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Las principales vías que comunican a La Guajira con el Cesar, el Magdalena y el interior del país fueron bloqueadas desde el pasado lunes por cuenta de un paro dirigido por diferentes autoridades indígenas wayuus, que exigen el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, que declara estado de cosas inconstitucionales en La Guajira por la vulneración de los derechos básicos de los niños y niñas wayuus, así como piden la inclusión de una comisión regional en las discusiones del Plan Nacional de Desarrollo, en cuyo planteamiento señalan que no participaron. Aunque no todas las comunidades del departamento están en paro, los bloqueos sí se dan luego de una serie de diálogos fallidos con el gobierno local y la exigencia de que a la zona llegue una comisión nacional con capacidad de decisión.
Las manifestaciones comenzaron en la madrugada del 27 de marzo, en sectores como Mayapo y Manaure, y se extendieron a vías como la carretera que comunica a Riohacha con Santa Marta (en el puente sobre el arroyo Guerrero) y con Valledupar (cerca de la ranchería Paraíso), lo que dificulta el tránsito entre los municipios del departamento, mientras que a lo largo de los últimos dos días se sumaron protestas en el puente de Arroyo Pozondo, entre Barrancas y Hatonuevo, y en el sur de La Guajira, lo que ha impedido el ingreso de combustible a Maicao.
Esta no es la única consecuencia. La Secretaría de Salud de La Guajira hizo llamados a los manifestantes debido a que se presentaron incidentes con ambulancias. En uno de ellos, según indicó El Heraldo, se impidió el paso de un vehículo con un paciente ventilado que iba a Santa Marta, mientras que a otro carro de asistencia médica no le permitieron regresar de Maicao a Riohacha, pese a que estaba encargado de atender emergencias en la capital.
De igual forma, el internado indígena San Antonio de Aremasaín solicitó que se permitiera el ingreso de camiones con alimentos, dado que no tenían comida para dar a los niños, así como en redes sociales habitantes de las zonas afectadas indicaron que perdieron citas médicas, y turistas que se encontraban en la Alta Guajira señalaron que quedaron atrapados y han tenido que hacer varios trasbordos para salir del departamento. Sumado a esto, la Asociación de Empresarios Turísticos del departamento advirtió que esto no solo desincentiva esta economía, sino que las protestas ya están provocando cancelaciones de viajes para Semana Santa.
En respuesta, los promotores de los bloqueos pidieron a los manifestantes permitir el paso de las misiones médicas a la espera de la llegada de una delegación del Gobierno Nacional que, advierten, pueda darles solución a sus solicitudes. Además, han reiterado que podrían alargar los bloqueos por una semana, aunque algunos líderes se han apartado de las manifestaciones argumentando que hay intereses políticos detrás.
Las motivaciones del paro fueron anunciadas el pasado 13 de marzo por autoridades tradicionales y/o ancestrales del Gobierno Mayor Indígena, quienes, a través de un comunicado, pidieron a las comunidades wayuus salir para exigir la implementación de un plan estructural y uno provisional urgente para atender solicitudes como el incumplimiento de la sentencia mencionada y otros fallos y medidas cautelares, que piden garantías para proteger a los niños wayuus; la falta de sistemas de salud y educativo con perspectiva y cosmovisión propia, la participación en los proyectos de energías alternativas en la región, problemas en la contratación de docentes y el programa de alimentación escolar (PAE), transporte fronterizo y el manejo de recursos propios, entre otros.
En parte, estas solicitudes se basan en que en algunas jurisdicciones ha habido problemas para contratar a profesores, las rutas escolares y hasta el programa de alimentación escolar, mientras que cifras nacionales dan cuenta de que en las primeras 11 semanas de este año murieron 18 niños por desnutrición en La Guajira.
Tras el llamado a paro, algunas organizaciones se desmarcaron de la protesta. Por ejemplo, el Movimiento Indígena Nación Wayuu ONG indicó que aunque respalda “estas iniciativas y manifestaciones legítimas, como la reclamación y reivindicación de unos derechos fundamentales”, no es parte del comité de la manifestación. “La solución para la hecatombe que ataca y acaba con la vida de los niños wayuus desplaza a familias enteras de sus territorios ancestrales y asesina a sus mujeres, no está en las diferentes sentencias emitidas por las altas cortes, sino en el corazón y la voluntad del estado social de derecho del que tanto pregonamos”.
Otros líderes han sido más tajantes y han indicado en redes sociales que no apoyan ni participan en los bloqueos porque las manifestaciones estarían siendo promovidas por quienes apoyan a un color político o relacionan a promotores de las protestas con contratistas que han vulnerado esos mismos derechos que piden al Estado proteger.
Ante la situación, el pasado viernes los promotores del paro se reunieron con la gobernadora encargada, Diala Wilches, en Riohacha, pero no hubo acuerdos. El encuentro se repitió el lunes con la participación de Luis Gómez Pimienta, gerente especial para la atención de la crisis humanitaria y de desnutrición en el departamento, pero tampoco se llegó a una salida a los problemas, por lo que los manifestantes indicaron que mantendrían los bloqueos en Riohacha, Maicao, Uribia y Manaure, sur de La Guajira.
Al respecto, la administración departamental ha indicado que respetan las protestas y apoyan las solicitudes de las comunidades, pero no los bloqueos. De igual forma, el secretario de Salud de La Guajira aseguró a El Pilón que han invertido $32.000 millones en un programa para atender la desnutrición en la zona que cubre la sentencia en discusión, sin embargo, esto no cubre todo lo que señalan los manifestantes en el pliego de peticiones, por lo que ayer se esperaba una nueva reunión ya directamente con la nueva directora del ICBF, Astrid Cáceres, y otras autoridades nacionales.
Desde el Congreso, la senadora Martha Peralta Epieyú aseveró que habló con funcionarios del Gobierno Nacional para que dieran prioridad a la situación en su departamento, por lo que ratificó que un grupo de funcionarios llegaría a la zona para entrar en conversaciones y negociaciones con las autoridades que lo lideran. “Hay que tener en cuenta que por primera vez en la historia se priorizó en el Presupuesto Nacional el dinero para cumplir la Sentencia T-302, que ordena salud, agua y alimentación para la niñez de La Guajira. Ningún otro gobierno lo hizo. Esto apenas está comenzando”, escribió en sus redes sociales.
Por su parte, el senador Alfredo Deluque, que estuvo en la zona el lunes, tomó la vocería de los manifestantes y señaló que los wayuus “llevan meses sentados en la mesa con el Gobierno sin que hasta el momento haya soluciones concretas a los problemas que han planteado; hago un llamado al Gobierno para que intervenga oportunamente y evite que nos veamos abocados a un paro departamental con las consecuencias que eso puede conllevar en el orden público y la economía de la región”.
A la espera de que se concretara la visita del Gobierno Nacional, otras acciones se han ido conociendo. Por ejemplo, la Procuraduría abrió una indagación contra el gobernador de La Guajira, José Jaime Vega Vence, y los alcaldes de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, y de Uribia, Bonifacio Henríquez Palmar, por los aparentes retrasos registrados en el inicio y ejecución del PAE. Esto está relacionado con una de las solicitudes. Asimismo, la Corte Constitucional hizo una inspección judicial, entre lunes y martes, alrededor del río Bruno para verificar el cumplimiento de la sentencia que amparó los derechos fundamentales al agua, la seguridad alimentaria y la salud de las comunidades indígenas ante el desvío del cauce del afluente.
Por lo pronto, las manifestaciones continúan y mientras los promotores del paro esperan respuestas, los habitantes de la región exigen que también se hallen prontas soluciones a la movilidad que mantiene paralizada a todo el departamento.