La última carta de los Nule

El hecho de que los Nule estén hoy viviendo de “la caridad” de sus familiares más cercanos es algo que se le podría atribuir a la Superintendencia de Sociedades. La entidad, sin calcularlo, les dañó la última maniobra con la que los polémicos empresarios pretendían escapar de sus obligaciones financieras y asegurar su salvación económica.

La Supersociedades rechazó el año pasado la reorganización de sus empresas y, de paso, echó al traste lo que parecía el negocio redondo que los Nule habían firmado con Inversiones La Cabrera Colombia SAS, el pasado 19 de junio, en el que ambos ganaban por punta y punta.

La transacción consistía en que los empresarios le entregaban a La Cabrera todas sus sociedades, sus propiedades, su maquinaria para obras civiles, sus vehículos y les cedían los 25 contratos de obras e interventoría que adelantaban en el país, que sumaban recursos por casi $1,2 billones.

Con esto, los inversionistas, en representación de Quantex y Arco (principales acreedores de los Nule), recuperaban de alguna manera los casi $90 mil millones que les habían prestado a los Nule y, de paso, se hacían a un conglomerado de sociedades involucrado en importantes proyectos como las obras de la calle 26, la doble calzada Bogotá-Girardot y la participación en el negocio de servicios públicos.

Pero los empresarios no se quedaban con las manos vacías. Como retribución recibirían casi US$15 millones en cuotas mensuales a tres años y la tranquilidad de que otros asumirían las deudas con sus acreedores y ganancias aseguradas, equivalentes al 25% de las acciones del imperio que construyeron, sin necesidad de aparecer como dueños. Como ñapa, podían ser asesores de la nueva sociedad e, incluso, seguir haciendo negocios.

El contrato era redondo y justo a tiempo, pues se concretaba en los albores del escándalo de corrupción y de quiebra que rodeaba a todas sus sociedades, consorcios y empresas de los Nule.

Las condiciones quedaron en un documento confidencial que reveló el pasado viernes la W Radio. Se trata de un contrato de compraventa de las acciones que se debía concretar el 25 de junio y en el que dejaron consignadas las condiciones, montos, plazos, obligaciones y formas de pago.

De igual manera, el documento contaba con una carta de compromiso, encabezada con el título “Estrictamente confidencial”, en el que Inversiones La Cabrera Colombia se comprometía a buscar un acuerdo de pago “respecto a las deudas de las sociedades MNS S. A., Gas Kpital GR S. A. Bitácora Soluciones y Cía. Ltda., Aguas del Alto Magdalena ESP y Aguas Kpital S. A. ESP”, que sumaban para ese momento casi $43 mil millones. En la misma carta se especificaban las personas con las que debían llegar a un acuerdo de pago. Además, se comprometía a tratar de salvar del remate las fincas Santa Ángela, de las sociedad agropecuaria Golfo de Morrosquillo S. A., La Canaria y Lote Tolú.

Toda la negociación estaba supeditada a un requisito: la autorización para someter legalmente sus empresas al proceso de reorganización, el cual intentaron en varias oportunidades el año pasado. Este trámite se hace cuando una sociedad se encuentra insolvente y ha dejado de pagarles a sus clientes. En caso de ser aprobado, se pueden hacer acuerdos de pagos con sus acreedores sin la necesidad de liquidar las empresas.

El primer intento lo hicieron los Nule el 5 de marzo del año pasado, demostrando que ya estaban reventados financieramente. Sin embargo, un mes después vino el primer rechazo de la Superintendencia por falta de documentos que acreditaran la insolvencia. Fue la primera muestra del caos contable de las sociedades.

El 14 de mayo, un mes después del rechazo y a casi uno de la negociación con los inversionistas, hicieron de nuevo la petición. El 23 de junio, cuatro días después de firmar el contrato con La Cabrera, la Superintendencia dijo que revisarían sus estados contables para decidir, pero al comenzar encontraron trabas.

Las empresas de los Nule, ahora en cabeza de los inversionistas, retiraron la solicitud el 25 de agosto. Ya habían empezado gestiones y su misión era inyectar capital para sacar a flote las sociedades y concretar el negocio.

La actuación de los inversionistas quedó comprobada cuando a la asamblea de accionistas, convocada para el 27 de agosto del año pasado y a la que asistieron delegados de la Superintendencia, se presentó María Juliana Pérez Hidalgo, quien dijo representar a los nuevos accionistas. “Manifestó que los socios son fondos de capital y que se habían apropiado de las compañías, en atención a que éstas incumplieron con las obligaciones que tenían con dichos fondos”, dice un documento de la Supersociedades.

Pero reventó el escándalo de corrupción, incumplimiento y la quiebra de los Nule. El 3 de septiembre, Covalsa Factoring S. A. S., uno de los acreedores de los empresarios, elevó una petición a la Supersociedades para que analizara una reorganización o la liquidación de todas las empresas del Grupo Nule.

Tras una inspección estricta y la recopilación de los antecedentes de las empresas en 2010, ratificaron el caos financiero y a finales del año se ordenó la liquidación judicial.

Se conoció un texto publicado en el blog “losnuleresponden.com”, en el que ellos indicaron que sí tuvieron intención de pagar a los acreedores y mencionaron en el contrato con La Cabrera la propuesta de inversionistas que “ofrecían hacerse cargo de las operaciones del grupo, con el fin de inyectarle el capital necesario para sanear las finanzas y salvar sus operaciones… Con los activos que tenía la empresa era posible saldar deudas por casi $500 mil millones”, decían.

Por su parte, el pasado viernes, Alberto Hernández, representante de los inversionistas que negociaron con los Nule, salió al paso y señaló que nunca fueron socios, sino “contrapartes en una operación que les costó a los fondos cerca de US$40 millones”.

Aceptó que los fondos de inversión invirtieron $85 mil millones en la concesión Bogotá-Girardot y que, ante el incumplimiento, buscaron soluciones para recuperar su dinero. “Ante la poca colaboración para obtener información creíble (de sus estados financieros), tuvimos que celebrar contratos que nos permitieran acceso a los estados contables”.

En su comunicado, negó haber entregado dinero a los Nule y que cualquier pago pactado terminó con la orden del Gobierno de liquidar todas sus empresas.

Algunos acreedores de los Nule

 En una de las últimas  jugadas de los Nule les dieron instrucciones a los inversionistas que pretendían comprar sus sociedades de a quién, cuánto y cómo pagarles a algunos de sus acreedores. Estos son algunos de los que estuvieron en la lista que entregaron a La Cabrera:

Acuerdo de pago máximo a seis meses:

Carlos Gutiérrez, $6.100 millones.

 Acuerdo de pago máximo a cinco años:

 Char Abdalah, $17 mil millones.

  Carlos Náder, $7.460 millones.

  Grupo Tulena (Julio César Tulena, José Guerra Tulena y Viviana de los Ríos), $6.120 millones.

 Mauricio Grossmann, $2.200 millones.

  Acuerdo de pago a máximo dos años:

 Pablo Samur, $765 millones.

 María Clara Quintero, $245 millones.

 Carlos Estorino, $70 millones.

 Paola Erazo, $340 millones.

 Marina Amín, $280 millones.

 Alfredo Olivares, $55 millones.

 Albeiro Galindo, $80 millones.

 Héctor Vergara, $100 millones.

 Gloria Vergara, $45 millones.

 Mauricio Galofre, $211 millones.

 Jorge García, $130 millones.

 Elba Barrera, $308 millones.

 Antonio Rodríguez, $68 millones.

 Viviana Nule, $250 millones.

 Andrés Obregón, $900 millones.