Daniela Quiñones, una estudiante de 23 años, salió el 14 de junio en compañía de un amigo a una fiesta en Marmato, Caldas, y fue asesinada por un hombre que se ofreció a llevarla a su casa. Luz Emilda Bernal, una mujer de 48 años, recibió varios disparos en el municipio de San Francisco, Cundinamarca, a manos de un hombre que fue su pareja por tres años y a quien ya había denunciado. Estos son dos nombres, dos tragedias que forman parte de los 569 feminicidios que se han presentado entre enero y noviembre de 2020, según el Observatorio de Feminicidios Colombia, de la Red Feminista Antimilitarista.
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De acuerdo con Estefanía Rivera, coordinadora del Observatorio, durante los primeros meses de la pandemia los feminicidios disminuyeron; sin embargo, en septiembre, mes en el que se flexibilizaron las medidas para contener la propagación del virus, se presentaron 86 casos, el registro mensual más alto del Observatorio desde su inicio en 2017. “En la pandemia también ocurrieron feminicidios, ni en la casa ni en la calle las mujeres estamos protegidas”, afirma. De acuerdo con el último informe, para la misma fecha de 2019 se habían registrado 520 feminicidios, es decir, hubo un aumento del 9,4 %. Las tentativas de feminicidio también se incrementaron, pasando de 179 a 229.
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Detrás de esta cifra hay cientos de familias. Este año, 198 menores de edad han quedado huérfanos debido a la violencia feminicida y en el momento del asesinato al menos 12 de las víctimas estaban en estado de embarazo. Además, los datos revelan que de los 569 casos, 13 eran mujeres trans y 51 de las víctimas eran menores de edad. En cuanto al perfil del victimario, en los casos de los que se tiene información, muchos de estos actos fueron perpetrados por parejas, exparejas o familiares de las mujeres (115), pero en el registro del Observatorio también se evidencia la acción de miembros de estructuras armadas, legales e ilegales, y bandas delincuenciales. “Los feminicidios no solo ocurren en el ámbito privado, sino también en el público, por eso es necesario que esto se investigue”, dice Rivera.
La Fiscalía, sin embargo, tiene otros datos, según sus registros, entre el 1° de enero y el 8 de noviembre se han presentado 149 feminicidios, frente a los 204 reportados en el mismo período de 2019, es decir, hubo una disminución del 26,96 %. Las zonas con mayor número de casos serían Valle del Cauca, con 31, y Antioquia, con 17.
Para obtener información, la red les hace seguimiento a más de 300 medios de comunicación, especialmente a la prensa regional, local y comunitaria. También asisten a los Consejos de Seguridad Pública y de las Mesas de Erradicación de Violencias de Medellín y el Valle de Aburrá; hacen revisión de los reportes de la Policía, Medicina Legal y las capturas de la Fiscalía; además son contactadas por organizaciones o familiares de las víctimas que les notifican feminicidios.
Rivera explica que la red tiene un concepto de feminicidio más amplio que el que contemplan las instituciones, pues consideran que la violencia contra las mujeres debe ser vista de forma estructural. “El feminicidio no solo sucede cuando se da en el marco de relaciones erótico-afectivas, para nosotras la militarización, la división sexual del trabajo -hombres en armas, mujeres en servicio- también tiene que ver con la violencia y las relaciones de poder”, afirma.
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Incluso dentro de la organización existe la categoría de feminicidios por sicariato, una modalidad que ha aumentado en los últimos dos años y que solo en 2020 registra 99 casos. El sicariato facilita la impunidad, y frente a esto proponen tres hipótesis: un tercero que contrata el servicio de una banda criminal, que la mujer tenga alguna relación erótico-afectiva con algún integrante de estas bandas o que sea un “ajuste de cuentas” por el no pago de préstamos, extorsiones o vacunas.
Antioquia es el departamento en el que más se han presentado feminicidios este año, con 118 casos, seguido del Valle del Cauca, con 86. Para la red, hay que tener en cuenta las dinámicas que existen en estas dos zonas con relación a la presencia de hombres en armas, la historia del narcotráfico, las disputas territoriales de bandas criminales y la forma en la que se conciben los cuerpos de las mujeres.
También se ha identificado el feminicidio de 33 migrantes venezolanas, la mayoría en zonas de frontera. Según Rivera, esto expone la vulnerabilidad de estas mujeres que salen de su país de origen para mejorar sus condiciones económicas y son captadas por estructuras armadas, que no solo las vinculan a redes de trata de personas y explotación sexual, sino que en muchos casos les ofrecen prestamos de dinero con altos intereses y al no poder pagarlos, las asesinan.
La red dice que actualmente el Estado no cuenta con un sistema de información confiable sobre estos asesinatos ni sobre los avances en materia de justicia. “Ni siquiera se tienen en cuenta los protocolos internacionales, como el Protocolo Latinoamericano de Investigación de Feminicidios, que indica que todo asesinato violento de mujer se debe presumir como feminicidio”, explica Rivas. Quien también recuerda que, de acuerdo con ONU Mujeres, solo el 13 % de los feminicidios en Colombia llegan a sentencia condenatoria.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que desde que se sancionó la Ley 1761 de 2015, que lleva el nombre de Rosa Elvira Cely y por la cual se crea el tipo penal de feminicidio, se puso en marcha una estrategia de investigación y judicialización. Para noviembre de este año, el organismo aseguró que han logrado un avance de esclarecimiento del feminicidio del 94 %; de los 149 casos que registran, ha habido orden de captura en 21 casos, imputación en 22, se han realizado 63 juicios y han emitido 16 sentencias condenatorias. También inició la campaña “No se atreva”, que entre otras cosas amplía los canales de atención de las mujeres víctimas de cualquier tipo de agresión.
Para la Red Feminista Antimilitarista, es necesario que haya un reconocimiento de la violencia contra las mujeres como un delito de alto impacto y como una violencia sistemática. Además, le exigen al Estado acceso a la justicia, que las mujeres que denuncian tengan garantías de protección y que se le realice un seguimiento a los hombres que reinciden, pues actualmente “hay quienes tienen hasta doce denuncias y siguen agrediendo a las mujeres porque no hay un Estado que se ocupe de los agresores”. Disminuir la impunidad debe ser otra de las prioridades, así como crear estrategia de atención para que las víctimas, “puedan trascender del lugar de víctimas a uno de sobrevivientes”.
¿Cómo pedir ayuda?
A nivel nacional y las 24 horas del día se encuentra habilitada la línea 155 para recibir orientación en temas relacionados con violencia de género. En caso de emergencia, se recomienda llamar al 123, línea única de emergencias.
En Bogotá puede llamar a la Línea Púrpura (018000112137 o a través de Whatsapp 300 755 18 46) para ser atendida por un grupo de mujeres profesionales en psicología, trabajo social, enfermería y derecho. En Medellín, desde abril, la Alcaldía habilitó dos líneas de Whatsapp (3214677071 o 3053192872) en las que ofrecen atención psicológica y jurídica. En Cali puede llamar al teléfono 3105162760.
Sobre la Red Feminista Antimilitarista
La red nació en 1996 como un escenario político juvenil en contra de la guerra y el militarismo. Para 2012 se autodenominaron Red Feminista Antimilitarista con propuestas desde la educación y la comprensión de las violencias hacia las mujeres en el contexto urbano. Actualmente, tienen un equipo de pedagogías feministas con mujeres jóvenes y una escuela de hip hop, además lideran un proceso formativo de empoderamiento político en instituciones educativas.
El Observatorio de Feminicidios Colombia se creó cuando las mujeres que conforman la red evidenciaron que el Estado no tenía estadísticas o reportes actualizados sobre el tema. Empezaron a registrar los feminicidios presentados en la Comuna 10 de Medellín, después recopilaron datos de toda la ciudad, hasta que en julio de 2017 lo ampliaron a todo el país; esta sistematización se ha vuelto más rigurosa con los años. “El Observatorio se ha convertido en una herramienta no solo estadística y de datos, sino también de análisis del contexto y nos ha permitido comprender las dinámicas más allá de las cifras”, afirmó Estefanía Rivera.