Lanzan alerta tras ataque a base militar en El Tarra, Norte de Santander

Las autoridades de El Tarra, Norte de Santander, alertaron sobre la crisis humanitaria que atraviesa el municipio tras el ataque civil a la base militar “La Esperanza”, el pasado 19 de marzo. La asonada de más o menos 200 personas fue aparentemente iniciada por familias migrantes que intentan entrar a los predios pertenecientes al Ejército. De acuerdo con las autoridades, los hechos dejaron 17 personas heridas y un fallecido.

“Hago un llamado a las autoridades, el orden departamental y nacional a que por favor nos acompañen con asistencia humanitaria para esta población. De igual manera, hacemos la solicitud de una comisión de derechos humanos que venga al territorio y haga la verificación pertinente en la afectación que se puede estar dando”, manifestó el alcalde Yair Díaz.

El mandatario agregó que el objetivo es buscar una salida humanitaria a las peticiones que hacen algunos sectores de la población migrante. En El Tarra hay más de seis mil migrantes, que están expuestos a distintas condiciones de vulnerabilidad, como la falta de acceso a servicios de salud. De hecho, el alcalde explicó a RCN Radio que los servicios de educación, salud y vivienda están colapsados en la zona del Catatumbo.

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“Se requiere de manera urgente la presencia de Migración Colombia para dar el manejo apropiado, no tengo la capacidad suficiente para ofrecerle los diversos servicios que reclaman los seis mil venezolanos”, agregó Díaz.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo e integrantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) hicieron presencia en El Tarra para analizar la situación que se presenta.

Aunque las razones detrás del ataque no están completamente esclarecidas, tanto el Ejército como la administración municipal señalaron que grupos armados ilegales habrían instrumentalizado a población migrante vulnerable para llevar a cabo el acto. Según el Ejército, los disidentes de las Farc alias John Mechas y alias Pedro “manipularon, instrumentalizaron, emplearon armas y a algunos habitantes como escudos, convirtiéndose este acto en sedición”.

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A pesar de estas advertencias sobre la instrumentalización de la población migrante, Silvano Serrano, gobernador de Norte de Santander, manifestó a Caracol Radio que los venezolanos involucrados en el ataque deben ser examinados por Migración Colombia. “Las personas que están violando las normas colombianas no pueden ser beneficiarios de lo que establece el estatuto para ellos ante la gravedad de lo ocurrido”, puntualizó.

Ante esto, la administración municipal decretó un toque de queda desde el pasado 19 de marzo, hasta las 6:00 a.m. de este martes. Las autoridades permanecen en alerta por la situación de orden público, mientras que la Alcaldía indicó que el tránsito por vías públicas es reducido, así como hay poca presencia en establecimientos comerciales.

Las autoridades de El Tarra, Norte de Santander, alertaron sobre la crisis humanitaria que atraviesa el municipio tras el ataque civil a la base militar “La Esperanza”, el pasado 19 de marzo. La asonada de más o menos 200 personas fue aparentemente iniciada por familias migrantes que intentan entrar a los predios pertenecientes al Ejército. De acuerdo con las autoridades, los hechos dejaron 17 personas heridas y un fallecido.

“Hago un llamado a las autoridades, el orden departamental y nacional a que por favor nos acompañen con asistencia humanitaria para esta población. De igual manera, hacemos la solicitud de una comisión de derechos humanos que venga al territorio y haga la verificación pertinente en la afectación que se puede estar dando”, manifestó el alcalde Yair Díaz.

El mandatario agregó que el objetivo es buscar una salida humanitaria a las peticiones que hacen algunos sectores de la población migrante. En El Tarra hay más de seis mil migrantes, que están expuestos a distintas condiciones de vulnerabilidad, como la falta de acceso a servicios de salud. De hecho, el alcalde explicó a RCN Radio que los servicios de educación, salud y vivienda están colapsados en la zona del Catatumbo.

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“Se requiere de manera urgente la presencia de Migración Colombia para dar el manejo apropiado, no tengo la capacidad suficiente para ofrecerle los diversos servicios que reclaman los seis mil venezolanos”, agregó Díaz.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo e integrantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) hicieron presencia en El Tarra para analizar la situación que se presenta.

Aunque las razones detrás del ataque no están completamente esclarecidas, tanto el Ejército como la administración municipal señalaron que grupos armados ilegales habrían instrumentalizado a población migrante vulnerable para llevar a cabo el acto. Según el Ejército, los disidentes de las Farc alias John Mechas y alias Pedro “manipularon, instrumentalizaron, emplearon armas y a algunos habitantes como escudos, convirtiéndose este acto en sedición”.

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A pesar de estas advertencias sobre la instrumentalización de la población migrante, Silvano Serrano, gobernador de Norte de Santander, manifestó a Caracol Radio que los venezolanos involucrados en el ataque deben ser examinados por Migración Colombia. “Las personas que están violando las normas colombianas no pueden ser beneficiarios de lo que establece el estatuto para ellos ante la gravedad de lo ocurrido”, puntualizó.

Ante esto, la administración municipal decretó un toque de queda desde el pasado 19 de marzo, hasta las 6:00 a.m. de este martes. Las autoridades permanecen en alerta por la situación de orden público, mientras que la Alcaldía indicó que el tránsito por vías públicas es reducido, así como hay poca presencia en establecimientos comerciales.