La palabra de una “marica” contra la de la Policía

Según la CIDH, la expectativa  de vida de las  mujeres trans en Latinoamérica es de 30 a 35 años. ¿Por qué las personas trans son tan vulnerables a la muerte?

La historia de Katia Trillos pone en evidencia el estrecho vínculo entre exclusión, discriminación y la corta expectativa de vida de las personas trans en Colombia. Su “odisea por ser y mostrarse como Dios y la naturaleza designaron que fuera”, como dice ella, comenzó en Ocaña, su ciudad natal, a la que añora regresar. Al graduarse de la Normal Superior no pudo cumplir su sueño de ejercer la docencia, ya que fue excluida por su expresión de género. Así que se capacitó para ser estilista y abrió un salón de belleza donde trabajó hasta julio de 2012, cuando un grupo paramilitar de la zona inició una campaña de limpieza social con panfletos que amenazaban con matar a las personas que estuvieran fuera de sus casas a altas horas de la noche. Las intimidaciones la obligaron a desplazarse a Bogotá.

Una amiga la invitó a ser trabajadora sexual en el norte de la capital. Desde su llegada al barrio Santa Paula ha sido víctima de violencia policial por parte de los patrulleros del CAI Navarra. En una de esas ocasiones, en diciembre de 2012, cuando esperaba a que sus clientes la recogieran en la calle 104 con carrera 15, dos policías motorizados la agredieron verbalmente y rociaron sobre su cuerpo una sustancia (al parecer, gas pimienta), que quemó sus senos, su abdomen y parte de sus brazos. En 2013, Katia denunció ante la Fiscalía siete hechos de violencia policial, y un fiscal adscrito a la Unidad de Delitos contra la Libertad Individual respondió que “esos eran actos de servicio” y replicó el caso a la justicia penal militar.

En consecuencia, se interpuso en el Consejo Superior de la Judicatura una solicitud de conflicto de competencias. Según Colombia Diversa, “no hay garantías de justicia para la víctima cuando son los policías quienes se investigan a sí mismos”, por eso debe ser la justicia ordinaria la encargada de juzgar las violaciones de derechos humanos. En este momento, la mujer espera la respuesta a la solicitud de medidas cautelares hecha ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las tres organizaciones que acompañan su caso: Colombia Diversa, Paiis y Parces.

Según la CIDH, la violencia y la discriminación contra niños, niñas y jóvenes trans comienza a temprana edad, cuando son expulsados de sus hogares, colegios y comunidades por expresar su identidad de género. A partir de ahí se ven enfrentados a la pobreza, la exclusión social y altas tasas de inaccesibilidad a la vivienda que los obligan a recurrir a economías informales altamente criminalizadas, como el trabajo sexual y el microtráfico. Como consecuencia, las mujeres trans son perfiladas por la policía como peligrosas y eso las hace más vulnerables al abuso policial, a la criminalización y a ser encarceladas.

“La exclusión dificulta el acceso al sistema de salud y a transformaciones corporales de calidad y médicamente supervisadas —necesarias para algunas personas trans en el proceso de construcción de sus identidades—, generando complicaciones de salud e incluso la muerte. Es así que el ciclo de pobreza y exclusión en el cual están inmersas las mujeres trans las hace más vulnerables a la muerte y a la violencia de parte de agentes estatales y no estatales”, afirma la CIDH en el comunicado del 20 de noviembre de 2015, donde urge a los estados a aumentar la expectativa de vida de las personas trans en América.

Según la CIDH, la expectativa  de vida de las  mujeres trans en Latinoamérica es de 30 a 35 años. ¿Por qué las personas trans son tan vulnerables a la muerte?

La historia de Katia Trillos pone en evidencia el estrecho vínculo entre exclusión, discriminación y la corta expectativa de vida de las personas trans en Colombia. Su “odisea por ser y mostrarse como Dios y la naturaleza designaron que fuera”, como dice ella, comenzó en Ocaña, su ciudad natal, a la que añora regresar. Al graduarse de la Normal Superior no pudo cumplir su sueño de ejercer la docencia, ya que fue excluida por su expresión de género. Así que se capacitó para ser estilista y abrió un salón de belleza donde trabajó hasta julio de 2012, cuando un grupo paramilitar de la zona inició una campaña de limpieza social con panfletos que amenazaban con matar a las personas que estuvieran fuera de sus casas a altas horas de la noche. Las intimidaciones la obligaron a desplazarse a Bogotá.

Una amiga la invitó a ser trabajadora sexual en el norte de la capital. Desde su llegada al barrio Santa Paula ha sido víctima de violencia policial por parte de los patrulleros del CAI Navarra. En una de esas ocasiones, en diciembre de 2012, cuando esperaba a que sus clientes la recogieran en la calle 104 con carrera 15, dos policías motorizados la agredieron verbalmente y rociaron sobre su cuerpo una sustancia (al parecer, gas pimienta), que quemó sus senos, su abdomen y parte de sus brazos. En 2013, Katia denunció ante la Fiscalía siete hechos de violencia policial, y un fiscal adscrito a la Unidad de Delitos contra la Libertad Individual respondió que “esos eran actos de servicio” y replicó el caso a la justicia penal militar.

En consecuencia, se interpuso en el Consejo Superior de la Judicatura una solicitud de conflicto de competencias. Según Colombia Diversa, “no hay garantías de justicia para la víctima cuando son los policías quienes se investigan a sí mismos”, por eso debe ser la justicia ordinaria la encargada de juzgar las violaciones de derechos humanos. En este momento, la mujer espera la respuesta a la solicitud de medidas cautelares hecha ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las tres organizaciones que acompañan su caso: Colombia Diversa, Paiis y Parces.

Según la CIDH, la violencia y la discriminación contra niños, niñas y jóvenes trans comienza a temprana edad, cuando son expulsados de sus hogares, colegios y comunidades por expresar su identidad de género. A partir de ahí se ven enfrentados a la pobreza, la exclusión social y altas tasas de inaccesibilidad a la vivienda que los obligan a recurrir a economías informales altamente criminalizadas, como el trabajo sexual y el microtráfico. Como consecuencia, las mujeres trans son perfiladas por la policía como peligrosas y eso las hace más vulnerables al abuso policial, a la criminalización y a ser encarceladas.

“La exclusión dificulta el acceso al sistema de salud y a transformaciones corporales de calidad y médicamente supervisadas —necesarias para algunas personas trans en el proceso de construcción de sus identidades—, generando complicaciones de salud e incluso la muerte. Es así que el ciclo de pobreza y exclusión en el cual están inmersas las mujeres trans las hace más vulnerables a la muerte y a la violencia de parte de agentes estatales y no estatales”, afirma la CIDH en el comunicado del 20 de noviembre de 2015, donde urge a los estados a aumentar la expectativa de vida de las personas trans en América.