones de hectáreas hay que desarrollarlas. Esa rentabilidad económica tiene que llegar. Que haya asociatividad”.

El debate, que comenzó como un escándalo donde supuestamente unos campesinos fueron persuadidos por multinacionales para vender sus tierras, es leído por Mejía con otra óptica. “No se ha sacado a los pequeños. Ellos vendieron a buenos precios, lo hicieron de buena fe. Los registros inmobiliarios de ellos no tenían limitación alguna para compraventa o acumulación. O si no, los inversionistas no los habrían comprado”. Por eso, para evitar confusiones, deja claro una y otra vez que “estamos buscando es tener toda la ocupación lícita y no devolver tierras a las manos de la guerrilla y el narcotráfico. Hemos dicho que cabemos los pequeños, medianos y grandes, porque estamos perdiendo tiempo frente a países como Argentina, que sí lo están aprovechando”.

“Una política agraria de Estado”: SAC

Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), analizó la estrategia del Gobierno. “Lo que se está buscando son dos proyectos del Gobierno: uno, de baldíos, y otro, de aprovechamiento y competitividad. En el de baldíos se busca clarificar todo lo de la Ley 160 de 1994, antes del 94, entre el 94 y 2003, y entre 2003 y 2013. Los diferentes juristas han estado mirando, trazando un proyecto que sea equilibrado y que refleje las necesidades del país, de los pequeños productores, de medianos y grandes. Es decir, lo que el Gobierno quiere en el segundo es dar un poco de estabilidad y las primeras señales en lo que es la política agraria de Estado que necesita el país. Como SAC estamos mirando la transversalidad”.