Las contradicciones entre sustitución y erradicación de cultivos, según The Economist

La lucha contra la droga en Colombia se ha centrado en los últimos tiempos, en buena parte, en dos estrategias del Gobierno: la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y la erradicación forzosa de los mismos. Ambos programas, se supone, están pensados para que se complementen entre sí y, de esa forma, frenar el aumento de cultivos de coca en el país, que en las últimas mediciones han aumentado.

Pero esa idea del Gobierno de que se complementen los dos programas, no ha sido tan exitosa. Al menos así lo evidenció un reciente artículo del diario británico The Economist, que, como principal tesis, planteó que la sustitución voluntaria y la erradicación forzosa están “en guerra entre sí”. Sobre todo, asegura el medio, por los problemas para la puesta en marcha del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).

(Lea aquí: Gobierno no ha cumplido con seguridad para sustitución de cultivos: Indepaz).

“Los cultivos de coca aumentaron antes del acuerdo de paz (con las Farc), pasando de 96 mil hectáreas a 146 mil en 2016. Campesinos plantaron más, porque esperaban dinero del Gobierno para cambiar los cultivos por algo más. El programa de sustitución voluntaria avanza de forma dolorosamente lenta. Eso, en parte, porque el gobierno no lo ha complementado con un programa para construir caminos y proveer servicios en áreas donde se cultiva coca”, explica el artículo.

Pero adicional a los problemas burocráticos, también está el inconveniente de que las Farc no era el único grupo armado ilegal en el país que tiene como financiación el narcotráfico. En ese sentido, The Economist habla del Eln, de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y de las disidencias de las Farc como un factor que ha evitado el éxito del programa de sustitución voluntaria, puesto que “así como atacan al Estado, los grupos armados también se dirigen a los pequeños de cultivadores de coca que quieren sustituir”.

Además, el problema también se ve afectado por el clima de polarización que hay ante las elecciones para el Congreso y para la Presidencia. “Todo esto está aumentando la temperatura en una temporada electoral ya caliente (…) Es poco probable que se dé reversa al acuerdo de paz (con las Farc). Así que el argumento ha girado hacia asuntos como cómo controlar el aumento de cultivos de coca. Los escépticos del acuerdo de paz apoyan la erradicación; los políticos pro paz, la sustitución”.

(También: Nuevo proyecto para sustitución de cultivos ilícitos tendrá una inversión inicial de $9.800 millones).

 Y mientras que el PNIS parece no tener un panorama tan claro, la erradicación forzosa sí lo hace. O al menos a primera vista. Aunque las fuerzas armadas superaron la meta de la erradicación de 50 mil hectáreas (que contrastan con las 16 mil sustituidas de forma voluntaria), esto no es garantía de una disminución relevante de los cultivos de uso ilícito cuando se conozcan las cifras de 2017. “El éxito podría ser a corto plazo. UNODC estima que, en promedio, hay una replantación del 30 % del área que fue erradicada. Además, el gobierno no ha progresado mucho en áreas controladas por grupos armados organizados”, señala The Economist.

Además, la erradicación no ha sido bien recibida en muchas partes del país. El artículo toma como ejemplo a Tumaco (Nariño), que es, con 23 mil hectáreas, el municipio con más cultivos ilícitos de todo el país. Menciona la masacre de siete campesinos que murieron, cuando protestaban contra los miembros de las Fuerzas Armadas que llegaron a la zona a erradicar las plantaciones de coca.

De esa forma, cierra el medio, la polémica está servida para el próximo presidente, quien tendrá que definir entonces qué tanto va a apoyar el programa de sustitución de cultivos ilícitos, y el consecuente apoyo a los campesinos beneficiarios del plan. Eso sí, entendiéndolo, señala el artículo, más como un asunto de desarrollo, que de criminalidad.

La lucha contra la droga en Colombia se ha centrado en los últimos tiempos, en buena parte, en dos estrategias del Gobierno: la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y la erradicación forzosa de los mismos. Ambos programas, se supone, están pensados para que se complementen entre sí y, de esa forma, frenar el aumento de cultivos de coca en el país, que en las últimas mediciones han aumentado.

Pero esa idea del Gobierno de que se complementen los dos programas, no ha sido tan exitosa. Al menos así lo evidenció un reciente artículo del diario británico The Economist, que, como principal tesis, planteó que la sustitución voluntaria y la erradicación forzosa están “en guerra entre sí”. Sobre todo, asegura el medio, por los problemas para la puesta en marcha del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).

(Lea aquí: Gobierno no ha cumplido con seguridad para sustitución de cultivos: Indepaz).

“Los cultivos de coca aumentaron antes del acuerdo de paz (con las Farc), pasando de 96 mil hectáreas a 146 mil en 2016. Campesinos plantaron más, porque esperaban dinero del Gobierno para cambiar los cultivos por algo más. El programa de sustitución voluntaria avanza de forma dolorosamente lenta. Eso, en parte, porque el gobierno no lo ha complementado con un programa para construir caminos y proveer servicios en áreas donde se cultiva coca”, explica el artículo.

Pero adicional a los problemas burocráticos, también está el inconveniente de que las Farc no era el único grupo armado ilegal en el país que tiene como financiación el narcotráfico. En ese sentido, The Economist habla del Eln, de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y de las disidencias de las Farc como un factor que ha evitado el éxito del programa de sustitución voluntaria, puesto que “así como atacan al Estado, los grupos armados también se dirigen a los pequeños de cultivadores de coca que quieren sustituir”.

Además, el problema también se ve afectado por el clima de polarización que hay ante las elecciones para el Congreso y para la Presidencia. “Todo esto está aumentando la temperatura en una temporada electoral ya caliente (…) Es poco probable que se dé reversa al acuerdo de paz (con las Farc). Así que el argumento ha girado hacia asuntos como cómo controlar el aumento de cultivos de coca. Los escépticos del acuerdo de paz apoyan la erradicación; los políticos pro paz, la sustitución”.

(También: Nuevo proyecto para sustitución de cultivos ilícitos tendrá una inversión inicial de $9.800 millones).

 Y mientras que el PNIS parece no tener un panorama tan claro, la erradicación forzosa sí lo hace. O al menos a primera vista. Aunque las fuerzas armadas superaron la meta de la erradicación de 50 mil hectáreas (que contrastan con las 16 mil sustituidas de forma voluntaria), esto no es garantía de una disminución relevante de los cultivos de uso ilícito cuando se conozcan las cifras de 2017. “El éxito podría ser a corto plazo. UNODC estima que, en promedio, hay una replantación del 30 % del área que fue erradicada. Además, el gobierno no ha progresado mucho en áreas controladas por grupos armados organizados”, señala The Economist.

Además, la erradicación no ha sido bien recibida en muchas partes del país. El artículo toma como ejemplo a Tumaco (Nariño), que es, con 23 mil hectáreas, el municipio con más cultivos ilícitos de todo el país. Menciona la masacre de siete campesinos que murieron, cuando protestaban contra los miembros de las Fuerzas Armadas que llegaron a la zona a erradicar las plantaciones de coca.

De esa forma, cierra el medio, la polémica está servida para el próximo presidente, quien tendrá que definir entonces qué tanto va a apoyar el programa de sustitución de cultivos ilícitos, y el consecuente apoyo a los campesinos beneficiarios del plan. Eso sí, entendiéndolo, señala el artículo, más como un asunto de desarrollo, que de criminalidad.