Las multas y deudas pendientes de los políticos

Lo mínimo que espera la ciudadanía es que sus dirigentes sean personas que den ejemplo y que de la misma forma que crean normas para que la gente las cumpla, las acaten. Sin embargo, los escándalos de congresistas, gobernadores, alcaldes y concejales en el país son evidencia de que entre los llamados a dirigir los municipios hay varios que están lejos de ser modelos a seguir.

Más allá de los delitos graves, el comportamiento de los funcionarios también se puede medir a través del cumplimiento de normas sencillas y básicas. Por esta razón, El Espectador consultó datos públicos y la base de datos www.zoomonline.info (de la asociación Consejo de Redacción) y se dio a la tarea de buscar cuáles alcaldes y concejales de 12 municipios de Cundinamarca tienen investigaciones disciplinarias, multas de tránsito o deudas con el Estado, para saber quiénes cumplen sus obligaciones y la ley.

La consulta se concentró en casi 160 políticos de los municipios de Cajicá, Chía, Cota, Facatativá, Funza, Girardot, La Calera, Madrid, Mosquera, Soacha, Sopó y Zipaquirá, poblaciones elegidas por su cercanía con la capital del país. Tras revisar nombre por nombre, se encontró que uno de cada tres tiene algún asunto por resolver.

Al clasificarlos por el municipio donde fueron elegidos, se puede decir que Zipaquirá (9), Chía (7) y Soacha (7) encabezan el escalafón. Y si la clasificación es por partido político, el Partido de la U (11), el Partido Verde (9) y el Partido Conservador (7) se ubican en los primeros lugares.

En materia disciplinaria, se encontró que dos alcaldes y 12 concejales tienen anotaciones o investigaciones abiertas en la Procuraduría. Entre las quejas hay presuntas irregularidades en aprobación de proyectos, derroche de dinero público o llamados de atención de autoridades por faltas en el ejercicio de sus cargos.

En cuestión de deudores morosos del Estado, ocho concejales aparecen en el boletín de la Contaduría General de la Nación, donde son reportadas las personas que tienen deudas superiores a los $3 millones con alguna entidad pública y más de seis meses de mora.

En algunos casos, las deudas tienen relación con contratos o créditos incumplidos. Aunque esto ya no representa inhabilidad para contratar con el Estado, ejercer cargos públicos o de elección popular, es un indicador de su responsabilidad a la hora de asumir obligaciones.

En cuanto a multas de tránsito, la situación es más compleja. Actualmente hay dos alcaldes y 35 concejales con infracciones sin pagar. Aunque nadie está libre de una sanción de estas, llama la atención encontrar casos de funcionarios públicos que infringieron la norma en vehículos oficiales o que llevan años sin pagar, apostándole a la prescripción de la sanción para no hacerlo.

Actualmente, la cartera en Cundinamarca por multas de tránsito asciende a $132.000 millones. Aunque lo que deben concejales y alcaldes no supera los $30 millones, el hecho de que no paguen es un mal referente para el resto de deudores. Es preciso recordar que el dinero que se recauda por multas es para planes de movilidad en las poblaciones.

Entre la lista de los que más deben, el más destacado es el concejal Javier Humberto Cruz Castillo, del municipio de Cota, quien la encabeza. Cuenta con 10 sanciones que suman alrededor de $7 millones, algunas desde 2003 y todas en vehículos de transporte público. En su extenso listado de infracciones se incluye conducir sin licencia, sobrecupo, no usar cinturón de seguridad y exceso de velocidad en vehículo escolar.

Al preguntarle a Cruz Castillo por su caso particular, reconoció su deuda e indicó que está interesado en arreglar ese asunto para poder recuperar su licencia de conducción.

Lo sigue el concejal Wilson Leonardo Pedraza Forero, de Sopó, quien tiene ocho multas, algunas desde 2006, que suman casi $4 millones. Sus faltas: exceso de velocidad, ir sin revisión técnica y no acatar señales de tránsito. El concejal, por su parte, reconoció su descuido al no pagar y dijo que buscará una solución. Sin embargo, criticó que se hicieran públicas sus deudas.

A ellos se suman Diego Hernández Enciso, de Girardot, y Olga Lucía Pulido, de Sopó, quienes tienen la licencia suspendida, sanción a la que sólo se llega por conducir borracho o usar un vehículo particular como transporte público.

Para analizar esta conducta, El Espectador consultó a Alejandro Salas, director de Transparencia Internacional para las Américas, quien fue muy crítico de los funcionarios que no pagan sus obligaciones o sus infracciones, e indicó que un político que incurra en este comportamiento es muy poco confiable.

“A simple vista podría parecer el caso de un individuo oportunista que quiere ahorrarse unos pesos o evitar un castigo, como pasa por la mente de muchos. Sin embargo, los funcionarios públicos, como alcaldes y concejales, deben tener una mayor responsabilidad, pues deben ser líderes que inspiren con el ejemplo (...). Ver este tipo de actitudes en uno de cada tres funcionarios genera desconfianza. Es decir, uno se pregunta, si hacen ese tipo de trampas a pequeña escala, ¿qué cosas no harán con los fondos públicos que manejan?”, indicó Salas.

Aunque ser moroso del Estado o no pagar las multas no genera algún tipo de sanción para los políticos, según el director regional de Transparencia Internacional sí debería ser motivo de alguna clase de rechazo.

“Los ciudadanos somos responsables de aplicarles una sanción basada en no legitimarlos mediante el voto. Difícilmente podemos cambiar la actitud inmoral de un individuo que se mete a la política si su intención es evadir un castigo o una multa. Lo que podemos hacer es presionar para que los mecanismos legales no apoyen la impunidad”, concluyó.

Estas fueron las reacciones de algunos de los políticos frente a sus asuntos pendientes.

Miguel Antonio Vargas

Concejal de Zipaquirá

“Fue una amonestación por un caso que ya prescribió. Fue por haber mandado a timbrar unas tarjetas, que costaron $250.000, por el cumpleaños del Concejo. Supuestamente fue un gasto innecesario. Para mí, fue persecución política”.

Wilson Leonardo Pedraza

Concejal de Sopó

“Esta consulta sobre lo que uno debe me parece abusiva. Se están metiendo en cosas que no deberían. Un caso ya está arreglado. Fui codeudor de un compañero de la Alcaldía de Sopó, que se colgó y me tocó responder, pero ya pagué. Lo de los partes... tiene la razón, he sido descuidado y espero pagar este año”.

Jairo Bolaños Marín

Concejal de Chía

“Me inhabilitaron por un título minero de esmeraldas, que teníamos varias personas y dejamos caducar. Aunque yo no estoy inhabilitado para ser concejal”.

Jorge Hernán Salazar

Concejal de Chía

“Los medios sólo miran la parte mala. Sé que tengo una multa y no la he pagado. Sobre las quejas disciplinarias, sé que tener contento a todo el mundo es imposible y cualquiera puede poner quejas. Los invito a que conozcan mi trabajo”.

Javier Humberto Cruz

Concejal de Cota

“Manejé transporte público por casi 14 años. Hoy no tengo ni licencia. Me he acercado a la Secretaría de Tránsito para hacer un convenio para pagar, porque me interesa recobrar mi licencia”.

Nicolás Mondragón Acosta

Concejal de Zipaquirá

“Tengo un parte que impugné y por eso no he pagado. El semáforo lo pasé en verde y no en rojo. Tengo un testigo. Estoy esperando que me notifiquen”.

Sandro Alberto Garzón

Concejal de Zipaquirá

“No tengo idea de qué me está hablando. No tengo un parte físico, no sé si se trate de una fotomulta. Voy a averiguar”.

Fabián M. Rojas García

Concejal de Zipaquirá

“Tengo una multa, pero pagaré en estos días. No he tenido ni tiempo ni cómo pagar. Como estamos finalizando sesiones, voy a tener plata para pagar. Tenía una urgencia”.

Édgar Anteno Triana 

Concejal de Zipaquirá

“Hasta donde sé, no tengo partes. Voy a averiguar ”.

Juan Carlos Carreño Orjuela

Concejal de Cajicá

“Por ustedes me entero de que debo un comparendo. Iba a 91 km por hora y para ese momento el límite era de 120 km. Averiguaré”.

John Fredy Villarraga 

Concejal de Zipaquirá

“Ya cancelé esa multa. Es la única que he tenido y la pagué en 2009, cuando hubo amnistía”.

César Octavio Moreno 

Concejal de Sopó

“En el sistema dice que ya está cancelada. La pagué en 2002. Hice el reclamo hace años. Tengo todo al día. No sé por qué esos comparendos siguen apareciendo”.

Diego Ernesto Guevara 

Concejal de Funza

“No he tenido el dinero para pagar. Estuve averiguando sobre el tema y estoy tratando de hacer un acuerdo de pago”.

Alfonso Lamprea Pedraza

Concejal de Funza

“No sé qué es la Corporación Social de Cundinamarca. No estoy reportado y no debo un peso”.

Julio César Nieves Silva

Concejal de Zipaquirá

“Tengo un crédito hipotecario que estuvo en mora y el año pasado hicimos acuerdo de pago. Estoy pagando”.