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En Riohacha solo hay un basurero para atender la demanda de los más de 295.000 habitantes que tiene la capital de La Guajira. Ese lugar recibe aproximadamente 150 toneladas de residuos cada día y se ubica en el kilómetro cinco, vía que conduce desde Riohacha a Valledupar. En el perímetro convergen 127 familias de cinco comunidades indígenas wayuus, quienes desde hace más de cuarenta años han tenido que adaptarse a los malos olores, el reciclaje sin medidas sanitarias y la mala disposición final de los residuos. Cansados de la situación, el pasado 26 de octubre las familias aledañas al botadero bloquearon la puerta principal como medida de protesta para ser escuchados por la Alcaldía de Riohacha, la Corporación Regional Autónoma de La Guajira (Corpoguajira) y la empresa prestadora del servicio de aseo, Interaseo.
El basurero de Riohacha ha funcionado históricamente como un botadero a cielo abierto. Y desde siempre ha sido motivo de reclamos por parte de las comunidades indígenas que habitan las zonas aledañas: El Cabrito, La Loma, El Manantial, Santa Clara 1 y Santa Clara 2. Sin embargo, el problema persiste sin una solución concreta. “El solo hecho de la existencia del basurero desequilibró algunas comunidades y afectó a los niños. Muchos de ellos dejaron la actividad económica tradicional (cría de animales) porque le daban más importancia ir a un basurero para recoger algún elemento que le sirviera en su comunidad”, explica Anastasio Espeleta, líder indígena de la comunidad wayuu painwashi, quien agrega que también han sufrido enfermedades en la piel.
La protesta liderada por las comunidades puso el problema a discusión en la administración municipal de Riohacha, desde donde aseguran que se están tomando cartas en el asunto. “Cinco comunidades aledañas al relleno sanitario hicieron unas peticiones. Nosotros llegamos hasta el lugar y con el alcalde, Interaseo y Corpoguajira, concretamos instalar una instancia de diálogo. El objetivo es llegar a la verdad de lo que está ocurriendo. Esa verdad que tiene varias voces e interpretaciones la llevamos a las mesas de trabajo”, menciona Miguel Pitre Ruiz, secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana de La Guajira.
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Desde 2007, la empresa Interaseo es la encargada de la recolección de basuras y disposición final de residuos. La concesión del contrato se les otorgó por un término de veinte años y el mismo establecía que la Alcaldía debía entregar un relleno sanitario. “Como no lo había, nos entregaron ese predio que funcionaba como un botadero a cielo abierto. Lo que hizo la compañía fue trabajar el sitio como si fuera un relleno sanitario, con toda la parte técnica y ambiental. Corpoguajira nos entregó un plan ambiental donde se establecieron todos los controles, monitoreos, análisis y entrega de informes trimestrales”, explica Mauricio Muriel, gerente de Interaseo en La Guajira.
De acuerdo con Corpoguajira, en octubre de este año se presentaron quejas verbales de la comunidad ante el gerente de la Corporación, por presuntas afectaciones ambientales. Dichas quejas se anexaron a un proceso sancionatorio en contra de esa empresa, que desde marzo de este año le abrió Corpoguajira por el tema de la disposición final de residuos. Hasta el momento se están cumpliendo las etapas procesales.
La entidad requirió al Distrito y a Interaseo presentar un plan de contingencia con acciones inmediatas, preventivas y correctivas. Entre las peticiones exigió drenajes de aguas perimetrales que podrían estar contaminadas con lixiviados y que llegan hasta los territorios indígenas; mitigar los olores, hacer control de moscas, ratas y aves carroñeras, y realizar trabajos en conjunto con los recicladores, entre otros puntos. El plan fue presentado, pero, según Corpoguajira, no ofrece soluciones concretas para mitigar la afectación a las comunidades.
“Según los resultados de la inspección ocular, producto de la queja interpuesta por la comunidad indígena Los Cabritos; secundada por las comunidades indígenas Santa Clara 1 y 2, Manantial y La Loma, es indudable que hay una afectación en las comunidades y a su entorno por la operación deficiente de la celda transitoria de disposición de residuos sólidos del distrito de Riohacha”, sostiene Samuel Lanao Robles, director de Corpoguajira, quien además menciona otros problemas como el drenaje de agua contaminada que llega hasta las fuentes hídricas.
Otra de las preocupaciones de las comunidades es que en la zona aledaña al basurero hay dos centros etnoeducativos. Cada sede alberga alrededor de 500 niños, quienes se exponen a la contaminación. “Debe haber una urgencia desde el Gobierno nacional para revisar ese tema. No hemos podido cuantificar cuántos niños wayuus han muerto. Todo elemento nuevo que llega a una comunidad tiene una repercusión. Por ejemplo, niños que no están acostumbrados a comer elementos de la basura, lo hacen”, asegura Espeleta.La reubicación del basurero es una de las alternativas que contempla el Distrito que tiene como meta pasar de un basurero a cielo abierto a un relleno sanitario. No obstante, en la zona en la que se ubicaría dicho relleno también hay comunidades indígenas que se oponen al proyecto. “Muchas comunidades hoy celebran que se trasladará el basurero; sin embargo, hay otras comunidades que no dejan. Se emitió una resolución en junio de 2018, donde está licenciado un lote para construcción del relleno. Razón por la que en este nuevo mandato distrital ese proyecto está dentro del Plan de Desarrollo. Ya las comunidades saben que se hará ese relleno. En la presentación del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) esperamos reunir a todas las comunidades indígenas y afrodescendientes”, asegura Keiser Sarmiento, secretario de Infraestructura de Riohacha.
La idea del nuevo relleno sanitario data de 2015. Y aunque el Distrito asegura que se va a construir, lo cierto es que el proyecto está en veremos. Las entidades a cargo (Corpoguajira y la Universidad Agraria) no han podido adelantar labores, porque las comunidades indígenas se oponen y el convenio entre las partes está en fase de liquidación, para que sea el Distrito quien tome cartas en el asunto. “Cómo todavía Corpoguajira y la Universidad Agraria tienen un convenio vigente, nosotros ni hemos dispuesto un proyecto como tal, pues estamos esperando que ellos resuelvan sus pleitos jurídicos. Luego esperamos poder entrar de manera técnica a definir lo que se va a hacer”, cuenta Fadner Fonseca, secretario de Planeación de Riohacha.
Las comunidades indígenas han aprendido a defender los territorios, pues no es la primera vez que discuten la construcción de un basurero. “A mediados de los años 90 tuvimos la oportunidad de conversar sobre el asunto y cuando se estaba tratando de estructurar el POT, no fue posible que las propuestas nuestras fueran escuchadas; sin embargo, estamos esperando cuando toca discutir el tema”, agrega Espeleta.Se espera que en los próximos días Corpoguajira se pronuncie respecto a los ajustes del plan de contingencia, luego de analizar los fundamentos jurídicos y las evidencias presentadas por el Distrito e Interaseo. Entre tanto, el distrito de Riohacha es el ente encargado de definir si siguen con la formalización del proyecto en el lote que ya tiene licencia ambiental o buscan otro lugar donde construir el relleno.
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