La violencia que el pueblo awá ya no aguanta más

La incertidumbre que ronda dentro de los resguardos de la comunidad awá en Nariño no es menor. La semana pasada, cuando Juan Orlando Moreano, gobernador suplente del resguardo Inda Sabaleta, se movilizaba en su vehículo, fue interceptado por 10 hombres que dispararon directamente contra él, cuando intentó entablar un diálogo. Lo asesinaron junto a dos de sus guardespaldas y dejaron heridas a otras cinco personas que se encontraban en la zona.

“Era una persona sumamente alegre, con la broma por delante y con una actitud positiva siempre. No sé cómo hacía, pero tenía la autoridad para liderar a las 1.600 personas que integran la Guardia, así como era muy cercano a los procesos de niñez y juventud, para evitar el reclutamiento”, cuenta un de los líderes awás de la zona sobre Moreano.

Junto al gobernador quedaron John Faver Nastacuas y Carlos José García, quienes eran sus guardaespaldas. “A Juan, la UNP (Unidad Nacional de Protección) le había dado un esquema de protección diferencial, en el que los mismos indígenas son los guardias. Ellos dieron su vida defendiéndolo”, señala el comunero.

Con este caso, ya son 56 los indígenas de esta comunidad asesinados desde la firma del Acuerdo, según Indepaz. Lo preocupante para sus líderes es que pese a que hay una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo de 2019, por lo menos tres fallos de la Corte Constitucional que exigen salvaguardar la etnia y medidas cautelares de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), el ataque a esta comunidad, que integran alrededor de 25.000 personas, siga tan latente con el paso de los años.

La amenaza prácticamente se centra en su ubicación geográfica, y es que los 32 resguardos que representa la organización Unipa (Unidad Indígena del Pueblo Awá) y el cabildo mayor awá (Camawari), se encuentran distribuidos entre los municipios de Tumaco, Barbacoas, Roberto Payán y Samaniego. Estos se dividen en tres grupos que se identifican por su cercanía con el mundo occidental, de tal forma que el 20 % se encuentran en el margen izquierda del río Güiza y se ocupan de las labores del campo; el segundo, que es el 50 %, está entre Barbacoas y el sur de Llorente, en Tumaco, y dependen de la venta de lo que siembran, mientras que el restante 30 % se concentra en zonas de difícil acceso en Cungupí (límite con Ecuador) y el río Nulpe.

Aquí está la clave, y es que este es un pueblo binacional, que está en zona de frontera y además tiene salida por el océano Pacífico. “Es una zona atractiva por la biodiversidad, pero también porque las comunidades han conservado las selvas de Tumaco y Barbacoas por mucho tiempo, las cuales son una posición estratégica que está en disputa por los actores armados. En medio de eso han ocurrido 12 masacres y la violencia ha incrementado. El mayor ejemplo fue en 2020, en el que registramos 114 hechos victimizantes como asesinatos, amenazas, confinamientos, desplazamientos forzados, hostigamientos y siembra de minas antipersonales”, indicó el líder.

Esto mismo lo corrobora Leonardo González, director de Indepaz, quien señala que en este momento el grupo delincuencial los Contadores, quienes prestan seguridad al narcotráfico, en alianza con la Segunda Marquetalia, estaría buscando expandirse, desde finales de 2021, hacia Ecuador, por lo que han estado atacando a la comunidad indígena que se resiste a darles vía libre por su territorio.

“Hay enfrentamientos de diferentes grupos e intenciones de tener el control territorial y social, que incluye controlar la comunidad, tener unas normas internas que les permitan tener el poder, como poner o quitar gobernadores y restringir las horas en que se movilizan. El reclutamiento siempre ha estado, en especial en niños, niñas y adolescentes, no tanto como en el Chocó, pero sí es una de las formas de intimidación en la zona”, dijo González.

Desde la Gobernación de Nariño afirman que desde el primer momento se ha hecho acompañamiento a los awás y se establecieron mesas en las que se hicieron compromisos, así como se activaron rutas de protección. “Hemos acompañado a las comunidades siempre. En la zona se han suscitado hechos muy violentos. En 2020 hubo más de 20 asesinatos y este año van más de siete, por lo que se ha solicitado seguridad, sino que como son espacios ancestrales se deben dar diálogos con las autoridades para concertar el ingreso de la Fuerza Pública”, dijo Amílcar Pantoja, secretario de Gobierno de Nariño.

Para el líder awá, se requieren acciones contundentes, pues mientras se realizaba la siembra (entierro) de los indígenas asesinados, asegura que hubo intimidaciones muy cerca de donde se encontraba la minga humanitaria que se estableció, mientras que este fin de semana integrantes de grupos armados sacaron a dos indígenas en el resguardo de Piedra Sellada. “Las autoridades señalan que han activado todas las rutas, pero no vemos acompañamiento humanitario, ni planes para cumplir con, por ejemplo, el plan de salvaguarda que les exigió la Corte”.

Para González, lo que se requiere es una política de seguridad macro y voluntad política. “Hay que cumplir con el Acuerdo de Paz en su cabalidad, porque no se puede hablar de seguridad sin el punto de cultivos ilícitos, además, a estas zonas hay que llegar con todo el Estado, no solo la Fuerza Pública. A estas zonas se demora en llegar la Fiscalía y con ello la justicia”.

Mientras Pantoja resalta que el miércoles llegará una comisión humanitaria al territorio y el jueves, en Roberto Payán, se hará el lanzamiento de los diálogos regionales del nuevo gobierno, que encabezará Jorge Rojas. Se espera que una comisión del Ciprat (Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas Para la Respuesta Rápida) de la Defensoría del Pueblo también haga presencia en la región para evaluar la respuesta a la violencia que se había advertido. A la par, líderes awás están llegando desde ayer a Bogotá con la intención de hacer visibles sus denuncias, pues no solo se trata del asesinato de los últimos días, sino de la integridad de la comunidad que vive en medio del conflicto.

La incertidumbre que ronda dentro de los resguardos de la comunidad awá en Nariño no es menor. La semana pasada, cuando Juan Orlando Moreano, gobernador suplente del resguardo Inda Sabaleta, se movilizaba en su vehículo, fue interceptado por 10 hombres que dispararon directamente contra él, cuando intentó entablar un diálogo. Lo asesinaron junto a dos de sus guardespaldas y dejaron heridas a otras cinco personas que se encontraban en la zona.

“Era una persona sumamente alegre, con la broma por delante y con una actitud positiva siempre. No sé cómo hacía, pero tenía la autoridad para liderar a las 1.600 personas que integran la Guardia, así como era muy cercano a los procesos de niñez y juventud, para evitar el reclutamiento”, cuenta un de los líderes awás de la zona sobre Moreano.

Junto al gobernador quedaron John Faver Nastacuas y Carlos José García, quienes eran sus guardaespaldas. “A Juan, la UNP (Unidad Nacional de Protección) le había dado un esquema de protección diferencial, en el que los mismos indígenas son los guardias. Ellos dieron su vida defendiéndolo”, señala el comunero.

Con este caso, ya son 56 los indígenas de esta comunidad asesinados desde la firma del Acuerdo, según Indepaz. Lo preocupante para sus líderes es que pese a que hay una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo de 2019, por lo menos tres fallos de la Corte Constitucional que exigen salvaguardar la etnia y medidas cautelares de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), el ataque a esta comunidad, que integran alrededor de 25.000 personas, siga tan latente con el paso de los años.

La amenaza prácticamente se centra en su ubicación geográfica, y es que los 32 resguardos que representa la organización Unipa (Unidad Indígena del Pueblo Awá) y el cabildo mayor awá (Camawari), se encuentran distribuidos entre los municipios de Tumaco, Barbacoas, Roberto Payán y Samaniego. Estos se dividen en tres grupos que se identifican por su cercanía con el mundo occidental, de tal forma que el 20 % se encuentran en el margen izquierda del río Güiza y se ocupan de las labores del campo; el segundo, que es el 50 %, está entre Barbacoas y el sur de Llorente, en Tumaco, y dependen de la venta de lo que siembran, mientras que el restante 30 % se concentra en zonas de difícil acceso en Cungupí (límite con Ecuador) y el río Nulpe.

Aquí está la clave, y es que este es un pueblo binacional, que está en zona de frontera y además tiene salida por el océano Pacífico. “Es una zona atractiva por la biodiversidad, pero también porque las comunidades han conservado las selvas de Tumaco y Barbacoas por mucho tiempo, las cuales son una posición estratégica que está en disputa por los actores armados. En medio de eso han ocurrido 12 masacres y la violencia ha incrementado. El mayor ejemplo fue en 2020, en el que registramos 114 hechos victimizantes como asesinatos, amenazas, confinamientos, desplazamientos forzados, hostigamientos y siembra de minas antipersonales”, indicó el líder.

Esto mismo lo corrobora Leonardo González, director de Indepaz, quien señala que en este momento el grupo delincuencial los Contadores, quienes prestan seguridad al narcotráfico, en alianza con la Segunda Marquetalia, estaría buscando expandirse, desde finales de 2021, hacia Ecuador, por lo que han estado atacando a la comunidad indígena que se resiste a darles vía libre por su territorio.

“Hay enfrentamientos de diferentes grupos e intenciones de tener el control territorial y social, que incluye controlar la comunidad, tener unas normas internas que les permitan tener el poder, como poner o quitar gobernadores y restringir las horas en que se movilizan. El reclutamiento siempre ha estado, en especial en niños, niñas y adolescentes, no tanto como en el Chocó, pero sí es una de las formas de intimidación en la zona”, dijo González.

Desde la Gobernación de Nariño afirman que desde el primer momento se ha hecho acompañamiento a los awás y se establecieron mesas en las que se hicieron compromisos, así como se activaron rutas de protección. “Hemos acompañado a las comunidades siempre. En la zona se han suscitado hechos muy violentos. En 2020 hubo más de 20 asesinatos y este año van más de siete, por lo que se ha solicitado seguridad, sino que como son espacios ancestrales se deben dar diálogos con las autoridades para concertar el ingreso de la Fuerza Pública”, dijo Amílcar Pantoja, secretario de Gobierno de Nariño.

Para el líder awá, se requieren acciones contundentes, pues mientras se realizaba la siembra (entierro) de los indígenas asesinados, asegura que hubo intimidaciones muy cerca de donde se encontraba la minga humanitaria que se estableció, mientras que este fin de semana integrantes de grupos armados sacaron a dos indígenas en el resguardo de Piedra Sellada. “Las autoridades señalan que han activado todas las rutas, pero no vemos acompañamiento humanitario, ni planes para cumplir con, por ejemplo, el plan de salvaguarda que les exigió la Corte”.

Para González, lo que se requiere es una política de seguridad macro y voluntad política. “Hay que cumplir con el Acuerdo de Paz en su cabalidad, porque no se puede hablar de seguridad sin el punto de cultivos ilícitos, además, a estas zonas hay que llegar con todo el Estado, no solo la Fuerza Pública. A estas zonas se demora en llegar la Fiscalía y con ello la justicia”.

Mientras Pantoja resalta que el miércoles llegará una comisión humanitaria al territorio y el jueves, en Roberto Payán, se hará el lanzamiento de los diálogos regionales del nuevo gobierno, que encabezará Jorge Rojas. Se espera que una comisión del Ciprat (Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas Para la Respuesta Rápida) de la Defensoría del Pueblo también haga presencia en la región para evaluar la respuesta a la violencia que se había advertido. A la par, líderes awás están llegando desde ayer a Bogotá con la intención de hacer visibles sus denuncias, pues no solo se trata del asesinato de los últimos días, sino de la integridad de la comunidad que vive en medio del conflicto.