Las preguntas que deja el asesinato del líder ambientalista Jaime Monge

El Parque Nacional Natural Farallones de Cali, en sus más de 196.429 hectáreas de extensión, es territorio de riquezas naturales. La diferencia de alturas entre su piedemonte (200 metros sobre el nivel del mar) y la cima de su farallón más encumbrado (4.280) lo convierten, por su variedad de pisos térmicos, en un sitio privilegiado para las siembras diversificadas. A su vez, es una despensa hídrica, cuna de los ríos Jamundí, Pance, Meléndez, Lili, Cali y Cañaveralejo, cuencas que bañan a los municipios de Dagua, Cali, Buenaventura y Jamundí.

El Parque Nacional Natural Farallones de Cali, en sus más de 196.429 hectáreas de extensión, es territorio de riquezas naturales. La diferencia de alturas entre su piedemonte (200 metros sobre el nivel del mar) y la cima de su farallón más encumbrado (4.280) lo convierten, por su variedad de pisos térmicos, en un sitio privilegiado para las siembras diversificadas. A su vez, es una despensa hídrica, cuna de los ríos Jamundí, Pance, Meléndez, Lili, Cali y Cañaveralejo, cuencas que bañan a los municipios de Dagua, Cali, Buenaventura y Jamundí.

Sin embargo, sus mismas complejidades naturales han convertido la zona en un terreno de interés para la minería y la ocupación ilegal, aun cuando se trata de un área protegida. Las autoridades han incrementado los operativos de vigilancia e incluso se han establecido puestos de control para disminuir las actividades de extracción de minerales, que tiene gran impacto ambiental en la zona. En lo que va del año se han registrado algunos episodios violentos, pero el asesinato del líder ambientalista Jaime Monge prendió las alarmas.

Monge Hamman, de 62 años, vivía en el corregimiento de Villacarmelo, colindante con Farallones y era un defensor a ultranza del medio ambiente. Quienes lo conocieron reconocen la determinación de su carácter para levantar la voz contra la minería ilegal y la deforestación, y al mismo tiempo el carisma y la fortaleza para impulsar actividades ecoturísticas en las instalaciones de su finca, Pachamama. Precisamente fue allí en donde la noche del martes 18 de agosto, un hombre le disparó por la espalda y acabó con su vida.

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“Realmente lamentamos lo sucedido y esperamos que haya claridad sobre lo que pasó. En la zona también está el Ejército haciendo la verificación”, dijo entonces el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Rojas.

El dolor y el silencio volvieron a la zona precisamente tres meses después de que fuera asesinado el sociólogo y gestor ambiental Jorge Enrique Oramas, quien compartió luchas con Monge desde Villacarmelo y se opuso tajantemente a la minería ilegal dentro de las reservas de Farallones. Lo mataron el 16 de mayo de 2020.

Aunque no hay mayores avances en las investigaciones para poder determinar los autores de ambos crímenes, el hecho de que ambos fueran líderes reconocidos en la lucha contra la minería ilegal, levanta sospechas y urge debates sobre las medidas de protección a los ambientalistas de la región.

Un agricultor que trabaja entre Pance y Villacarmelo cuenta que la partida de Monge es un retroceso para los derechos de los campesinos de la región. “El señor Jaime era un hombre preparado que no se dejaba meter los dedos en la boca. Nos asesoraba sin ninguna doble intención y cuidaba los cultivos de todos. Por ejemplo, conocía a la perfección a cómo vendían y compraban el café, la papa o la cebolla en Cali y a partir de ahí nos ayudaba a conseguir un precio justo por nuestros productos. Incluso a veces él mismo negociaba con los de las plazas y nos traía el dinero de vuelta”, señala el hombre, que pidió reserva de su nombre.

De hecho, uno de los proyectos al que más le invirtió esfuerzos Monge estando en el parque Farallones fue el de sacar adelante la Asociación Campesina Gotas de Lluvia, colectivo pensado en promover las actividades campesinas en más de treinta corregimientos y veredas dentro y cerca a Farallones.

Según el campesino, por los conflictos de intereses en el manejo de los recursos en esta zona rural de Cali, muchas personas eran víctimas de amenazas de muerte, a unos cuantos les quemaban sus cosechas y a otros los desplazaron forzosamente de sus hogares. “Lo que hizo este movimiento campesino fue servir como colchón ante las adversidades. Aunque no se consolidó del todo, en Asocampesina siempre estuvo la prioridad del trabajo conjunto y del apoyo incondicional”, agrega.

Claudia Isabel Acevedo, jefa del Área Protegida Parque Nacional Natural Farallones, asegura que existe un recrudecimiento en las situaciones de riesgo público dentro en Dagua y Jamundí, lo cual ha llevado a que algunas dinámicas de violencia se trasladen al parque. “El asesinato del señor Monge lo interpretamos como un mensaje de alerta para los que nos desplazamos por la cuenca del río Meléndez y en Villacarmelo. Necesitamos que las autoridades estén pendientes de esas zonas o de lo contrario seguirán ocurriendo este tipo de atrocidades”, sostiene Acevedo.

Las disputas por el control de las rentas que dejan la minería ilegal y la deforestación indiscriminada en el parque Farallones son de vieja data y preocupan a las comunidades que se asientan en la zona, que tampoco se atreven a lanzar hipótesis ni hacer señalamientos sobre los nombres de las estructuras que manejan la economía ilícita.

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De hecho, en los alrededores del parque se dice que ya le habían puesto precio a la cabeza de Monge y que incluso el líder tenía información precisa sobre las personas que estaban detrás de la minería ilegal.

Terry Hurtado, concejal en Cali y reconocido animalista y ambientalista departamental, aseguró que las denuncias que realizaba Monge en torno a la minería ilegal eran de largo alcance y agregó que “su inquietud por el estado en el que las aguas llegaban a Cali era clave, porque sabía que la contaminación en ellas a causa de la minería podía enfermar a mucha gente, porque en la ciudad no hay buenas plantas que separen de la mejor manera al agua de los metales”.

Al fenómeno de la minería ilegal en la zona se suma también la incertidumbre sobre el futuro de títulos de propiedad adjudicados de manera ilegal en Farallones, otra cuestión que Monge venía denunciando desde 2013, cuando afirmó que la construcción de casas y proyectos destinados a un ecoturismo irresponsable afectaría profundamente la reserva.