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La alerta lanzada la semana pasada por Contraloría, Fiscalía y Procuraduría, respecto a posibles irregularidades en el manejo que en algunos departamentos le estarían dando a los recursos destinados a la atención de la emergencia sanitaria por el Coronavirus, dejó ver que existen varias investigaciones, e incluso ya un proceso de responsabilidad fiscal en el caso de Arauca, para determinar si hubo sobrecostos en mercados e implementos que se han adquirido para entregar a las poblaciones vulnerables.
Uno de esos casos es el de Guaviare, en donde desde la Gobernación de Heydeer Palacio se realizó la compra de 7.000 ayudas alimentarias para atender la cuarentena decretada a nivel nacional por el COVID-19. La Contraloría, sin embargo, anunció que iniciaría una investigación por un presunto sobrecosto del 19 % en los kits alimentarios, argumentando que cada uno de los kits se adquirió en $251.000, cuando el precio de referencia es $211.062.
En un primer momento, el gobernador dijo que la alerta del organismo de control recaía sobre un primer contrato con fecha del 26 de marzo, pero que su administración había realizado una renegociación al día siguiente, algo que la Contraloría, dice el mandatario departamental, no tuvo en cuenta. Después el órgano confirmó que en el segundo contrato aún había posibles sobrecostos.
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El contrato contempla la compra de 4.701 kits alimentarios por más de $1.499 millones, pero el 13 de abril, con base en los precios modificados, se adquirieron los otros 2.350 por casi 749 millones.
De acuerdo con Palacio, el departamento fue de los primeros que inició la compra de ayudas humanitarias y que debía contratar mercados no solo para la capital, sino también para los otros tres municipios, lo que implicaba un costo de flete. “A Miraflores se llega en avión, y para llegar a Calamar son 75 kilómetros por carretera destapada, por eso se habían puesto unos costos el 26 de marzo cuando se firmó el contrato. El día 27 la señora de los contratos dijo que no nos iba a transportar los mercados hasta los municipios, porque el kilo de flete a Miraflores estaba en 2.200 pesos. Por ejemplo, si se llevaba un kilo de arroz, costaba más el transporte que el arroz”, manifestó el gobernador.
Palacio dijo que por eso al día siguiente se modificó el contrato con precios más bajos, aunque en el documento del 26 de marzo no quedó estipulado el costo de flete, pero sí quedó especificado que la entrega se haría en la oficina departamental de San José del Guaviare. En el anexo modificatorio el cambio está en los precios: por ejemplo, el 26 de marzo se pagaba $2.700 por un paquete de pasta y el 27 el precio cambiaba a $1.700. Ese excedente, multiplicado por las 18.804 unidades, representa una diferencia de casi 20 millones en el precio total de la pasta.
“El contrato quedó por el mismo valor, pero nos dieron más cantidad, por ejemplo, si antes nos iban a entregar tres libras de lentejas, ahora nos entregaban cinco”, manifestó Palacio. En el caso de las lentejas, inicialmente el precio de cada unidad era de $4.300 y al día siguiente se negoció en $2.500. Además, el 27 de marzo solicitaron 23.305 unidades, en comparación con las 14.103 que se habían pedido el día anterior, y el precio total por ese alimento disminuyó casi dos millones. Es decir, se agregaron 9.202 paquetes de lentejas extra en comparación con el primer contrato, por un precio menor.
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Inicialmente el gobernador afirmó que la alerta de la Contraloría era respecto al contrato inicial, sin embargo, cuando el pasado viernes 24 de abril el ente de control reveló que había ordenado 27 indagaciones preliminares por los presuntos sobrecostos, la compra de mercados de la Gobernación de Guaviare se encontraba entre los casos. Es decir, aun con la modificación, aparentemente habría irregularidades y la indagación preliminar permitirá determinar si hay mérito para abrir proceso de responsabilidad fiscal.
Al ser consultado el gobernador, después de la revisión de los contratos y el pronunciamiento de la Contraloría, este afirmó: “A las personas que se invitaron a cotizar se les manifestó que debían entregar en los diferentes municipios, pero al firmar el contrato, el día 26 de marzo, la oficina jurídica estableció que se debía entregar en el almacén de la Gobernación. Eso nos permitió el día 27 renegociar los precios y aumentar cantidad en los productos a entregar”. También dijo que el contrato no tiene sobrecostos y que el valor de los productos es el que se puede conseguir en supermercados, más el valor de las estampillas del departamento, impuestos nacionales y logística para el empaque.
“Además, en la época en que se compraron había desabastecimiento en todo el departamento, por el acaparamiento que se dio antes de la decisión presidencial”, manifestó Palacio. Agregó que los precios finales son más económicos que los de la Gobernación de Atlántico y de otras partes del país.
Sistema de salud en Guaviare
El departamento de Guaviare también llama la atención por la precariedad de su sistema de salud para atender la pandemia. Con por lo menos 82.767 habitantes, según el DANE, enfrenta la amenaza de COVID-19 con un Hospital de segundo nivel y sin unidad de cuidados intensivos; tampoco tiene unidad de cuidados intermedios, pero ya se adecuaron 40 camas. Cuenta con una ESE de primer nivel que llega a los cuatro municipios, un centro de salud para consulta externa en San José del Guavire, cuatro puestos de salud en el área rural y tres hospitales de primer nivel, uno en cada municipio. En total tienen 37 médicos generales y nueve especialistas. La Secretaría de Salud, en cabeza de Tatiana Parra, estima que después de recibir donaciones contarán con 24 ventiladores para atender la emergencia.
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La EPS más grande en el departamento es la Nueva EPS, atiende los hospitales de primer y segundo nivel, régimen contributivo y subsidiado. Parra afirmó que esta entidad en promedio les debe a los hospitales $1.140 millones, también tiene pendiente la liquidación de una base de datos por $700 millones.
“El presidente de la Nueva EPS dijo que iba a enviar el dinero a finales de mes, eso sería para adecuar la ESE de primer nivel”, dijo la secretaria, y añadió que una parte del dinero se destinará para el pago del salario del personal médico, pues a algunos se les debe meses de sueldo.
Los retos en educación
La conexión a internet y el acceso a tecnología también es un reto para el departamento. El lunes 20 de abril se retomaron las clases, pero la virtualidad es un reto titánico para muchos niños. Según datos entregados por la Secretaría de educación del departamento, hay 16.965 estudiantes, 7.264 se encuentran en zona rural. Se estima que durante la pandemia solo 5.500 tendrán acceso a internet y otros 13.000 cuentan con algún medio tecnológico, aunque sea un teléfono. Alexander Quevedo, secretario de educación, le dijo a El Espectador que se están usando todas las alternativas posibles, en algunos casos incluso las tareas se comunicarán por llamada.
Aun así, aproximadamente, 3.965 estudiantes sólo tendrían la posibilidad de desarrollar sus actividades a través de fotocopias o con encuentros presenciales en pequeños grupos. Quevedo afirmó que están buscando espacios en emisoras locales para que los docentes puedan comunicarse con los estudiantes y en zonas rurales se establecerán horarios para recoger el material académico y hacer retroalimentación. La Secretaría estima que solo el 30% de los estudiantes tienen acceso a un computador o tablet.
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