Las preocupaciones por proyecto que convertiría a La Guajira en potencia en energía eólica

Se está tramitando un proyecto que busca posicionar La Guajira como la primera potencia en energía eólica del país. Los parques generadores de energía estarían ubicados en el resguardo Wayuú de la Alta y Media Guajira.

El proyecto plantea que para  2022 comiencen a operar los primeros parques eólicos y, según lo que está en trámite, en 2031 en el territorio Wayuu de la Alta y Media Guajira se tendrán 65 parques con más de 2.500 torres con aerogeneradores y una inversión que  puede superar US6.000 millones de dólares.

Sin embargo sobre el tema hay más dudas que certezas. De acuerdo con una investigación realizada por Indepaz el proyecto se está desarrollando de manera tan vertiginosa que  el país no conoce su verdadera dimensión y las comunidades indígenas dueñas del Resguardo de la Alta Guajira y las que habitan el área inmediata de los parques tampoco tienen claridades respecto al proyecto que es equivalente a lo que generarían dos represas del tamaño de Hidroituango, según Indepaz..

"Las multinacionales que ya vienen preparando sus proyectos desde hace tres o cuatro años saben que están entrando a un territorio colectivo y tratan de entender la cultura Wayuu y las reglas del juego para tener todas las variables en sus estudios financieros y estimativos de rentabilidad. Pero, por la lectura de licencias y actas de reuniones de consulta,puede advertirse que han estado siguiendo aspectos del modelo de EPM en Jepirachique tiene la virtud de ser el primer piloto y el defecto de incluir criterios y formas de relación con las comunidades que pueden llevar al desastre a los inversionistas y ala atomizacióndel pueblo Wayuu", señala el documento titulado  "El viento del este llega con otras revoluciones".

Dicho modelo, explica Indepaz, intentó resolver temas operativos para poder funcionar en territorios colectivos pero sin la debida concertación y con la protocolización de modelos de pago o de negocios que de mantenerse en su actual esquema significaría un perjuicio a las comunidades con convenios a 30 años prorrogables.

"Para salir adelante con el experimento EPM hizo una consulta limitada a las comunidades dueñas del polígono en donde se ubica el parque, no les entregó la adecuada información técnica y financiera del proyecto y del negocio; se inventó como una forma disimulada de pago de arriendo el pago por “transito e infraestructura” a titulo de servidumbre; hace figurar como pago lo que llama compensación o responsabilidad social voluntaria; no establece distinción entre pago por el uso de la tierra, pago por compensaciones ambientales, pago por participación y gastos filantrópicos; la comunidad no tiene información sobre los bonos de carbón, ni sobre cuanto se recibe, ni cual es el reparto o en razón de que; no hace ninguna cuantificación de obligaciones anuales o periódicas con los dueños del territorio y las comunidades vecinas a los parques que tienen impactos; no valora los impactos culturales y a la vida en relación; se limita a enunciar unos compromisos de gastos en temas sociales o de suministro de agua sin ninguna cuantificación; asume que la comunidad es incapaz de manejar dinero o cuentas y se reserva el control de pagos o gastos en especie y por proyecto; no establece ninguna relación con autoridades Wayuu en el conjunto del resguardo; no establece delimitación de responsabilidades frente a las alcaldías y confunde entrega voluntaria de obras con beneficios del proyecto sustituyendo al Estado en obligaciones sociales y con los derechos étnicos. Incluye una cláusula innombrablee irrepetible que establece que la cesión de territorio es a término indefinido".

Lea: ANLA otorga licencia ambiental para proyecto de energía eólica en La Guajira

Indepaz publicará próximamente un libro que además de recoger el inventario de los proyectos eólicos, discute el modelo de negocios que se está imponiendo con "oscuras fórmulas de compensación o servidumbre", llama la atención sobre los vacíos jurídicos de la revolución eólica en territorios étnicos, invita a dialogar de verdad con el pueblo Wayuu y propone una reflexión sobre la descarbonización, los derechos territoriales y la globalización multinacional con sello verde.

"En la investigación de Indepaz se muestra que están tramitándose en la actualidad 65 parques con más de 2.500 torres con aerogeneradores, proyectadas por 19 empresas que son en su mayoría multinacionales. Esta inversión  tendrá en 2022 su primera fase con 1.500 MW y una segunda en 2031 con una capacidad similar a la que se espera de Hidroituango, Si se desarrollan todos los proyectos que están hoy en trámite antes de 2040 se llegaría a más de 6.500 MW agregados al Sistema Interconectado Nacional. Son más de 500 comunidades las que impactan directamente los parques eólicos y sus líneas colectoras y de transmisión", explica Camilo González Posso, director del Instituto.

Para González, el llamado de la investigación es a todos los interesados con el objetivo de que "se introduzcan a tiempo los correctivos en este macro negocio de modo que se logre seguridad jurídica, consentimiento previo y un beneficio cierto para las comunidades".

* Nota del editor: Esta nota fue modificada el 22 de marzo de 2019 para incluir la versión actualizada de Indepaz, que informó a El Espectador sobre la existencia de datos más recientes (del 14 de marzo) y la alerta que la citada Ong hace por la ocupación del territorio Wayúu realizada sin la debida concertación y con la protocolización de modelos inadecuados de pagos de lo que llaman compensaciones.

Se está tramitando un proyecto que busca posicionar La Guajira como la primera potencia en energía eólica del país. Los parques generadores de energía estarían ubicados en el resguardo Wayuú de la Alta y Media Guajira.

El proyecto plantea que para  2022 comiencen a operar los primeros parques eólicos y, según lo que está en trámite, en 2031 en el territorio Wayuu de la Alta y Media Guajira se tendrán 65 parques con más de 2.500 torres con aerogeneradores y una inversión que  puede superar US6.000 millones de dólares.

Sin embargo sobre el tema hay más dudas que certezas. De acuerdo con una investigación realizada por Indepaz el proyecto se está desarrollando de manera tan vertiginosa que  el país no conoce su verdadera dimensión y las comunidades indígenas dueñas del Resguardo de la Alta Guajira y las que habitan el área inmediata de los parques tampoco tienen claridades respecto al proyecto que es equivalente a lo que generarían dos represas del tamaño de Hidroituango, según Indepaz..

"Las multinacionales que ya vienen preparando sus proyectos desde hace tres o cuatro años saben que están entrando a un territorio colectivo y tratan de entender la cultura Wayuu y las reglas del juego para tener todas las variables en sus estudios financieros y estimativos de rentabilidad. Pero, por la lectura de licencias y actas de reuniones de consulta,puede advertirse que han estado siguiendo aspectos del modelo de EPM en Jepirachique tiene la virtud de ser el primer piloto y el defecto de incluir criterios y formas de relación con las comunidades que pueden llevar al desastre a los inversionistas y ala atomizacióndel pueblo Wayuu", señala el documento titulado  "El viento del este llega con otras revoluciones".

Dicho modelo, explica Indepaz, intentó resolver temas operativos para poder funcionar en territorios colectivos pero sin la debida concertación y con la protocolización de modelos de pago o de negocios que de mantenerse en su actual esquema significaría un perjuicio a las comunidades con convenios a 30 años prorrogables.

"Para salir adelante con el experimento EPM hizo una consulta limitada a las comunidades dueñas del polígono en donde se ubica el parque, no les entregó la adecuada información técnica y financiera del proyecto y del negocio; se inventó como una forma disimulada de pago de arriendo el pago por “transito e infraestructura” a titulo de servidumbre; hace figurar como pago lo que llama compensación o responsabilidad social voluntaria; no establece distinción entre pago por el uso de la tierra, pago por compensaciones ambientales, pago por participación y gastos filantrópicos; la comunidad no tiene información sobre los bonos de carbón, ni sobre cuanto se recibe, ni cual es el reparto o en razón de que; no hace ninguna cuantificación de obligaciones anuales o periódicas con los dueños del territorio y las comunidades vecinas a los parques que tienen impactos; no valora los impactos culturales y a la vida en relación; se limita a enunciar unos compromisos de gastos en temas sociales o de suministro de agua sin ninguna cuantificación; asume que la comunidad es incapaz de manejar dinero o cuentas y se reserva el control de pagos o gastos en especie y por proyecto; no establece ninguna relación con autoridades Wayuu en el conjunto del resguardo; no establece delimitación de responsabilidades frente a las alcaldías y confunde entrega voluntaria de obras con beneficios del proyecto sustituyendo al Estado en obligaciones sociales y con los derechos étnicos. Incluye una cláusula innombrablee irrepetible que establece que la cesión de territorio es a término indefinido".

Lea: ANLA otorga licencia ambiental para proyecto de energía eólica en La Guajira

Indepaz publicará próximamente un libro que además de recoger el inventario de los proyectos eólicos, discute el modelo de negocios que se está imponiendo con "oscuras fórmulas de compensación o servidumbre", llama la atención sobre los vacíos jurídicos de la revolución eólica en territorios étnicos, invita a dialogar de verdad con el pueblo Wayuu y propone una reflexión sobre la descarbonización, los derechos territoriales y la globalización multinacional con sello verde.

"En la investigación de Indepaz se muestra que están tramitándose en la actualidad 65 parques con más de 2.500 torres con aerogeneradores, proyectadas por 19 empresas que son en su mayoría multinacionales. Esta inversión  tendrá en 2022 su primera fase con 1.500 MW y una segunda en 2031 con una capacidad similar a la que se espera de Hidroituango, Si se desarrollan todos los proyectos que están hoy en trámite antes de 2040 se llegaría a más de 6.500 MW agregados al Sistema Interconectado Nacional. Son más de 500 comunidades las que impactan directamente los parques eólicos y sus líneas colectoras y de transmisión", explica Camilo González Posso, director del Instituto.

Para González, el llamado de la investigación es a todos los interesados con el objetivo de que "se introduzcan a tiempo los correctivos en este macro negocio de modo que se logre seguridad jurídica, consentimiento previo y un beneficio cierto para las comunidades".

* Nota del editor: Esta nota fue modificada el 22 de marzo de 2019 para incluir la versión actualizada de Indepaz, que informó a El Espectador sobre la existencia de datos más recientes (del 14 de marzo) y la alerta que la citada Ong hace por la ocupación del territorio Wayúu realizada sin la debida concertación y con la protocolización de modelos inadecuados de pagos de lo que llaman compensaciones.