23 Oct 2019 - 4:59 p. m.

Las víctimas del Bloque Bananero paramilitar siguen esperando su reparación

Casi 14 años después de que surgiera la Ley de Justicia y Paz en Colombia, a las víctimas de la región del Urabá, noroccidente, no les han llegado las indemnizaciones que les prometió el Estado.

Susana Noguera - Anadolu

Con el tiempo, la reparación a las víctimas del Urabá fue desapareciendo de la agenda pública hasta quedar casi en el olvido.  / Agencia Anadolu
Con el tiempo, la reparación a las víctimas del Urabá fue desapareciendo de la agenda pública hasta quedar casi en el olvido. / Agencia Anadolu

Enilda Jiménez es una de las más de 1.130 víctimas que dejó el Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la zona del Urabá antioqueño, al noroccidente de Colombia. Por más de 13 años ha estado presente en cada paso del proceso judicial contra Hébert Veloza García, alias ‘HH’, quien comandó por años ese grupo paramilitar en la zona y dejó un profundo legado de violencia y terror.

En su computador guarda horas y horas de grabaciones de las audiencias judiciales del caso y cada una de las sentencias que los jueces han emitido. En los documentos se hace un recuento de los más atroces crímenes que sufrieron las víctimas de ‘HH’ y los jueces les preguntan a las instancias gubernamentales dónde está el dinero para indemnizar a las víctimas. La pregunta aún no tiene respuesta.

Una sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia establece que las más de 300 familias que fueron víctimas de ‘HH’, durante su liderazgo del Bloque Bananero, deben recibir indemnizaciones por COP 47.000 millones (cerca de USD 13,7 millones).

La Unidad para las Víctimas asumió el pago de unos COP 10.500 millones. Los otros casi 37.000 millones los debe pagar el Fondo de Reparación que se creó para perseguir los bienes de los paramilitares. El problema es que la entidad afirma no tener dinero.

El lento proceso de reparación de las víctimas en Urabá

El conflicto en el Urabá tuvo un amplio cubrimiento periodístico en la primera década de los 2000, la etapa más sangrienta. En el año 2005, el Gobierno de Álvaro Uribe firmó un acuerdo de paz con los líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y se dijo que la tranquilidad regresaría a la zona, pero los jefes del grupo fueron extraditados a Estados Unidos y con ello se entorpeció el proceso de entrega de la verdad y los bienes para indemnizar a las víctimas.

Con el tiempo, la reparación a las víctimas del Urabá fue desapareciendo de la agenda pública hasta quedar casi en el olvido.

En las últimas semanas el tema volvió a ocupar titulares en los medios porque se conoció un video en el que un juez de restitución de tierras amenazó con denunciar ante la Fiscalía a una víctima que pedía que le devolvieran la tierra que le habían robado. El juez llamó a la víctima mentirosa y suspendió la audiencia.

El episodio parece dar cuenta de un problema mucho más profundo: las autoridades gubernamentales encargadas de reparar a las víctimas del Urabá no han cumplido su misión.

“Hay una relación muy psicótica entre las víctimas y el Estado colombiano porque las víctimas tienen que luchar para ser reconocidas y muchas veces somos consideradas como una piedra en el zapato. El Estado nos trata de forma indolente, déspota. Vivimos una relación dolorosa. Llena de rabia. Llena de deuda”, afirma Enilda con una mirada cansada.

Cuando trata el tema habla rápido, con vehemencia y algo de rabia. Solo se detiene de vez en cuando para peinar sus apretados crespos negros o ajustar las gafas que cubren sus penetrantes ojos oscuros.

Los funcionarios del Fondo de Reparación dicen que no tienen dinero porque los bienes que se han incautado de los paramilitares son pocos y se han ido depreciando.

En una de las audiencias del caso, la juez Luz Marina Zamora, que vigila el proceso de indemnización, dijo que el Fondo de Reparación y el Grupo Interno de Trabajo de Persecución de Bienes de la Fiscalía no han hecho un trabajo eficaz. La falta de eficacia en ese trabajo tiene como resultado que ahora Enilda y miles de víctimas del paramilitarismo estén esperando su indemnización y no haya dinero para ellas.

“Si el fondo que debe pagarle a todas las víctimas del paramilitarismo no hizo su trabajo, fue como si la plata para pagarnos a nadie le importó”, concluye Enilda.

Tras más de una década de peleas judiciales en las que las víctimas de ‘HH’ han tenido que llegar a las más altas instancias para obligar al Estado a pagar su deuda, las autoridades aún no responden y no se ha hecho realidad ni la indemnización monetaria completa ni la reparación social o psicológica para las víctimas.

El emblemático caso de Enilda Jiménez

A Samuel Antonio Jiménez lo mataron por no colaborar con los paramilitares, narra Enilda. Era un empresario bananero y ganadero que había logrado permanecer alejado de todos los grupos armados que habían manejado la zona.

Según logró establecer la Fiscalía, al papá de Enilda lo mataron exmiembros de la guerrilla del EPL bajo órdenes de ‘HH’, luego de ser acusado por sus vecinos de colaborar con la guerrilla. Luego de su muerte, diferentes empresarios se apoderaron de sus tierras y bienes dejando a sus 21 hijos sin nada.

Su asesinato se convirtió en un caso emblemático en la sentencia contra ‘HH’ porque muestra cómo sectores no armados, civiles y empresarios estuvieron involucrados en los hechos victimizantes. “Prueba que diferentes sectores de la sociedad de esa región antioqueña se vincularon al proyecto paramilitar”, explica Enilda.

Años después de la muerte de Jiménez, la Fiscalía General de la Nación señaló a diferentes empresas bananeras de aportar un centavo de dólar por cada caja de banano exportada para financiar a grupos paramilitares y afirmó que se trata de un crimen de lesa humanidad.

El mismo ‘HH’ explicó que la participación de empresas privadas y terceros civiles fue clave en la creación del paramilitarismo en la zona.

“Cuando nosotros iniciamos, cuando llegamos a Urabá, fue por pedido de los bananeros”, dijo el exparamilitar en entrevista con la Fiscalía. El aporte de los bananeros “en un inicio fue con plata en efectivo, montos ya acordados”, dijo ‘HH’. “Después se implementó un sistema que era cobrar un centavo de dólar por caja de banano que saliera exportada y ese impuesto fue subiendo también hasta quedar en tres centavos de dólar”, dijo en una declaración que quedó reseñada en la sentencia del caso.

La Asociación de Bananeros (Augura) negó que el gremio haya colaborado con los paramilitares y afirmó que solo financió colectivos privados de seguridad legales conocidos como las Convivir.

La forma tan profunda como el paramilitarismo permeó la sociedad del Urabá es aún visible en la ciudad portuaria de Apartadó, hoy todo un centro de comercio y desarrollo.

“Muchos de los bienes de los paramilitares siguen en manos de ellos. Siguen en manos de personas como ‘El Alemán’ (cuyo nombre real es Freddy Rendón Herrera) y otros paramilitares que ya están libres”, narra Enilda.

Dice que Freddy Rendón camina por Apartadó como todo un señor y muchos otros exjefes paramilitares han ido regresando a Colombia después de cumplir sus sentencias en Estados Unidos y “siguen llenos de bienes y tierras”, dice Enilda.

Los que antes comandaban escuadrones de asesinos, hoy “tienen un papel muy importante en el desarrollo de Apartadó”, dice Enilda. Los habitantes de la zona señalan que los antiguos paramilitares tienen inversiones, empresas que proveen servicios públicos y hasta usufructúan las tierras que alguna vez se robaron. Sin embargo, las víctimas no están viendo los resultados de su proceso de reparación.

El problema de no reparar el daño

El ciclo vicioso de la violencia en el Urabá, en cierta medida, se repite. Según el Registro Único de Víctimas, la dirección territorial del Urabá ha registrado 378.537 sobrevivientes del conflicto. “Si fuéramos a hacer una línea de base sobre lo que ha pasado con estas víctimas, nos vamos a dar cuenta con mucha facilidad que sus circunstancias socioeconómicas no han cambiado sustancialmente. Siguen viviendo con necesidades básicas insatisfechas, en barrios de invasión con muy poco acceso a la educación”, narra Enilda, quien además de haber vivido el conflicto en carne propia lleva más de 20 años trabajando con organizaciones humanitarias en Colombia y conoce detalladamente las problemáticas de las regiones más pobres.

Pone como ejemplo las generaciones actuales del Barrio Obrero en Apartadó que, con el tipo de trabajo que hacen en la bananera, no tienen posibilidades de mejorar su calidad de vida, enviar a sus hijos a estudiar o tener un proyecto de vida a largo plazo.

Hoy la ciudad tiene un creciente fenómeno de pandillas, con cada vez más jóvenes metidos en el tráfico de drogas. “Los chicos no quieren ir a la bananera a cargar bultos al hombro como lo hicieron sus padres por décadas, pero tampoco hay otras oportunidades para ellos”, dice Enilda. En ese escenario son presa fácil de organizaciones delincuenciales.

La sobreviviente recuerda que el mismo ‘HH’ fue una vez un muchacho que nació en una familia que no pudo darle educación, fue raspachín de coca del Meta, le tocó trabajar en las economías informales y luego terminó metido en los grupos armados.

“Todos esos muchachos que no tienen una posibilidad clara de imaginarse su futuro con tranquilidad son potenciales ‘HH’”, advierte.

El próximo 15 de noviembre habrá una audiencia para escuchar lo que el Fondo va a decir sobre el dinero de las indemnizaciones. Si no encuentra los recursos para hacer los pagos, las víctimas podrían contrademandar al Estado y seguir dando la batalla jurídica.

La juez también podría dar alternativas para el pago de las indemnizaciones. Otra posibilidad que han contemplado los demandantes es apelar a una instancia internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que Enilda tiene claro es que no se dará por vencida.

“Las víctimas no nos podemos quedar otra vez en el ostracismo, otra vez en el abandono porque esa es una semilla para que la guerra vuelva a empezar”, concluye.

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