La lucha de los indígenas del Putumayo por no desaparecer

En mayo pasado, los 15 pueblos indígenas del Putumayo solicitaron al Gobierno  la protección de sus territorios tras denunciar afectaciones de los mismos por cuenta de los proyectos extractivos y la presencia de actores armados ilegales.  En respuesta a la petición, este  martes se creó una comisión conformada por la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Restitución de Tierras, el Ministerio del Interior y el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para recoger la solicitud de los pueblos y proteger sus tierras.

Según explicó Alberto Brunori, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas paras los Derechos Humanos, los fenómenos como la minería, los cultivos de uso ilícito, la explotación de hidrocarburos y los enfrentamientos entre actores armados afectan los territorios de los indígenas y someten a estas poblaciones al despojo y al desplazamiento de sus tierras.

Lea: Con una comisión se busca proteger los territorios de los pueblos indígenas del Putumayo

Los quince pueblos indígenas del Putumayo son los awás, korebajus, emberas, embera-katíos, ingas, kamtsás, kofans, nasas, sionas, muruis, pastos, kichwas, yanaconas, pijaos y misaks. Según el Auto 004 de la Corte Constitucional, 13 de esas comunidades están en riesgo de desaparecer.

¿Cuál es la situación del territorio de las comunidades indígenas del Putumayo?

Es crítica por la llegada de la megaminería, tras la declaración del Putumayo como distrito minero. Además, las licencias ambientales otorgadas en el territorio, algunas dentro de los resguardos, para exploración y explotación han sido muy amplias y no fueron consultadas ni concertadas con las comunidades indígenas. Eso ha puesto en riesgo la vida cultural y física de los pueblos. Podríamos decir que las comunidades que ya están en vía de extinción, según el Auto 004 de la Corte Constitucional, hoy están es en vías de exterminio por la falta de valoración cultural hacia las comunidades y su invisibilización.

¿Dentro de los resguardos hay proyectos económicos ajenos a los pueblos indígenas?

Sí. Lo que pasa es que la Agencia Nacional de Tierras ha conformado resguardos indígenas e incluso ha ampliado el área de algunos de estos. El problema, además de que otras entidades han otorgado licencias desconociendo la existencia del resguardo, es que no se ha hecho el saneamiento de los territorios. Eso quiere decir que todavía dentro de los resguardos hay personas no indígenas que tienen escrituras y que muchas veces participan en actividades que dañan las tierras, como el narcotráfico, los cultivos de uso ilícito y la minería.

Lea: Identidades en vía de extinción

¿Cómo se refleja ese riesgo de extinción de las comunidades?

Es un exterminio cultural. Es decir, no es que las personas se estén exterminando. Lo que pasa es que los usos, costumbres y el arraigo tradicional indígena se relacionan con los territorios, y las afectaciones a estos perjudican la ancestralidad de los pueblos. Hoy, muchas personas de las comunidades han tenido que desplazarse por las afectaciones a las tierras, y ya se evidencia pérdida de costumbres ancestrales.

¿Las dinámicas del conflicto también afectan las comunidades?

Sí. Nuestras comunidades han sido víctimas de desplazamientos, confinamientos, reclutamiento de menores, homicidios, desapariciones, delitos sexuales y amenazas a líderes sociales. Todo esto también ha causado afectaciones a los derechos territoriales que garantizan la supervivencia de los pueblos indígenas.

¿Cuáles son los actores armados que hacen presencia en el territorio?

Aquí hay disidencias de las Farc y varias bacrim como las Águilas Negras, Los Rastrojos y La Constru. La ubicación del Putumayo es propicia para el contrabando por hacer parte del corredor hacia el Pacífico, pero además el bajo Putumayo, que es la región más afectada, es fronterizo con Perú y Ecuador y, por ende, conecta con el resto de Suramérica. Por eso los actores armados mantienen disputas allí y en medio de esa lucha terminan afectados los pueblos indígenas.

¿Hubo alguna transformación de la situación de violencia durante las negociaciones de paz o tras la firma del acuerdo?

Antes de las negociaciones se presentaba mucha violencia en el departamento. Durante las negociaciones se crea un ambiente de calma, pero las dificultades en la implementación de lo acordado hizo que las mismas disidencias de los grupos armados volvieran a influir sobre las regiones, trayendo violencia que afecta el derecho a la vida y el derecho territorial.

¿Qué esperan de la comisión que se instaló esta semana para la implementación y seguimiento de las medidas de protección territorial?

Quisiéramos que se tomen medidas para proteger nuestros territorios. Por un lado, que haya presencia institucional que nos proteja de las dinámicas del conflicto y que fortalezca nuestra guardia indígena. Por otro lado, pedimos que haya estudios a las afectaciones a nuestros pueblos y que seamos consultados antes de otorgar licencias para proyectos extractivistas que se realizan en el territorio. Quiero aclarar que no es que las comunidades indígenas seamos la piedra en el zapato para el desarrollo. Lo que queremos es ser consultadas para concertar estas iniciativas.

En Imágenes: Retratos de los pueblos indígenas de Colombia

¿Por qué no hubo consultas previas y concertaciones en el pasado?

Lo que pasa es que muchas veces las instituciones desconocen de los asentamientos y la existencia de las comunidades y por ello vulneran nuestros derechos. Todo viene del desorden que hay con el saneamiento de los resguardos, que hace que dentro de nuestros territorios haya personas que no son indígenas y que desarrollan actividades extractivas.

En mayo pasado, los 15 pueblos indígenas del Putumayo solicitaron al Gobierno  la protección de sus territorios tras denunciar afectaciones de los mismos por cuenta de los proyectos extractivos y la presencia de actores armados ilegales.  En respuesta a la petición, este  martes se creó una comisión conformada por la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Restitución de Tierras, el Ministerio del Interior y el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para recoger la solicitud de los pueblos y proteger sus tierras.

Según explicó Alberto Brunori, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas paras los Derechos Humanos, los fenómenos como la minería, los cultivos de uso ilícito, la explotación de hidrocarburos y los enfrentamientos entre actores armados afectan los territorios de los indígenas y someten a estas poblaciones al despojo y al desplazamiento de sus tierras.

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Los quince pueblos indígenas del Putumayo son los awás, korebajus, emberas, embera-katíos, ingas, kamtsás, kofans, nasas, sionas, muruis, pastos, kichwas, yanaconas, pijaos y misaks. Según el Auto 004 de la Corte Constitucional, 13 de esas comunidades están en riesgo de desaparecer.

¿Cuál es la situación del territorio de las comunidades indígenas del Putumayo?

Es crítica por la llegada de la megaminería, tras la declaración del Putumayo como distrito minero. Además, las licencias ambientales otorgadas en el territorio, algunas dentro de los resguardos, para exploración y explotación han sido muy amplias y no fueron consultadas ni concertadas con las comunidades indígenas. Eso ha puesto en riesgo la vida cultural y física de los pueblos. Podríamos decir que las comunidades que ya están en vía de extinción, según el Auto 004 de la Corte Constitucional, hoy están es en vías de exterminio por la falta de valoración cultural hacia las comunidades y su invisibilización.

¿Dentro de los resguardos hay proyectos económicos ajenos a los pueblos indígenas?

Sí. Lo que pasa es que la Agencia Nacional de Tierras ha conformado resguardos indígenas e incluso ha ampliado el área de algunos de estos. El problema, además de que otras entidades han otorgado licencias desconociendo la existencia del resguardo, es que no se ha hecho el saneamiento de los territorios. Eso quiere decir que todavía dentro de los resguardos hay personas no indígenas que tienen escrituras y que muchas veces participan en actividades que dañan las tierras, como el narcotráfico, los cultivos de uso ilícito y la minería.

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¿Cómo se refleja ese riesgo de extinción de las comunidades?

Es un exterminio cultural. Es decir, no es que las personas se estén exterminando. Lo que pasa es que los usos, costumbres y el arraigo tradicional indígena se relacionan con los territorios, y las afectaciones a estos perjudican la ancestralidad de los pueblos. Hoy, muchas personas de las comunidades han tenido que desplazarse por las afectaciones a las tierras, y ya se evidencia pérdida de costumbres ancestrales.

¿Las dinámicas del conflicto también afectan las comunidades?

Sí. Nuestras comunidades han sido víctimas de desplazamientos, confinamientos, reclutamiento de menores, homicidios, desapariciones, delitos sexuales y amenazas a líderes sociales. Todo esto también ha causado afectaciones a los derechos territoriales que garantizan la supervivencia de los pueblos indígenas.

¿Cuáles son los actores armados que hacen presencia en el territorio?

Aquí hay disidencias de las Farc y varias bacrim como las Águilas Negras, Los Rastrojos y La Constru. La ubicación del Putumayo es propicia para el contrabando por hacer parte del corredor hacia el Pacífico, pero además el bajo Putumayo, que es la región más afectada, es fronterizo con Perú y Ecuador y, por ende, conecta con el resto de Suramérica. Por eso los actores armados mantienen disputas allí y en medio de esa lucha terminan afectados los pueblos indígenas.

¿Hubo alguna transformación de la situación de violencia durante las negociaciones de paz o tras la firma del acuerdo?

Antes de las negociaciones se presentaba mucha violencia en el departamento. Durante las negociaciones se crea un ambiente de calma, pero las dificultades en la implementación de lo acordado hizo que las mismas disidencias de los grupos armados volvieran a influir sobre las regiones, trayendo violencia que afecta el derecho a la vida y el derecho territorial.

¿Qué esperan de la comisión que se instaló esta semana para la implementación y seguimiento de las medidas de protección territorial?

Quisiéramos que se tomen medidas para proteger nuestros territorios. Por un lado, que haya presencia institucional que nos proteja de las dinámicas del conflicto y que fortalezca nuestra guardia indígena. Por otro lado, pedimos que haya estudios a las afectaciones a nuestros pueblos y que seamos consultados antes de otorgar licencias para proyectos extractivistas que se realizan en el territorio. Quiero aclarar que no es que las comunidades indígenas seamos la piedra en el zapato para el desarrollo. Lo que queremos es ser consultadas para concertar estas iniciativas.

En Imágenes: Retratos de los pueblos indígenas de Colombia

¿Por qué no hubo consultas previas y concertaciones en el pasado?

Lo que pasa es que muchas veces las instituciones desconocen de los asentamientos y la existencia de las comunidades y por ello vulneran nuestros derechos. Todo viene del desorden que hay con el saneamiento de los resguardos, que hace que dentro de nuestros territorios haya personas que no son indígenas y que desarrollan actividades extractivas.