Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Las novedades del sector automotor se presentaron la semana pasada en el Salón Internacional del Automóvil en Bogotá, uno de los eventos más importantes para el gremio en Colombia. Más de sesenta marcas exhibieron sus apuestas, lanzaron productos y, en especial, una de ellas llamó la atención por ser pionera en el terreno de los blindados: Blinapp, dedicada a la renta de carros blindados mediante una aplicación móvil. El desarrollo digital ha sido aplaudido por varios, pero también promete una discusión entre quienes no están contentos con su entrada al mercado nacional y hoy exponen sus críticas en el tema de la regulación.
La aplicación acaba de llegar a Colombia, pero hace algunos meses entró en funcionamiento por primera vez en México. Fue inscrita el pasado 24 de agosto ante la Cámara de Comercio de Bogotá como una sociedad de acciones simplificada con el nombre de Kevlara Colombia S.A.S. y las siglas Blinapp. Es una microempresa con capital de $5 millones y domicilio en un apartamento de un edificio del barrio Rosales. El gerente principal y único accionista es el empresario panameño Camilo Emilio Boyd Farach, consultor de seguridad de 35 años que vive en el vecino país y tiene negocios en el exterior relacionados con lo militar y la seguridad con su empresa Delta Boyd.
Blinapp se promociona como una red de autos blindados a la que cualquier persona puede acceder en tres pasos: instalar la app, crear un perfil y agregar un método de pago; indicar la fecha y el punto inicial y final del viaje, y esperar a que llegue el chofer con el vehículo. Aunque la primera impresión es que se trata de una app similar a Uber, pero de carros blindados, Luis Fernando Ramírez Restrepo, gerente suplente de la compañía, asegura que no se pueden confundir, pues el servicio que presta Blinapp es alquiler de carros y no transporte, y agrega que la reserva de viajes debe ser por un tiempo mínimo de 24 horas.
Los datos que los usuarios deben registrar son nombre, apellido, correo electrónico, número de identificación con una foto donde se vean los datos personales y firma, nacionalidad, teléfono y un contacto de emergencia. El costo del alquiler varía según el modelo de vehículo que se requiera y el tiempo de reserva. Por ejemplo, el trayecto de Bogotá a Villa de Leyva (Boyacá) en un carro sedán durante un día cuesta $1’480.000, y si se elige una camioneta Suv, el precio se eleva a $1’712.000. El usuario se compromete a usar el servicio para fines legales, por lo que está prohibido transportar materiales peligrosos o ilícitos y cometer infracciones de tránsito.
Ramírez explica, además, que los carros blindados no son propiedad de Blinapp, sino de la empresa blindadora Blinsecurity de Colombia Ltda., la más grande del país. Con ella se aliaron y es la empresa encargada de poner los vehículos con los choferes. “Blinapp no presta servicios de transporte, logística, ni funciona como una empresa de seguridad. Los servicios los prestan empresas contratistas independientes, aliados del mercado”, afirma la app en sus términos y condiciones.
Al ser una aplicación que renta vehículos y no presta servicio de transporte público, Blinapp no necesitó que el Ministerio de Transporte la habilitara como plataforma tecnológica. Tampoco necesitó tramitar permisos ante la Superintendencia de Vigilancia, porque Blinsecurity de Colombia Ltda. está avalada para alquilar y blindar vehículos, y la app es una especie de intermediaria en el servicio de alquiler. “La autoridad de tránsito deberá comprobar que el vehículo se encuentre destinado a prestar un servicio privado de transporte, razón por la cual, el mismo debe ser operado por la empresa arrendataria”, explicó el Ministerio de Transporte a este diario.
Expertos en el gremio de blindados criticaron el hecho de que la aplicación entrara de esta forma al mercado de Colombia, pues, según ellos, se desvirtúa la esencia de un carro blindado: la imperativa necesidad de seguridad, pues con Blinapp cualquier persona puede hacer uso de este. Criticaron, por ejemplo, que un particular debe esperar hasta seis meses mientras la Supervigilancia verifica que cumple con una decena de requisitos, entre los que se encuentra la demostración de un peligro de muerte o grave daño personal, por cuenta de su profesión, oficio o cargo.
“Esta aplicación hace que usted no tenga que pasar el filtro de la Supervigilancia. Solo le arriendan un vehículo con dar su nombre y cédula. ¿Para qué uno espera hasta seis meses solo para saber si puede tener un carro blindado que ahora se consigue en minutos? Hecha la regla, hecha la trampa”, afirmó una de las fuentes consultadas. La Supervigilancia es la entidad que decide qué personas pueden transitar en carros blindados y qué empresas pueden alquilar y blindar estos vehículos. Hoy están avaladas 59 compañías entre blindadoras y arrendadoras. El Espectador consultó a la Superintendencia, pero no dio respuesta.
Por su parte, Blinsecurity de Colombia Ltda. defiende el negocio. “Para arrendar un vehículo blindado, debemos cumplir con protocolos. Estudiamos el perfil de las personas: antecedentes, listas Clinton, Interpol, Policía, etc. Investigamos hasta cierto punto, porque no somos organismos de seguridad. La aplicación es buena. Cuando la persona se inscribe y llena sus datos personales, esa solicitud nos llega e inmediatamente empezamos los procesos de verificación. Aquí no se desvirtúa para nada el servicio de alquiler de un blindado”, afirma Carlos Cortés, vocero de la compañía.
Blinsecurity es la blindadora número uno del país, tiene ingresos por más de $57.000 millones y es una de las mayores contratistas del Estado, por medio de ministerios, gobernaciones, superintendencias y la Unidad Nacional de Protección (UNP). Hace unos años la empresa estuvo mencionada en el escándalo de un carrusel de coimas en la UNP y se anunció que la Fiscalía investigó si Blinsecurity pagó coimas para quedarse con contratos. “Esos procesos terminaron, no teníamos nada que ver; era un problema en la cuestión de los esquemas de protección, no tenían que ver con las empresas arrendadoras de blindados”, concluyó Cortés.