#LaJusticiaNoPara en tiempos de crisis

Con la convicción de que este es un momento de aprendizaje y oportunidad, el 23 de marzo de 2020 surgió la campaña #LaJusticiaNoPara, como una voz de esperanza y de transformación de la cultura, con el fin fortalecer el acceso a la justicia, aún en tiempos de crisis, promover la cultura de paz y prevenir el resurgimiento de nuevas violencias. (Así puede conciliar contratos de arriendo a raíz de la pandemia).

La lidera la Fundación Liborio Mejía y la apoya la Federación Colombiana de Centros de Conciliación (Fedecentros MASC). Pensada como una iniciativa de carácter nacional, se han unido más de 2.000 personas de diez países y 31 conferencistas de Colombia, Argentina, Bolivia, Chile, Estados Unidos y España, en el desarrollo de 27 conferencias, el Seminario Internacional para la Transformación de los Conflictos y el Acceso a la Justicia, y el Congreso Nacional e Internacional de Insolvencia de Persona Natural no Comerciante.

La campaña reconoce que a pesar de que los conflictos sociales y económicos se acrecientan en esta época de cuarentena, la respuesta de la justicia tradicional del Estado es limitada, por la suspensión de términos de los procesos judiciales decretada por el Consejo Superior de la Judicatura desde el pasado 16 de marzo de 2020. Para el reconocido abogado Ramiro Bejarano Guzmán, uno de los participantes, la suspensión de los procesos judiciales es muy grave para el país. “La dictadura del papel sellado sigue imperando en los trámites judiciales y eso explica lo que es un atraso tecnológico imperdonable en estos tiempos”.

Precisamente lo que busca la campaña es que los colombianos vean que gran parte de los problemas que surgen hoy en día —como el incumplimiento de contratos de arriendo, civiles y comerciales; problemas de familia, como fijación de cuota alimentaria, divorcios, y problemas de convivencia, entre otros— podrían ser resueltos de manera directa, o a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos previstos en la Constitución Política como formas de administración de justicia.

A través del Decreto 491 de marzo 28 de 2020, el Gobierno nacional ha garantizado la continuidad de los trámites de conciliación, arbitraje, amigable composición y procedimientos de insolvencia de persona natural no comerciante, mediante el uso de medios electrónicos.

Para el abogado Iván Cancino, uno de los conferencistas de la campaña #LaJusticiaNoPara, los mecanismos alternativos de solución de conflictos juegan un papel fundamental en esta época, porque muchos problemas se pueden resolver vía conciliación y no requieren ser judicializados. “Los abogados y los ciudadanos en este tiempo deberían ver la conciliación no solo como una etapa de un proceso judicial, sino como el mecanismo para resolver un problema de manera rápida, económica y amistosa. Esto reduciría la litigiosidad y la congestión judicial en nuestro país”.

La conciliación no es el único mecanismo al que pueden acudir los colombianos. Frente a los problemas de deudas y conflictos económicos, la ley establece la insolvencia de persona natural no comerciante como un mecanismo concursal en el que los deudores pueden llegar a un acuerdo de pago con los acreedores, respondiendo a su propia realidad financiera. Esto aplica a los deudores que tienen dos o más obligaciones vencidas por 90 o más días.

El experto en insolvencia de persona natural no comerciante, y uno de los conferencistas de esta campaña, Óscar Marín Martínez, afirma que ante la crisis económica y la falta de ingresos, los colombianos pueden acudir a la negociación de sus pasivos y a la convalidación de acuerdos privados con los acreedores, como mecanismos previos a la declaratoria de insolvencia. Estos mecanismos se pueden adelantar también ante los centros de conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho para tal fin.

En Colombia hay 405 centros de conciliación, de los cuales el 55 % son de entidades sin ánimo de lucro, el 33 % pertenecen a universidades y el 12 % a entidades públicas. La encuesta realizada por Fedecentros MASC denominada “Impacto y Sostenibilidad de los centros de conciliación en Colombia y uso de los medios electrónicos - COVID 19”, arroja que el 78,4 % de los centros de conciliación encuestados se encuentran prestando sus servicios a través de medios electrónicos. Sin embargo, el 31 % de ellos no ha recibido ninguna solicitud de conciliación durante la cuarentena y el 53 % ha recibido entre 1 y 5.

Para Mario Córdoba Ordóñez, otro de los conferencistas y experto en mecanismos alternativos de solución de conflictos, esta situación obedece “a que la mayoría de los abogados litigantes ve los despachos judiciales como la única opción de justicia. Esto se podría contrarrestar si tanto el Gobierno nacional como el Consejo Superior de la Judicatura, diseñaran una estrategia conjunta, para que, con el consentimiento de las partes, dirigieran a los Centros de Conciliación y Arbitraje los procesos susceptibles de ser atendidos ante estas entidades”.

Debido a la falta de demanda, el 13 % de los centros encuestados ha pensado en cerrar su operación, teniendo en cuenta que tienen a su cargo entre 1 y 4 empleados, y el 45 % de ellos paga arriendo de la oficina. El cierre de estos centros implicaría una reducción de la infraestructura a disposición del Estado y de los colombianos para apoyar la función pública de administrar justicia.

Según el abogado Luis Arcesio García, otro invitado la campaña y coautor del proyecto de ley de pacto arbitral ejecutivo, “un verdadero fortalecimiento de los centros de conciliación requeriría las herramientas jurídicas para que los conciliadores y árbitros realmente cumplieran con la función de administrar justicia consignada en el artículo 116 de la Constitución Política, permitiéndoles la ejecución de títulos ejecutivos, como las actas de conciliación incumplidas”.

Más allá de temas jurídicos, la campaña #LaJusticiaNoPara ha buscado ser un espacio de reflexión sobre el sentido profundo de nuestros conflictos y la manera de resolverlos, sobre todo en esta época en la que fácilmente podría reinar el miedo. Estudiantes de derecho, conciliadores, mediadores, académicos, docentes, líderes, abogados y funcionarios públicos, entre otros, han visto esto como una oportunidad para reinventarse.

* Directora de la Fundación Liborio Mejía y presidenta de la Federación Colombiana de Centros de Conciliación.

* Estamos cubriendo de manera responsable esta pandemia, parte de eso es dejar sin restricción todos los contenidos sobre el tema que puedes consultar en el especial sobre Coronavirus. 

*Apóyanos con tu suscripción.

Con la convicción de que este es un momento de aprendizaje y oportunidad, el 23 de marzo de 2020 surgió la campaña #LaJusticiaNoPara, como una voz de esperanza y de transformación de la cultura, con el fin fortalecer el acceso a la justicia, aún en tiempos de crisis, promover la cultura de paz y prevenir el resurgimiento de nuevas violencias. (Así puede conciliar contratos de arriendo a raíz de la pandemia).

La lidera la Fundación Liborio Mejía y la apoya la Federación Colombiana de Centros de Conciliación (Fedecentros MASC). Pensada como una iniciativa de carácter nacional, se han unido más de 2.000 personas de diez países y 31 conferencistas de Colombia, Argentina, Bolivia, Chile, Estados Unidos y España, en el desarrollo de 27 conferencias, el Seminario Internacional para la Transformación de los Conflictos y el Acceso a la Justicia, y el Congreso Nacional e Internacional de Insolvencia de Persona Natural no Comerciante.

La campaña reconoce que a pesar de que los conflictos sociales y económicos se acrecientan en esta época de cuarentena, la respuesta de la justicia tradicional del Estado es limitada, por la suspensión de términos de los procesos judiciales decretada por el Consejo Superior de la Judicatura desde el pasado 16 de marzo de 2020. Para el reconocido abogado Ramiro Bejarano Guzmán, uno de los participantes, la suspensión de los procesos judiciales es muy grave para el país. “La dictadura del papel sellado sigue imperando en los trámites judiciales y eso explica lo que es un atraso tecnológico imperdonable en estos tiempos”.

Precisamente lo que busca la campaña es que los colombianos vean que gran parte de los problemas que surgen hoy en día —como el incumplimiento de contratos de arriendo, civiles y comerciales; problemas de familia, como fijación de cuota alimentaria, divorcios, y problemas de convivencia, entre otros— podrían ser resueltos de manera directa, o a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos previstos en la Constitución Política como formas de administración de justicia.

A través del Decreto 491 de marzo 28 de 2020, el Gobierno nacional ha garantizado la continuidad de los trámites de conciliación, arbitraje, amigable composición y procedimientos de insolvencia de persona natural no comerciante, mediante el uso de medios electrónicos.

Para el abogado Iván Cancino, uno de los conferencistas de la campaña #LaJusticiaNoPara, los mecanismos alternativos de solución de conflictos juegan un papel fundamental en esta época, porque muchos problemas se pueden resolver vía conciliación y no requieren ser judicializados. “Los abogados y los ciudadanos en este tiempo deberían ver la conciliación no solo como una etapa de un proceso judicial, sino como el mecanismo para resolver un problema de manera rápida, económica y amistosa. Esto reduciría la litigiosidad y la congestión judicial en nuestro país”.

La conciliación no es el único mecanismo al que pueden acudir los colombianos. Frente a los problemas de deudas y conflictos económicos, la ley establece la insolvencia de persona natural no comerciante como un mecanismo concursal en el que los deudores pueden llegar a un acuerdo de pago con los acreedores, respondiendo a su propia realidad financiera. Esto aplica a los deudores que tienen dos o más obligaciones vencidas por 90 o más días.

El experto en insolvencia de persona natural no comerciante, y uno de los conferencistas de esta campaña, Óscar Marín Martínez, afirma que ante la crisis económica y la falta de ingresos, los colombianos pueden acudir a la negociación de sus pasivos y a la convalidación de acuerdos privados con los acreedores, como mecanismos previos a la declaratoria de insolvencia. Estos mecanismos se pueden adelantar también ante los centros de conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho para tal fin.

En Colombia hay 405 centros de conciliación, de los cuales el 55 % son de entidades sin ánimo de lucro, el 33 % pertenecen a universidades y el 12 % a entidades públicas. La encuesta realizada por Fedecentros MASC denominada “Impacto y Sostenibilidad de los centros de conciliación en Colombia y uso de los medios electrónicos - COVID 19”, arroja que el 78,4 % de los centros de conciliación encuestados se encuentran prestando sus servicios a través de medios electrónicos. Sin embargo, el 31 % de ellos no ha recibido ninguna solicitud de conciliación durante la cuarentena y el 53 % ha recibido entre 1 y 5.

Para Mario Córdoba Ordóñez, otro de los conferencistas y experto en mecanismos alternativos de solución de conflictos, esta situación obedece “a que la mayoría de los abogados litigantes ve los despachos judiciales como la única opción de justicia. Esto se podría contrarrestar si tanto el Gobierno nacional como el Consejo Superior de la Judicatura, diseñaran una estrategia conjunta, para que, con el consentimiento de las partes, dirigieran a los Centros de Conciliación y Arbitraje los procesos susceptibles de ser atendidos ante estas entidades”.

Debido a la falta de demanda, el 13 % de los centros encuestados ha pensado en cerrar su operación, teniendo en cuenta que tienen a su cargo entre 1 y 4 empleados, y el 45 % de ellos paga arriendo de la oficina. El cierre de estos centros implicaría una reducción de la infraestructura a disposición del Estado y de los colombianos para apoyar la función pública de administrar justicia.

Según el abogado Luis Arcesio García, otro invitado la campaña y coautor del proyecto de ley de pacto arbitral ejecutivo, “un verdadero fortalecimiento de los centros de conciliación requeriría las herramientas jurídicas para que los conciliadores y árbitros realmente cumplieran con la función de administrar justicia consignada en el artículo 116 de la Constitución Política, permitiéndoles la ejecución de títulos ejecutivos, como las actas de conciliación incumplidas”.

Más allá de temas jurídicos, la campaña #LaJusticiaNoPara ha buscado ser un espacio de reflexión sobre el sentido profundo de nuestros conflictos y la manera de resolverlos, sobre todo en esta época en la que fácilmente podría reinar el miedo. Estudiantes de derecho, conciliadores, mediadores, académicos, docentes, líderes, abogados y funcionarios públicos, entre otros, han visto esto como una oportunidad para reinventarse.

* Directora de la Fundación Liborio Mejía y presidenta de la Federación Colombiana de Centros de Conciliación.

* Estamos cubriendo de manera responsable esta pandemia, parte de eso es dejar sin restricción todos los contenidos sobre el tema que puedes consultar en el especial sobre Coronavirus. 

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