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La instalación de una base militar transitoria en Puebloviejo, el fortalecimiento de las capacidades operativas de la fuerza pública en la Ciénaga Grande de Santa Marta y la judicialización de cinco presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada fueron algunas de las acciones anunciadas tras el consejo extraordinario de seguridad realizado el lunes 11 de mayo en el Magdalena, luego de la masacre que dejó cinco muertos de una misma familia en el corregimiento de Palmira.
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La reunión fue convocada por la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, tras el ataque armado en el parque del barrio La Esperanza, donde varias familias se encontraban reunidas celebrando el Día de las Madres. Hombres armados que se movilizaban en motocicletas llegaron hasta el lugar y dispararon de manera indiscriminada contra quienes estaban en el lugar en la madrugada.
Inicialmente, se reportaron cuatro muertos y varios heridos, pero horas más tarde falleció Estewin José Gutiérrez Bravo, quien permanecía bajo atención médica en un centro asistencial.
Los otros fallecidos fueron: Aramis Gutiérrez; Mario Luis Gutiérrez Bravo, de 20 años; Alberto Gutiérrez Corrales, de 29 años; Estewin José Gutiérrez Bravo; y el adolescente José David Gutiérrez, de 15 años. La mayoría de las víctimas eran pescadores reconocidos en la comunidad y pertenecían a dos familias tradicionales del corregimiento.
Las decisiones del Consejo de Seguridad
Tras varias horas de reunión entre autoridades departamentales, Policía, Ejército, Fiscalía y administración municipal, la Gobernación confirmó la instalación de una base militar transitoria en el municipio y vigilancia en la zona norte de Puebloviejo y los pueblos palafitos.
La gobernadora Margarita Guerra aseguró que el departamento venía advirtiendo desde hace meses el deterioro del orden público en esta zona de la Ciénaga Grande y recordó que existe una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo en la que se advierte sobre el riesgo de expansión de estructuras armadas ilegales en la región.
“Venimos trabajando en la prevención de más actos violentos en el Magdalena. La Policía capturó a cinco personas que cometieron estos hechos y están a disposición de la Fiscalía”, agregó la mandataria, quien advirtió que hay dificultades en la judicialización en casos relacionados con estructuras criminales, por lo que pidió fortalecer la capacidad investigativa de la Fiscalía y el CTI en el Magdalena.
Además, la Gobernación indicó que solicitará apoyo al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior para fortalecer el parque automotor y fluvial de la Fuerza Pública.
Capturas y disputa criminal
El coronel Jaime Ríos Puerto confirmó que cinco personas, presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, fueron capturadas por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.
Las capturas se realizaron mediante un plan candado. “En una pronta reacción de la Policía se logró cerrar las vías de salida del corregimiento de Palmira y capturar a estas cinco personas”, explicó el oficial.
Las autoridades sostienen que detrás de la masacre habría una disputa territorial entre estructuras criminales que buscan controlar corredores estratégicos de la Ciénaga Grande de Santa Marta.
“Querían enviar un mensaje de terror”
Para el defensor de derechos humanos Lerber Dimas, lo ocurrido en Palmira refleja el deterioro progresivo de la seguridad en los pueblos palafitos y comunidades pesqueras del Magdalena. “Lo que ocurrió es bastante complejo porque, hasta ahora, no existe un hilo conductor claro que permita asociar directamente a esta familia con algún grupo armado o estructura ilegal”.
Según el líder social, antes de la masacre ya se habían presentado hechos como la decapitación de un pescador, patrullajes de hombres armados en el complejo lagunar, restricciones sobre la movilidad y la pesca, así como el aumento de homicidios y otra masacre registrada hace meses. “Había muchos elementos que nos hacían pensar que se podía presentar un hecho de esta magnitud”, sostuvo.
Además, resaltó que las familias víctimas en la más reciente masacre no tendrían relación con grupos delincuenciales. “Estamos hablando de una familia victimizada, una familia humilde y conocida en el territorio. Por eso la hipótesis más fuerte es que quisieron marcar el territorio a través del miedo y la violencia”.
El defensor de derechos humanos también señaló que la fecha en la que ocurrió la matanza no sería casual. “Hacerlo en un Día de las Madres busca dejar una huella permanente en la memoria colectiva. Son acciones con las que los grupos armados intentan ejercer control, cohesión y terror sobre las comunidades”.
Un municipio con pocas capacidades
El alcalde de Puebloviejo, Brando de Jesús Márquez, reconoció que el municipio enfrenta limitaciones para responder a la crisis de seguridad. Solo cuentan con 36 policías entre personal administrativo y vigilancia para atender a más de 34 mil habitantes. “Es insuficiente para la cantidad de moradores que vivimos ahí”, señaló el mandatario.
Márquez también rechazó cualquier intento de justificar el crimen y defendió a las víctimas. “Aquí no hay que justificar de ninguna manera los homicidios. Independientemente de si era o no de algún grupo delincuencial, están matando jóvenes en nuestro territorio”.
La Alcaldía de Puebloviejo decretó dos días de duelo municipal y ley seca, mientras avanzan las investigaciones y continúan los operativos de seguridad en la zona.
En Palmira, entretanto, persiste el miedo entre las familias que todavía intentan recuperarse de una noche que convirtió una celebración familiar en una de las masacres más graves registradas recientemente en el Magdalena.