Es medio día en Puerto Rico. En la plaza principal, un militar pinta la cara de una niña. Otros pequeños se deslizan por un tobogán inflable custodiados por soldados, unos vestidos de payaso y otros armados con fusiles Galil. A pocos kilómetros, en Vista Hermosa, el pleno del Concejo discute, con las puertas abiertas, el plan de desarrollo del municipio. En Piñalito, una vereda que hasta hace poco estaba bajo el control de las Farc, un policía mira hacia el río Güejar y señala un punto en la manigua donde asegura que hay un campamento guerrillero. “No tenemos combates a pesar de que pasamos a veces a 200 metros de distancia”, dice.
Es una tranquilidad a medias. Es cierto que desde que las Farc decretaron el cese al fuego hace 17 meses, en esta región del Ariari, pleno corazón del departamento del Meta y uno de los fortines históricos de esa guerrilla, los combates y lo que se conocía como el ‘estado fariano’ parecen cosa del pasado. Pero hay nuevas amenazas.
Varios curiosos se agolpan al frente del único juzgado que existe en Puerto Rico, donde se procesa a un extorsionista que se hacía pasar por guerrillero. “Es un muchacho de la comunidad”, comenta un curioso. El ‘boleteo’ se ha recrudecido en medio del proceso de paz, convirtiéndose en el nuevo azote de campesinos, ganaderos y comerciantes de este pequeño municipio a un costado del río Ariari. “Asustan a las mujeres para presionar a los maridos a que paguen”, cuenta el párroco Didier Martínez.
La incertidumbre es el pan de cada día porque no es claro de dónde provienen las extorsiones. En estos días ha circulado un video de un guerrillero en el que advierte a la comunidad que no se deje engañar y aclara que ellos no hacen llamadas para pedir “colaboraciones”, sino que citan al monte para pagar el “impuesto del postconflicto”. La presencia de los Urabeños (Clan Úsuga) también se empieza a notar. Hace un mes la Policía capturó en Vista Hermosa a uno de sus jefes, Edrile Romero, alias el 'Negro Andrés', desmovilizado del Bloque Centauros, señalado por las autoridades de asesinatos y desplazamientos en Meta y Casanare.
A las amenazas de facto se les suma el miedo a lo que podría pasar con los desmovilizados en este territorio marcado por la violencia, cuando se firme la paz. Uno de los mayores temores es que con las Farc se repita lo que ocurrió con los paramilitares y que sin el sello de la guerrilla se sumen a otras organizaciones criminales que como los Úsuga, han empezado a llegar a sus territorios. El paso siguiente -temen- sería la agudización de la extorsión y el narcotráfico. Algunos indígenas que viven en Mesetas no ocultan el escepticismo a que las Farc realmente opten por hacer política sin armas. “Hasta no ver no creer. Algunos ya se están yendo al Eln y podrían copar los espacios de las Farc”, dice un líder que pidió el anonimato.
Otros consideran vital que aquellos guerrilleros que se desmovilicen dejen de lado todas las prácticas ilegales. “No pueden seguir extorsionado”, señala un campesino, también de Mesetas, que cree que algunos no van a cambiar décadas de delincuencia, por normas y leyes. “Es una paz muy difícil porque se negocia con un sólo grupo armado”, dice.
Allí también rondan las intrigas, que de ser ciertas develan las grandes carencias de la región. Por ejemplo, corre el rumor de que hay jóvenes desempleados que se están enrolando en la guerrilla para después desmovilizarse y así lograr que el Gobierno les pague una mensualidad. El desempleo y los pírricos presupuestos de los municipios del Ariari son la cruda realidad. “¿Cuál será la suerte de los desmovilizados que lleguen a nuestros municipios?”, se pregunta un concejal de Vista Hermosa. “Es posible que se dediquen a la delincuencia porque no saben trabajar”, especula un funcionario de la alcaldía de Mesetas, quien deduce que se vendrá una competencia por los pocos puestos de trabajo que existen.
A la incertidumbre por la desmovilización, salta a la luz la desinformación sobre el papel que tendrán estos municipios en el posconflicto. “Se habla de una paz duradera con equidad, pero a poco de concretarse no la vemos llegar. Ni nos han preguntado qué paz queremos”, advierte José Martínez, miembro de la asociación de juntas de acción comunal de Vista Hermosa. Este dirigente espera que no se repitan programas como el Plan Colombia y Consolidación. “Si hacen lo mismo fracasarán”, advierte.
El párroco de este municipio, Alirio Obando, no niega que se respire optimismo por los acuerdos que se han concretado en La Habana, pero cree necesario que el Gobierno divulgue cómo será su implementación, prepare a las alcaldías y a la comunidad. “Nos preocupa dónde van a estar concentradas las Farc y el impacto sobre la población civil”. Para el alcalde, Marco Antonio Gordillo, hay una fórmula más pragmática para la paz: Vías, tierras y alimentos. “Es imposible una pedagogía de la paz con necesidades insatisfechas. A los alcaldes no nos pueden dejar solos. Eso de que nada está acordado hasta que todo esté acordado, nos tiene en la incertidumbre”.
Para el jefe de la misión de la OEA en Colombia, Roberto Menéndez, teniendo como referencia otros procesos de paz en el mundo, es lógico que una vez se firme la paz surjan nuevos conflictos no resueltos y que estos agreguen nuevas tensiones en los territorios. “Temas como el uso de la tierra, del agua, de proyectos de vida, e incluso de participación y distribución del poder, son usualmente necesidades urgentes que la gente quiere respuestas inmediatas y no siempre hay soluciones tan rápidas”, explica.
La coca, guerra que no termina
Cortar los lazos entre los cultivos de coca y las Farc ha sido casi una obsesión del Estado en el Ariari. En este territorio, que hace parte del área de manejo especial de La Macarena, conocida como AMEM, se desplegaron 14.000 militares una vez se terminó la zona de distensión en 2002. Estos hombres, agrupados en la Fuerza de Tarea Omega, dieron fuertes golpes a las Farc reduciéndolas a 2.000 integrantes. También erradicaron miles de hectáreas de cultivos de coca.
Pero no bastó con la presencia militar, ni con los miles de millones de pesos invertidos en la aspersión y los programas de erradicación masiva que fracasaron, porque los campesinos volvieron a sembrar. Hoy, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, SIMCI, de Naciones Unidas, hay 5.042 hectáreas sembradas de coca en todo el Meta, una cifra que preocupa aunque no se compara con las 10.000 que había en el 2007.
La mezcla militares-erradicación, pero sin vías y puentes, ni opciones eficaces de proyectos productivos, terminó por enfrentar a los campesinos con el Gobierno, por lo que se han organizado para negociar la sustitución voluntaria. Víctor Moreno, presidente de la Asociación de Productores del Río Güejar, Agroguejar, reconoce que están cansados de la coca pero carecen de alternativas. “El Gobierno tiene que preguntarle al campesino qué sabe y qué puede sembrar. Tiene que concertar”.
La coca se ha sembrado tradicionalmente en lo que se conoce como la Zona de Recuperación para la Producción, un anillo que bordea toda la Serranía de la Macarena donde también hay cultivos de pancoger. Pero ante la presión de las autoridades, algunos campesinos han empezado a talar en los cuatro parques naturales que integran la AMEM. En las imágenes satelitales del SIMCI llama la atención que la deforestación no es solo en los sembrados de coca sino para ganadería y otras que no tienen ningún uso. Se especula que esta última práctica estaría relacionada con algún tipo de control territorial.
Otros labriegos han optado por sembrar pequeñas porciones de tierra con coca, en su mayoría, no mayor a una hectárea, con lo que garantizan la comida de sus familias. Al Ariari ha llegado el rumor de que una vez se firme la paz, el Gobierno pagará por erradicar.
Al problema de la coca se suma el de las mineras. En los últimos meses, toda la región se ha puesto en pie de lucha contra las explotaciones petroleras por el riesgo para los parques de La Macarena, Tinigua y Los Picachos. “Hay una contradicción entre la decisión de recuperar el territorio de los cultivos ilícitos, pero al tiempo llegan nuevos conflictos con el petróleo y las bandas criminales”, dice José Pachón, concejal de Puerto Rico que participa activamente en esta movilización junto a líderes sociales, campesinos y la iglesia.
A la espera del cambio
Parte de los dilemas que se han comenzado a vislumbrar en esta parte del país con la llegada del posconflicto, tienen que ver con la ausencia histórica de las instituciones. La escasa presencia que hasta hace poco podían ver los pobladores en el Ariari era la de organizaciones de la iglesia católica, ONGs y organismos internacionales como la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA –MAPP/OEA- que vienen monitoreando las condiciones de seguridad y las afectaciones a las comunidades.
En los últimos años, y gracias al clima de paz que ya se respira, se han establecido programas del Departamento de Prosperidad Social, juzgados y fiscales, que han empezado a ser usados por la ciudadanía. “Las instituciones se han acercado pero el campesino aún está reservado. Hacen falta procesos serios y transparentes, pero de producción. Que le digan al campesino arranque la mata de coca y tenga con qué vivir. Pero lo que hacen es plantear proyectos, firman, se toman la foto y se van”, dice el párroco de Puerto Rico.
La fuerza pública también ha venido cambiando. Después de militarizar gran parte del territorio ha empezado a construir vías y a ofrecer capacitaciones. “La gente reconoce que hay un gobierno legítimo, una constitución, que existe un mundo civilizado y que las Farc están al margen de la ley, pero hasta ahora es que escuchan del Gobierno y las instituciones”, asegura otro miembro de Asojuntas en Vista Hermosa. Se quejan de que la aproximación del Estado ha sido mayoritariamente militar. “Todo tiene que coordinarse con la fuerza pública y hay que rendirles cuentas. ¿Dónde está la autonomía?. Acá la batuta y la autoridad la tienen los militares”, se queja un funcionario de la alcaldía de Puerto Rico.
Para Cristian Rodríguez, coordinador de la Misión de la OEA en Meta, los procesos que han venido impulsando de manera valiente en territorios como el Ariari, se han enfrentado una y otra vez al dilema y la demanda de la población por más presencia del Estado y sus instituciones. “Llevamos más de una década de acompañamiento y hay una coincidencia en la necesidad de consolidar y profundizar la llegada integral del Estado, una que permita reconstruir la confianzas y emprender proyectos de vida sostenibles que impulsen el desarrollo. De lo contrario, la desconfianza será una barrera gigantesca para la construcción de la paz”.