La ley del Clan del Golfo en Apartadó (Antioquia)

Entre la incertidumbre y el miedo están viviendo los habitantes de Apartadó desde hace 25 años. Por un lado, asociaciones campesinas denuncian que en lo corrido del último año pobladores de cerca de tres corregimientos han estado en riesgo por presencia de minas antipersonales; por el otro, organizaciones que trabajan en la zona sostienen que se ha fortalecido la presencia del Clan del Golfo, que maneja los hilos del narcotráfico y se han posicionado pandillas locales que operan en el casco urbano del municipio.

Entre la incertidumbre y el miedo están viviendo los habitantes de Apartadó desde hace 25 años. Por un lado, asociaciones campesinas denuncian que en lo corrido del último año pobladores de cerca de tres corregimientos han estado en riesgo por presencia de minas antipersonales; por el otro, organizaciones que trabajan en la zona sostienen que se ha fortalecido la presencia del Clan del Golfo, que maneja los hilos del narcotráfico y se han posicionado pandillas locales que operan en el casco urbano del municipio.

Si hubo una región del país que en la década de los 90 vivió profundamente los rigores de la guerra fue la del Urabá antioqueño. Desde mediados de esa década hasta 2005, la antigua guerrilla de las Farc, con sus frentes 5 y 18, tenía constantes enfrentamientos con los paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y el bloque Bananero por el control territorial de sus municipios. El saldo: un rosario de tragedias y masacres que enlutaron a las comunidades de los kunas (1995), en Carepa; Aracatazo (1995), en Chigorodó, y La Chinita (1995) y Bajo del Oso (1994), en Apartadó.

Después de esa serie de masacres, la comunidad de este último municipio implementó su propia forma de resistencia a la guerra convirtiéndose en un espacio icónico dentro de los escenarios de memoria, a través del surgimiento de la Comunidad de Paz, en 1997. Aún así, siete años después de su creación, el pueblo vivió el horror. Entre el 21 y el 22 de febrero de 2005, el grupo paramilitar Héroes de Tolová, al mando de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna —en connivencia con la Brigada 17 del Ejército, al mando de Rito Alejo del Río—, torturó, asesinó y descuartizó a un campesino de la vereda Mulatos, en San José de Apartadó, y a siete personas de la Comunidad de Paz, ubicados entre esa vereda y La Resbalosa.

Hoy, quince años después, el panorama en torno a las dinámicas de violencia y escenarios de orden público sigue preocupando.

Mauricio Mena, secretario de Gobierno de Apartadó, afirmó que el corredor histórico de droga de la Serranía de Abibe está activo por las operaciones del Clan del Golfo, hasta los puertos del Pacífico y Turbo, donde la comunicación con las rutas del narcotráfico en Córdoba y el Bajo Cauca es permanente hasta el Tapón del Darién.

Otra preocupación que tienen desde la Alcaldía radica en las minas antipersonales que han comenzado a proliferar en la zona. De hecho, un líder comunitario de San José de Apartadó reveló, junto con el teniente Heyner Cubides, perteneciente al batallón Vélez, de la Brigada 17 del Ejército, un video en el que mostraban la existencia de dos campos minados en las veredas La Unión y Arenas, los cuales ya fueron desactivados.

Mientras desde el municipio denuncian actividades constantes del Clan del Golfo o las Autodefensas Gaitanistas, no existen cifras actualizadas que den cuenta de la situación de orden público y desde la Alcaldía insisten en que las tendencias son a la baja de manera uniforme en materia de violencia directa por parte de grupos armados, especialmente en 2017, cuando los delitos sexuales disminuyeron de 23 a 15, respecto a 2016 y los hurtos disminuyeron en más del 20 %, según cifras oficiales.

Aun así, un líder campesino de San José de Apartadó, quien pidió ser identificado como Ruber, le dijo a este diario que el tema de seguridad sigue siendo muy complejo en su corregimiento. “Como campesinos no solemos apostarles a las denuncias, porque sabemos que algo malo nos puede pasar. Es por eso que algunos líderes prefieren guardar silencio”, sentenció.

Ruber es escéptico del papel que tiene la Alcaldía ante las cuestiones de orden público. Junto con sus compañeros considera que “desde sus oficinas no hacen nada por mejorar la situación”. Además, agregó que “las administraciones han jugado a dividir la comunidad para intentar esconder su inoperancia por la seguridad del municipio. Decían que las Farc no permitían el desarrollo de Apartadó y sus corregimientos, luego que éramos nosotros los líderes los que obstaculizábamos y ahora no saben actuar ante la presencia de nuevos grupos”.

Sobre la conmemoración de la masacre de Mulata y La Resbalosa, el líder campesino confirmó que se realizarán actos simbólicos de memoria hoy y mañana para rendirles un homenaje a los muertos y los familiares afectados por dicha tragedia. Pero aclaró que desde las comunidades campesinas van a intentar visibilizar otras situaciones que complejizan la vida de los apartadoseños, como lo relacionado con los proyectos productivos, que “se han visto obstaculizados por la falta de control y acompañamiento técnico en los PDET”.

Esto, seguido por un llamado a las autoridades locales para que Apartadó pueda reactivar su papel como despensa agrícola del Urabá. “En este momento solo producimos para el autoconsumo. No hay garantías de comercialización con municipios aledaños y seguimos dependiendo del que es prácticamente nuestro único producto interno: el cacao”, puntualizó el campesino.

Esta voz de alerta es compartida por organizaciones sociales y de derechos humanos que trabajan en la región. En el territorio parece ser un secreto a voces la omnipresencia del Clan del Golfo. “Este grupo está detrás de los negocios ilegales y de las pandillas. En los últimos meses han logrado que se venda droga en los colegios y que sean los mismos niños los encargados de eso. También vienen ejerciendo un control social, donde utilizan ‘estrategias de puntos’ para ubicar gente y dificultar el accionar de la Fuerza Pública a la hora de identificar a delincuentes”, afirmaron desde el casco urbano de Apartadó; agregando que para este tipo de cometidos pagan cifras que rondan los $800.000 mensuales a aquellos informantes que den aviso sobre dónde se puede ejercer el microtráfico y sus delitos conexos.

Las organizaciones insisten en que es difícil pensar en una reconfiguración de seguridad mientras el Clan del Golfo tenga poder económico e influencia sobre los puertos de Turbo y Riosucio.