13 Dec 2019 - 11:29 p. m.

Las maniobras del coronel Hugo Aguilar para quedarse con la CAS

Jorge Gómez Pinilla - Especial para El Espectador

El nuevo gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, podría tener el voto que asegure que su padre, el detenido exgobernasdor Hugo Aguilar, mantenga el control de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS).  / Archivo de El Espectador
El nuevo gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, podría tener el voto que asegure que su padre, el detenido exgobernasdor Hugo Aguilar, mantenga el control de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS). / Archivo de El Espectador

Con motivo de la captura del coronel Hugo Aguilar este miércoles 11 de diciembre en el aeropuerto Palonegro de Bucaramanga, la Corte Suprema de Justicia en su cuenta de Twitter informó que esta obedeció a que el reo habría incumplido los acuerdos que se registraron después de que se decretó su libertad condicional. (Ver trino).

Hablando de acuerdos incumplidos, su detención permite traer a colación cómo la elección del nuevo director de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) se ha convertido en todo un manual de componendas, alianzas non sanctas y jugadas por debajo de la mesa, al parecer con el propósito de imponer un candidato a la conveniencia del coronel Aguilar, cuyo hijo mayor acaba de ser elegido gobernador de ese departamento.

En la mesa está un botín que supera los 25 mil millones de pesos anuales en inversión y un fortín burocrático para cumplir compromisos de campaña, poder que maneja la CAS desde San Gil para la protección y preservación ambiental en 74 municipios de Santander.

El coronel Aguilar, exgobernador de Santander y condenado por parapolítica, mantuvo el poder en la CAS durante el tiempo que gobernó su hijo menor Richard Aguilar, a través de la directora Flor María Rangel Guerrero, quien fue detenida en diciembre de 2016 y renunció formalmente a su cargo en noviembre de 2017, inmersa en un escándalo por un presunto peculado por apropiación y contratación sin el lleno de requisitos legales, por más de 3.400 millones de pesos, por un contrato de reforestación en Sabana de Torres. (Ver Noticia).

Flor María Rangel ocupaba la dirección de la CAS desde junio de 2012, cuando fue nombrada para remplazar a Héctor Murillo, otra ficha del mismo coronel Aguilar, quien ostentó ese cargo entre 2007 y 2012 y quien también fue detenido y está siendo investigado por el mismo proceso que su sucesora Rangel Guerrero. (Ver recuadro).

Para elegir al nuevo director de la CAS se requieren siete de los 12 votos habilitados para la elección; actualmente el coronel Aguilar con Flor María Rangel tiene asegurados los votos de los dos delegados de los gremios, Santos Medina y Arelis Neyra; y de María del Carmen Velásquez, una de los dos delegados de las ONG en el consejo directivo.

El coronel Hugo Aguilar estableció una alianza con el senador Jaime Durán para lograr que el alcalde de Los Santos, Jaime Arenas, sumara su voto a la coalición que pretende llevar a la dirección a Luis Francisco Oliveros.

Los 74 alcaldes cuentan con cuatro asientos en el consejo directivo, que se eligen entre ellos cada año en la asamblea corporativa, para períodos anuales.

La representación del Gobierno Nacional habría llegado mediante una alianza con el representante a la Cámara por el Centro Democrático Óscar Villamizar, hijo del exsenador Alirio Villamizar, condenado por corrupción y compra de notarías.

Villamizar controla el voto del delegado del presidente Iván Duque, William Mantilla, quien a su vez es geólogo de profesión y asiste a eventos de minería acompañando a Danny Villamizar, hermano menor del Representante.

La consigna es dilatar

Hasta el momento la coalición del coronel Aguilar parece contar con cinco de los siete votos que necesita, por lo que han realizado maniobras para conseguir en lo que resta de este año los dos votos pendientes, o dilatar la elección hasta el próximo año, cuando se presenta el cambio de gobierno, con lo cual sumaría el voto del nuevo gobernador, Mauricio Aguilar, hijo mayor del coronel; y el de los otros alcaldes que inicien sus mandatos.

Entre las "jugadas" que ha hecho la coalición figura la de tratar de cambiar el delegado de los indígenas, para sumar este voto.

Este cambio lo lograron a medias con una acción de tutela interpuesta por el abogado Gerardo Rugeles Plata actuando como agente oficioso, en la que hicieron creer a un juez en Barichara que las comunidades indígenas habían hecho una nueva elección de delegado. Esto obligó a la CAS a reconocerlo y darle asiento en el consejo directivo.

Rugeles Plata actualmente es contratista del Idesan y muy cercano al senador Jaime Durán. La participación del abogado fue más allá, tratando de manipular el voto de la delegada del Ministerio de Ambiente, según se conoció en un audio que fue filtrado a las redes sociales.

La medida cautelar fue desmentida por la propia comunidad, por lo que el delegado de la comunidad indígena --elegido por un período de cuatro años y acreditado ante el Ministerio del Interior-- se mantuvo. Esto terminó descabezando al secretario general de la CAS, Jairo Jaimes Yáñez, quien fuera secretario general de la Gobernación de Santander en el período de Richard Aguilar, el otro hijo del coronel.

La coalición armada por el coronel Aguilar se ha levantado de las dos últimas asambleas de la CAS para impedir que haya quórum decisorio, otra medida que busca dilatar la elección hasta el próximo año o ganar tiempo para conquistar los votos pendientes.

El papel del delegado del presidente Iván Duque, William Mantilla, es el más cuestionado hasta el momento, pues para los demás miembros del consejo directivo no tiene presentación que llegue a las sesiones y se levante de la mesa al momento del llamado a lista, actuando de manera incoherente frente al proceder del otro delegado del Gobierno Nacional, quien representa los intereses del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Al ser el delegado del presidente, queda en el consejo directivo la duda de si este actuar es una instrucción del mismo Duque, o si su delegatura le permite un margen de maniobra con tanto alcance como para prestarse a la dilación del proceso que por ley se debe cumplir este año.

El otro candidato

Fuentes consultadas por esta redacción relataron que el nombre de Luis Francisco Oliveros no era el primero en la lista de opcionados para ser el candidato del coronel Aguilar, pero resultó ser el que les daba garantías a Jaime Durán y a Óscar Villamizar para sumarse en la coalición.

Sin embargo, el respaldo a Oliveros se mantendría, siempre y cuando la elección suceda en lo que resta del presente año.

Si la elección del director de la CAS se hace el año entrante, el clan Aguilar lograría sin ayuda de Durán y Villamizar los siete votos que necesita y el ungido sería Farley Parra Rodríguez, expersonero de San Gil, funcionario del gobierno del coronel Aguilar y pareja sentimental de la exdirectora Flor María Rangel.

Farley es hermano de Jáider Parra Rodríguez, capturado como miembro de la banda ‘Los Castores’, que se dedicaban a la tala y comercialización ilegal de madera en Vélez, Landázuri, Cimitarra y Santa Helena del Opón, todos municipios en jurisdicción de la CAS. (Ver noticia de la Fiscalía).


Los enredos de Flor María Rangel

Luego de los efectos de la ola invernal de 2011 y 2012, el Gobierno Nacional giró recursos a la CAS a través de convenios para que adelantara la construcción de obras de mitigación de riesgos, entre ellos un jarillón en el margen del río Lebrija, en jurisdicción del municipio de Sabana de Torres.

El contrato tuvo un valor superior a los 12 mil millones de pesos y se firmó con la empresa General de Ingeniería de Santander (GEINGSA S.A.S.), de la que figuraba como representante legal Ariel Pérez Carvajal.

La obra tenía como objeto la construcción de un jarillón de 9 kilómetros de extensión, con una base de 12 metros, una corona de seis metros y un volumen de 260 mil metros cúbicos.

Sin embargo, la obra cambió el diseño técnico: solo construyó 3,8 kilómetros con un volumen de 146.863 metros cúbicos, alcanzando pagos parciales por 5.734 millones de pesos.

Para la Contraloría General de la República, no hubo justificación para el cambio de los diseños; además, demostró que la CAS no cumplió con informar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de los cambios que propuso y aplicó el contratista Pérez Carvajal y su empresa GEINGSA S.A.S., razón por la cual dicho ministerio solicitó a la CAS el reintegro de los recursos girados hasta ese momento, que superaban los 5.700 millones de pesos. (Ver noticia).

Por esta razón avanza el proceso por el daño fiscal por más de 5.700 millones de pesos en la Gerencia Santander de la Contraloría General de la República, contra los dos exdirectores de la CAS Héctor Murillo y Flor María Rangel; el contratista GEIGSA S.A.S., Ariel Pérez Carvajal; el interventor del contrato, Yergo Construcciones e Interventorías S.A.S.; y el supervisor por parte de la CAS y su secretario de Planeación, Luis Francisco Oliveros Patiño, candidato a la dirección de la CAS por parte de la coalición Aguilar. (Ver Informe Final de Auditoría Financiera).

En cuanto al representante legal de la firma contratista, Ariel Pérez Carvajal, fue capturado y extraditado a Estados Unidos en enero de 2016, donde se le adelanta un juicio en una corte del distrito sur de Florida, por el delito de narcóticos, requerido desde julio de 2015. (Ver Resolución ejecutiva).

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