El jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos de paz con las Farc en La Habana, Humberto de la Calle, y el excomisionado de Paz, exministro y líder del equipo en los acercamientos con el Eln, Frank Pearl, les salieron al paso a las informaciones dadas a conocer dentro de los llamados Papeles de Panamá, en los que son mencionados como socios de firmas panameñas o sociedades offshore que, como se sabe, son empresas que no registran ninguna actividad económica o comercial real, pero que se establecen en los llamados “paraísos fiscales” —algo que, hay que aclarar, no es ilegal— para presuntamente evadir el pago de impuestos en sus países de origen.
Desde la noche del miércoles, cuando comenzó a correr el rumor de la vinculación de Humberto de la Calle con dicha situación, este se adelantó a las nuevas revelaciones y confirmó que, efectivamente, en el pasado constituyó una sociedad familiar en Panamá, la cual fue registrada en su momento ante el Banco de la República, a principios de 2009, y declarada anualmente ante la Superintendencia de Sociedades y la autoridad tributaria. En su explicación dijo que por razones de seguridad y confidencialidad decidió establecer la sociedad familiar denominada Davinia, “con el único fin de servir de tenedora de mi patrimonio”.
“La mencionada sociedad extranjera Davinia no tuvo cuentas bancarias, ni generó ingresos de ninguna índole, ni hizo préstamos, ni realizó operaciones lucrativas. Durante su existencia, los impuestos relacionados con ese patrimonio, ubicado íntegramente en Colombia, fueron pagados en su totalidad y de forma oportuna”, manifestó De la Calle. Asimismo, aclaró que dicha sociedad no existe en la actualidad y su patrimonio fue incorporado a una sociedad colombiana, legalmente registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá.
En los documentos conocidos, Humberto de la Calle aparece relacionado con dos sociedades: Gran Villa Capital S.A. y Davinia Properties S.A., en esta última desde el 28 de marzo de 2008. Al realizar el proceso de debida diligencia, los funcionarios de Mossack Fonseca (MF), la agencia panameña encargada de crear y administrar sociedades offshore, alertaron sobre el nivel de exposición política de De la Calle. Para esto designaron un funcionario específico para que profundizara en la investigación e incluso se reuniera con ellos. Uno de los funcionarios informa de la situación así:
“La verdad, no conozco personalmente al señor Humberto de la Calle Lombana, ya que quien lleva las riendas de la firma y con quien siempre he tratado es el señor José Miguel de la Calle. Estos señores también me parecen muy serios y muy colaboradores; e incluso José Miguel ha manifestado interés en ofrecer nuestros servicios societarios y de planeación patrimonial como una nueva práctica del bufete. He revisado el reporte del World Check y me parece que la relación del señor Humberto De la Calle con la política no debe influir en nuestra relación con ellos, ya que no veo que ocupe ningún puesto público actual. Pienso que es una relación pasada y que el riesgo que correríamos con ellos no es diferente al que correríamos con cualquier otra firma de abogados”.
En 2011, una de las personas de confianza de la oficina de De la Calle le escribió a MF solicitando los documentos que debían presentarse ante las autoridades colombianas para el debido registro e inscripción de la operación de Davinia Properties S.A. ante el Banco de la República. Hasta septiembre de 2015, esta empresa fue la mayor accionista de una firma en Colombia, con algunos bienes inmobiliarios en el país. En esa fecha, la firma panameña se fusionó con la firma colombiana. “Los promotores de Gran Villa Capital quisieron desarrollar un proyecto inmobiliario. Su expectativa era el mercado internacional, además del nacional. En mi caso, con el propósito de prestar servicios profesionales de abogado, me vinculé con el 10 % del capital, equivalente a diez acciones por un monto de US$1.000 en el año 2006, a través de Omnium Asesores (sociedad familiar que desde septiembre de 2012 no registra ninguna actividad). El proyecto no logró llenar las expectativas, de modo que me retiré en 2011. Todo esto fue declarado a la DIAN. Los socios de esa firma me han informado que Gran Villa fue liquidada”, explicó De la Calle, aclarando también sobre Davinia Properties que la cancelación en el Registro de Panamá está en trámite.
En cuanto a Frank Pearl, el asunto tiene que ver con su figuración como accionista de dos sociedades constituidas en Panamá a través de MF: Cortal Properties y Alken Resources. La primera fue conformada en 2008 para el bufete de abogados Baker & McKenzie, quienes en 2011 precisan que Frank Pearl tenía un 50 % de participación. Sin embargo, el registro de acciones indica que desde el 9 de septiembre del 2011, Pearl quedó con el 75 % de las acciones. El 6 de septiembre de 2011, dos semanas antes de que asumiera como ministro de Medio Ambiente, un abogado de la firma Brigard & Urrutia contactó a MF, pidiendo instrucciones a su nombre ante “la necesidad de constituir o de adquirir una sociedad rápidamente para realizar unos negocios con un potencial cliente colombiano”.
A mediados de septiembre se constituyó la sociedad Alken Resources Corp, con domicilio en Panamá. En los intercambios de correos entre MF y los abogados de Pearl se muestran detalles sobre las actividades de esta última firma. En un correo de un abogado de Brigard & Urrutia, el 16 de septiembre, se explica que “la sociedad panameña celebrará un contrato con otra sociedad panameña, pero la ejecución del mismo se realizará por intermedio de un vehículo en Colombia. La sociedad panameña recibirá el pago de los honorarios por la prestación de estos servicios, pero no será una sociedad operativa”.
Sólo unas semanas después los empleados de MF se alarmaron, pues se enteraron de que Frank Pearl acababa de ser nombrado ministro. En un escrito al abogado de Brigard & Urrutia, indicaron que entraba a calificar “como un PEP” y que tenían que hacer consultas con la gerencia, pidiendo detalles más precisos sobre el uso de la sociedad. A julio de 2012, MF había insistido en por lo menos cuatro ocasiones, sin recibir respuestas. Los documentos internos de MF indican que en julio de 2013, Pearl cerró Alken Resource Corp.
Inicialmente, Frank Pearl manifestó que “el régimen colombiano permite a sus ciudadanos y residentes tener activos, pasivos e inversiones en el exterior, bajo normas claras para el reporte de las mismas”. En este sentido, indicó que la primera compañía está debidamente registrada e informada en Colombia a través de una entidad del sistema financiero que reporta a la Superintendencia Financiera y que la información relacionada con esta empresa está incluida en la declaración de renta. Con respecto a la segunda entidad legal en mención, precisó que nunca ha tenido ninguna actividad.
Ayer, en un comunicado público, Pearl reconoció que en 2011, al regresar al país después de un año de estudios en el exterior y con la intención de emprender proyectos en el sector privado, adquirió una participación en la entidad panameña Cortal Properties Inc, que si bien había sido creada anteriormente, aún no tenía actividad. Y que después, con su regreso al sector público, resolvió dejar de ser parte de ella, como consta en la documentación de la empresa. Además, en el caso de la segunda compañía, como nunca alcanzó a ser capitalizada ni a realizar transacciones o inversiones, se inactivó. “A la fecha, no cuento con ninguna participación en empresas o entidades legales activas fuera de Colombia y todos mis bienes, sin excepción, están registrados con mi nombre y cédula de ciudadanía ante las autoridades competentes. Durante todo este tiempo cumplí con todas las normas y obligaciones tributarias en Colombia, tal y como lo refleja mi declaración de renta”, concluyó el excomisionado y exministro.