Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Durante más de diez años, una red de fundaciones en Bucaramanga, Piedecuesta y Giròn, bajo la fachada de centros de rehabilitación, ofrecía supuestos tratamientos para adicciones, trastornos de salud mental y problemas de comportamiento; cometieron abusos físicos, torturas y secuestros a más de 500 víctimas, así como ocho homicidios.
Lea: En estos barrios habrá cortes de agua este fin de semana, en Bucaramanga
El caso que desató la alarma fue el de Abraham Josué Chía Robles, de 27 años, quien murió el 10 de septiembre de 2021 en una de estas instituciones. En la audiencia de los capturados, el fiscal explicó que el joven fue golpeado y asfixiado en un “cuarto de reflexión”, 2×2 metros, junto a otros 9 internos.
Era un método de castigo que utilizaban para quienes no se comportaban como les pedían. “Allí ingresaban simultáneamente, sin ninguna discriminación, internos con problemas psiquiátricos y con temas de adicción. Pese a lo pequeño del espacio, ingresaba gran cantidad de personas que permanecían de pie indefinidamente”, describió el Fiscal. Esa misma noche, la Alcaldía de Bucaramanga realizó un operativo en el lugar, encontrando a 75 personas en condiciones de hacinamiento y evidentes tratos inhumanos.
A raíz de esta y otras denuncias, fueron capturadas 21 personas por los abusos físicos y psicológicos a quienes ingresaba a estos centros de rehabilitación. “Nos encerraban en un cuarto que olía a orines, sin colchonetas, una persona duró un mes, nos esposaban, nos amarraban, nos tocaba orinar en bolsas, en baldes, no podíamos bañarnos, no había enfermera, ni quién hacía aseo, había un terapeuta que abusaba de varios, abusaban de nosotros por dejarnos fumar un cigarrillo, no nos daban comidas balanceadas”, describió la Fiscalía.
Los golpes eran con bates o palos. Los amarraban de los pies y los esposaban para dejarlos en el piso por largas horas. También los llevaban a una azotea y los dejaban expuestos durante días, encadenados y con candados. Les quitaban los alimentos y no les permitían hablar con sus familiares, según indicó el ente de control.
Le puede interesar: Paro campesino: acuerdan paso parcial en Los Curos, en Santander
En las investigaciones establecieron que recibían personas provenientes de diferentes municipios de Santander, Norte de Santander y Atlántico. Las personas que entraban a estos centros, principalmente de bajos recursos, eran llevadas en contra de su voluntad por familiares o líderes de las fundaciones.
De igual forma, los internos eran sedados con drogas para facilitar su traslado a los centros y tener mayor control sobre ellos. Según la Fiscalía, algunos menores de edad, que permanecían sedados, habrían sido víctimas de abuso sexual por parte del personal de las instituciones.
En la audiencia del pasado jueves, 24 de octubre, se dieron a conocer más detalles sobre las fundaciones implicadas, entre ellas Neurosanar, Bethel, Funcape, No te Rindas, Ríos de Jordán, César Benicio Grimaldos Gómez, y Corporación Empresarial y Artesanal Mujeres con Propósito. Según los informes de la Fiscalía, estos centros funcionarían sin permisos adecuados y cambiaban regularmente de nombre en la Cámara de Comercio de Bucaramanga para eludir el control de las autoridades.
Además, los internos eran trasladados de un centro a otro con documentación falsa, dificultando que sus familiares rastrearan su paradero. Las denuncias llevaron a la Fiscalía, con apoyo del Ejército Nacional, a realizar un operativo que resultó en la captura de 21 personas, incluidos los presuntos líderes de la organización, Reinaldo Jaime Blanco y Álvaro Javier Salazar. Los acusados enfrentan cargos por homicidio, concierto para delinquir agravado con fines de secuestro y tortura, secuestro, inducción a la prostitución, acceso carnal con incapaz de resistir, acto sexual violento, tortura y acceso carnal violento.