“La reintegración no es un proceso obligatorio”: Agencia Colombiana para la Reintegración

¿Cómo funciona el proceso de reintegración?

En los últimos 12 años se han desmovilizado 58 mil personas, de las cuales 48 mil –es decir, el 84%– se han acogido de forma voluntaria a este proceso con la ACR. De éstos, el 90% llegan afectados psicológicamente, y producto de la atención psicosocial, logramos que un 93% de ellos superen dificultades que podrían obstruir una reintegración colectiva, comunitaria, familiar, política y económica. El 75% de ellos están en condición de analfabetas y un 82% de ese grupo ha superado el analfabetismo.

¿Y cuál es su importancia?

Es la primera política pública que atiende a población en situación de vulnerabilidad. Hoy tenemos 9.600 desmovilizados que ya son ciudadanos con deberes y derechos. Además, tenemos 22 mil desmovilizados con básica primaria y 13.500 de ellos ya obtuvieron su bachillerato; 2.770 están estudiando educación superior. En el último año tenemos activos a 32 mil personas.

¿En qué ha consistido el proceso?

Es un proceso que venimos ejecutando desde hace 12 años y recoge la experiencia de procesos anteriores, así como experiencias internacionales, específicamente de Centroamérica, África y Asia. Es un modelo que ha venido evolucionando, al principio era asistencialista, hoy es más de una conexión humana con estas personas que dejan las armas y empiezan un tránsito hacia la civilidad.

¿Cómo ha evolucionado el proceso?

Arrancamos con un modelo de corto plazo, que estaba ligado a dar apoyo económico durante 18 o 24 meses, y entendimos que con plata no se reintegra. La gente se reintegra si realmente recibe educación, salud y formación para el trabajo, y así transformar sus habilidades y competencias para ser ciudadanos con derechos y con deberes. Luego tuvimos un modelo liderado por Frank Pearl, que no tenía límites en el tiempo. Con él desarrollamos conocimiento, pero empezaron a generarse abusos. En últimas, eso puede crear algunas dificultades, sobre todo porque los recursos son pocos. En 2009 definimos un nuevo marco regulatorio, en el que existían reglas de juego.

¿Qué le exigían?

La Agencia ha evaluado y tiene información sistemática de esta población desde el año 2005. Tenemos una capacidad de analizar y esto nos permite estar retroalimentando y adaptando la política pública a cada uno de los territorios y a cada uno de los contextos en donde estamos. Hoy tenemos un modelo que es acotado en el tiempo. Los desmovilizados reciben los beneficios producto del esfuerzo individual. Lo que ellos logran no es gracias a la agencia, es gracias a su esfuerzo personal, familiar, comunitario y colectivo, para ser sujetos cada vez más fuertes con una capacidad de transformar su realidad.

¿Cuánto tiempo se puede demorar este proceso?

Este es un proceso que se demora seis años como máximo, pero que se hace de acuerdo con las dinámicas, las realidades y las carencias de los desmovilizados. Por ejemplo: si recibimos a un universitario, que estuvo más en un cuadro político, pues con esa persona el proceso es más corto. La atención psicosocial es corta y el modelo educativo es inexistente, porque ya es bachiller y ya es universitario, y probablemente el tema de formación para el trabajo –que es el tercer componente importante, que hacemos de la mano con el Sena– tampoco resulte ser funcional. Entonces estamos hablando de un proceso de cinco meses o un año máximo.

¿Importa el estrato o la condición social para entrar a la ACR?

No, cualquiera puede entrar a la ACR, dependiendo de su criterio y voluntad. Este no es un proceso obligatorio, pero sí es importante decir que nuestro compromiso institucional es que donde haya un desmovilizado que esté en proceso de reintegración, nosotros tenemos que llegar con toda la oferta pública. Así es como hemos llegado a 860 municipios. Todo articulado con 28 entidades en el orden nacional.

¿Cuál es el presupuesto que ustedes van a tener?

En el presupuesto para el próximo año, como todo el Estado, tenemos una reducción presupuestal. En el caso que se llegue a un acuerdo y seamos nosotros los llamados a implementarlos en materia de normalización, habría posibilidades de adicionar dinero. Además, contamos con la cooperación y la solidaridad del mundo. Creo que en caso de que se logre un acuerdo con las Farc y con el Eln, el presupuesto, a pesar de tener una reducción, va a adaptarse a las necesidades.

¿Cuáles han sido los obstáculos?

Estigmatización. Esto sigue siendo una historia de buenos y malos, porque desafortunadamente acá hay una historia de exclusión y de pobreza. No quiero decir que toda la gente pobre utiliza la violencia, ni que la pobreza justifica la violencia. Hay unos factores de inequidad y amplios sectores de la sociedad que no han sido tan afectados por la violencia que son muy reticentes y tienen miedo. A ellos hemos logrado llegar. Hoy tenemos más de 650 empresas –entre ellas Éxito, Sodexo, Coca-Cola Femsa, Coltabaco, Fundación Carvajal, Postobón y Fenalco– vinculadas a través de diversos mecanismos, como el empleo. Pero también puede ser el encadenamiento productivo, la proveeduría, el voluntariado, los escenarios de prevención y reconciliación donde la empresa privada ha financiado y la vivienda. Hoy tenemos casi 9.500 desmovilizados trabajando en la formalidad, tenemos desmovilizados que están en un 46% en el contributivo. Solamente el 43% está en el subsidiado. Es decir, los desmovilizados están contribuyendo de la mano del sector privado y de las empresas.

¿Cómo se ha trabajado el tema de la estigmatización?

Primero, la sociedad debe entender que aquí hay una capacidad institucional no sólo de la Agencia, sino de muchas instituciones públicas y privadas que hemos venido trabajando juntas. Dos, que hay un proceso serio y riguroso de construir y transformar habilidades y competencias para que estos ciudadanos se puedan desempeñar. Y tres, que son tan colombianos como usted y como yo, que son personas de carne y hueso.

¿Cuáles son las estrategias que se han planteado para lograr educar a la sociedad sobre la reintegración?

Primero, dando ejemplo: la Agencia contrata directa e indirectamente a 120 desmovilizados. Segundo, estando muy abiertos a las críticas, a los cuestionamientos, estando dispuestos a los debates públicos. Y tercero, gracias al empuje y al esfuerzo de los desmovilizados que todos los días se levantan por mejorar a Colombia.

Va a llegar el momento en el que un desmovilizado pueda decir “yo fui guerrillero, yo fui paramilitar”...

Ya está pasando. En medios están saliendo desmovilizados a dar la cara, a contar sus historias y a demostrar que tienen sueños, dificultades y que son bonitos, feos, inteligentes. Que es lo que tiene el colombiano promedio.

¿Cuál es el principal reto del posconflicto?

Firmar la paz es sencillo, materializarla en el largo plazo y transformar las realidades en el territorio será complejo, pero posible. Y ahí creo que hay que aprovechar la institucionalidad que Colombia ha creado en los últimos 20 años, para transformarla de acuerdo con lo que plantean los acuerdos. No podemos arrancar de cero. En Colombia venimos construyendo el posconflicto desde hace por lo menos 20 o 25 años, con una experiencia que es muy valiosa y que el mundo la reconoce.

¿Qué medidas tomarán las entidades públicas?

Primero, entender que este es un desafío de todos, que esto no es un desafío del Gobierno Nacional. Hay que trabajar de la mano con los territorios, hacer planes que se construyan desde una visión de largo plazo, desde el territorio. Segundo, creo que este tendrá que ser un ejercicio donde los egos se dejen de lado, donde tengamos una visión de largo plazo que trascienda los períodos de gobierno y las visiones de los partidos políticos, que nos permitan proyectar para 2035 una Colombia reconciliada y en paz.

¿Las diferencias ideológicas pueden ser un obstáculo?

No necesariamente. Tener diversidad de opiniones complementa. Los comités de aplausos son nocivos para construir conocimiento, para construir sociedades. Acá desde la diferencia, desde la heterogeneidad –y que creo es la riqueza mayor que tiene Colombia– podemos construir una visión de país incluyente, que permita la equidad, la educación y la movilidad social.

¿Cómo trabajar con ese diverso mundo de víctimas, victimarios y problemáticas sociales?

Consideramos y hemos logrado ser un laboratorio de innovación social. Nosotros no solamente estamos pensando en el desmovilizado y su familia, estamos también pensando en las comunidades receptoras, en los pobres históricos, en las víctimas, en el fortalecimiento de las políticas públicas. Esto es un ejercicio de la sociedad que se tiene que encontrar con las diferencias, donde cada una es respetable y donde podamos ponernos de acuerdo sin utilizar la violencia como un recurso para resolver conflictos o para llegar a esos consensos.

¿Cuál es el gran papel de la ACR en el posconflicto?

Contamos con una capacidad de adaptarnos a las nuevas necesidades del país y los acuerdos. Estaremos al servicio del Estado y de la sociedad. Aprenderemos a atender a las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad.

¿Qué le falta al proceso?

Creo que este proceso ha avanzado como ninguno. Hay que decirlo con total claridad: ninguno de los procesos anteriores, de los 80 y 90, ha llegado al nivel que estamos hoy. Todavía falta el acuerdo: nada está acordado hasta que todo esté acodado. Pero creo que es un modelo que se ha hecho con responsabilidad.

¿Cómo ve el mundo este proceso?

Es absolutamente reconocido por la ONU, por el Banco Mundial y por los diferentes países como el proceso que ha logrado tener un referente y una capacidad más de largo plazo, más integral y donde hay unos resultados que han demostrado que podemos ayudar a romper ciclos de violencia y a romper las trampas de la pobreza.

* * *

Cifras de la desmovilización

58 mil personas, entre guerrilleros y paramilitares, se han desmovilizado en los últimos 12 años de conflicto.
48 mil de los desmovilizados han ingresado al proceso de acompañamiento que se adelanta desde la Agencia Colombiana de Reintegración.
90 por ciento de los desmovilizados llegan afectados psicológicamente. Gracias a la atención, 93% de ellos superan esas dificultades.
75 por ciento de las personas que ingresan a los procesos de reintegración son analfabetas. Hoy, el 82% de este grupo ya terminó la primaria.
2.770 personas que hacen parte de los procesos de reintegración de la ACR actualmente adelantan estudios en institutos de educación superior.

¿Cómo funciona el proceso de reintegración?

En los últimos 12 años se han desmovilizado 58 mil personas, de las cuales 48 mil –es decir, el 84%– se han acogido de forma voluntaria a este proceso con la ACR. De éstos, el 90% llegan afectados psicológicamente, y producto de la atención psicosocial, logramos que un 93% de ellos superen dificultades que podrían obstruir una reintegración colectiva, comunitaria, familiar, política y económica. El 75% de ellos están en condición de analfabetas y un 82% de ese grupo ha superado el analfabetismo.

¿Y cuál es su importancia?

Es la primera política pública que atiende a población en situación de vulnerabilidad. Hoy tenemos 9.600 desmovilizados que ya son ciudadanos con deberes y derechos. Además, tenemos 22 mil desmovilizados con básica primaria y 13.500 de ellos ya obtuvieron su bachillerato; 2.770 están estudiando educación superior. En el último año tenemos activos a 32 mil personas.

¿En qué ha consistido el proceso?

Es un proceso que venimos ejecutando desde hace 12 años y recoge la experiencia de procesos anteriores, así como experiencias internacionales, específicamente de Centroamérica, África y Asia. Es un modelo que ha venido evolucionando, al principio era asistencialista, hoy es más de una conexión humana con estas personas que dejan las armas y empiezan un tránsito hacia la civilidad.

¿Cómo ha evolucionado el proceso?

Arrancamos con un modelo de corto plazo, que estaba ligado a dar apoyo económico durante 18 o 24 meses, y entendimos que con plata no se reintegra. La gente se reintegra si realmente recibe educación, salud y formación para el trabajo, y así transformar sus habilidades y competencias para ser ciudadanos con derechos y con deberes. Luego tuvimos un modelo liderado por Frank Pearl, que no tenía límites en el tiempo. Con él desarrollamos conocimiento, pero empezaron a generarse abusos. En últimas, eso puede crear algunas dificultades, sobre todo porque los recursos son pocos. En 2009 definimos un nuevo marco regulatorio, en el que existían reglas de juego.

¿Qué le exigían?

La Agencia ha evaluado y tiene información sistemática de esta población desde el año 2005. Tenemos una capacidad de analizar y esto nos permite estar retroalimentando y adaptando la política pública a cada uno de los territorios y a cada uno de los contextos en donde estamos. Hoy tenemos un modelo que es acotado en el tiempo. Los desmovilizados reciben los beneficios producto del esfuerzo individual. Lo que ellos logran no es gracias a la agencia, es gracias a su esfuerzo personal, familiar, comunitario y colectivo, para ser sujetos cada vez más fuertes con una capacidad de transformar su realidad.

¿Cuánto tiempo se puede demorar este proceso?

Este es un proceso que se demora seis años como máximo, pero que se hace de acuerdo con las dinámicas, las realidades y las carencias de los desmovilizados. Por ejemplo: si recibimos a un universitario, que estuvo más en un cuadro político, pues con esa persona el proceso es más corto. La atención psicosocial es corta y el modelo educativo es inexistente, porque ya es bachiller y ya es universitario, y probablemente el tema de formación para el trabajo –que es el tercer componente importante, que hacemos de la mano con el Sena– tampoco resulte ser funcional. Entonces estamos hablando de un proceso de cinco meses o un año máximo.

¿Importa el estrato o la condición social para entrar a la ACR?

No, cualquiera puede entrar a la ACR, dependiendo de su criterio y voluntad. Este no es un proceso obligatorio, pero sí es importante decir que nuestro compromiso institucional es que donde haya un desmovilizado que esté en proceso de reintegración, nosotros tenemos que llegar con toda la oferta pública. Así es como hemos llegado a 860 municipios. Todo articulado con 28 entidades en el orden nacional.

¿Cuál es el presupuesto que ustedes van a tener?

En el presupuesto para el próximo año, como todo el Estado, tenemos una reducción presupuestal. En el caso que se llegue a un acuerdo y seamos nosotros los llamados a implementarlos en materia de normalización, habría posibilidades de adicionar dinero. Además, contamos con la cooperación y la solidaridad del mundo. Creo que en caso de que se logre un acuerdo con las Farc y con el Eln, el presupuesto, a pesar de tener una reducción, va a adaptarse a las necesidades.

¿Cuáles han sido los obstáculos?

Estigmatización. Esto sigue siendo una historia de buenos y malos, porque desafortunadamente acá hay una historia de exclusión y de pobreza. No quiero decir que toda la gente pobre utiliza la violencia, ni que la pobreza justifica la violencia. Hay unos factores de inequidad y amplios sectores de la sociedad que no han sido tan afectados por la violencia que son muy reticentes y tienen miedo. A ellos hemos logrado llegar. Hoy tenemos más de 650 empresas –entre ellas Éxito, Sodexo, Coca-Cola Femsa, Coltabaco, Fundación Carvajal, Postobón y Fenalco– vinculadas a través de diversos mecanismos, como el empleo. Pero también puede ser el encadenamiento productivo, la proveeduría, el voluntariado, los escenarios de prevención y reconciliación donde la empresa privada ha financiado y la vivienda. Hoy tenemos casi 9.500 desmovilizados trabajando en la formalidad, tenemos desmovilizados que están en un 46% en el contributivo. Solamente el 43% está en el subsidiado. Es decir, los desmovilizados están contribuyendo de la mano del sector privado y de las empresas.

¿Cómo se ha trabajado el tema de la estigmatización?

Primero, la sociedad debe entender que aquí hay una capacidad institucional no sólo de la Agencia, sino de muchas instituciones públicas y privadas que hemos venido trabajando juntas. Dos, que hay un proceso serio y riguroso de construir y transformar habilidades y competencias para que estos ciudadanos se puedan desempeñar. Y tres, que son tan colombianos como usted y como yo, que son personas de carne y hueso.

¿Cuáles son las estrategias que se han planteado para lograr educar a la sociedad sobre la reintegración?

Primero, dando ejemplo: la Agencia contrata directa e indirectamente a 120 desmovilizados. Segundo, estando muy abiertos a las críticas, a los cuestionamientos, estando dispuestos a los debates públicos. Y tercero, gracias al empuje y al esfuerzo de los desmovilizados que todos los días se levantan por mejorar a Colombia.

Va a llegar el momento en el que un desmovilizado pueda decir “yo fui guerrillero, yo fui paramilitar”...

Ya está pasando. En medios están saliendo desmovilizados a dar la cara, a contar sus historias y a demostrar que tienen sueños, dificultades y que son bonitos, feos, inteligentes. Que es lo que tiene el colombiano promedio.

¿Cuál es el principal reto del posconflicto?

Firmar la paz es sencillo, materializarla en el largo plazo y transformar las realidades en el territorio será complejo, pero posible. Y ahí creo que hay que aprovechar la institucionalidad que Colombia ha creado en los últimos 20 años, para transformarla de acuerdo con lo que plantean los acuerdos. No podemos arrancar de cero. En Colombia venimos construyendo el posconflicto desde hace por lo menos 20 o 25 años, con una experiencia que es muy valiosa y que el mundo la reconoce.

¿Qué medidas tomarán las entidades públicas?

Primero, entender que este es un desafío de todos, que esto no es un desafío del Gobierno Nacional. Hay que trabajar de la mano con los territorios, hacer planes que se construyan desde una visión de largo plazo, desde el territorio. Segundo, creo que este tendrá que ser un ejercicio donde los egos se dejen de lado, donde tengamos una visión de largo plazo que trascienda los períodos de gobierno y las visiones de los partidos políticos, que nos permitan proyectar para 2035 una Colombia reconciliada y en paz.

¿Las diferencias ideológicas pueden ser un obstáculo?

No necesariamente. Tener diversidad de opiniones complementa. Los comités de aplausos son nocivos para construir conocimiento, para construir sociedades. Acá desde la diferencia, desde la heterogeneidad –y que creo es la riqueza mayor que tiene Colombia– podemos construir una visión de país incluyente, que permita la equidad, la educación y la movilidad social.

¿Cómo trabajar con ese diverso mundo de víctimas, victimarios y problemáticas sociales?

Consideramos y hemos logrado ser un laboratorio de innovación social. Nosotros no solamente estamos pensando en el desmovilizado y su familia, estamos también pensando en las comunidades receptoras, en los pobres históricos, en las víctimas, en el fortalecimiento de las políticas públicas. Esto es un ejercicio de la sociedad que se tiene que encontrar con las diferencias, donde cada una es respetable y donde podamos ponernos de acuerdo sin utilizar la violencia como un recurso para resolver conflictos o para llegar a esos consensos.

¿Cuál es el gran papel de la ACR en el posconflicto?

Contamos con una capacidad de adaptarnos a las nuevas necesidades del país y los acuerdos. Estaremos al servicio del Estado y de la sociedad. Aprenderemos a atender a las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad.

¿Qué le falta al proceso?

Creo que este proceso ha avanzado como ninguno. Hay que decirlo con total claridad: ninguno de los procesos anteriores, de los 80 y 90, ha llegado al nivel que estamos hoy. Todavía falta el acuerdo: nada está acordado hasta que todo esté acodado. Pero creo que es un modelo que se ha hecho con responsabilidad.

¿Cómo ve el mundo este proceso?

Es absolutamente reconocido por la ONU, por el Banco Mundial y por los diferentes países como el proceso que ha logrado tener un referente y una capacidad más de largo plazo, más integral y donde hay unos resultados que han demostrado que podemos ayudar a romper ciclos de violencia y a romper las trampas de la pobreza.

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Cifras de la desmovilización

58 mil personas, entre guerrilleros y paramilitares, se han desmovilizado en los últimos 12 años de conflicto.
48 mil de los desmovilizados han ingresado al proceso de acompañamiento que se adelanta desde la Agencia Colombiana de Reintegración.
90 por ciento de los desmovilizados llegan afectados psicológicamente. Gracias a la atención, 93% de ellos superan esas dificultades.
75 por ciento de las personas que ingresan a los procesos de reintegración son analfabetas. Hoy, el 82% de este grupo ya terminó la primaria.
2.770 personas que hacen parte de los procesos de reintegración de la ACR actualmente adelantan estudios en institutos de educación superior.