Líderes afro e indígenas denuncian incumplimiento en protección de sus derechos

Este viernes se llevó a cabo el foro de socialización del cumplimiento del Auto 620 de 2017, en Tumaco, Nariño. / Defensoría del Pueblo.

El mar se tragó a su padre. Tenía apenas cinco años y su familia quedó sin cabeza. Su mamá comenzó a vender sancochos y jugos de fruta para sostenerlo a él y a sus cuatro hermanos. Recuerda que, cuando iba al colegio, pasaba hasta la una de la tarde sin probar comida. A esa hora se acababa su jornada, se iba para el mar y esperaba a que apareciera un pescado que le llenara la barriga. No entendió que su situación era “no pobre, sino desigual”, hasta que viajó a Cali y leyó sobre Derechos Humanos.

Desde ese momento, Jeisson Pineda comenzó un camino de preparación para liderar la defensa de los derechos de su comunidad, Río Satinga, en Nariño. Ya son 18 años los que lleva alzando la voz por ese lugar en el que, como el mismo lo dice, “la falta no es de alimentos, es de inversión social: de educación, de salud, de vivienda y de justicia. Y, por eso mismo, la solución jamás será militar”.

Como él, más de 100 defensores étnicos de la costa Pacífica nariñense se reunieron este viernes en el municipio de Tumaco para evaluar, de la mano de la Defensoría del Pueblo y otras entidades como USAID y ACNUR, la implementación del Auto 620, la orden que le dio la Corte Constitucional al Estado de adoptar “medidas urgentes para protección de la población afrodescendiente e indígena” de esta zona, luego del homicidio de siete personas al interior del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera el 5 de octubre de 2017, en los municipios El Charco, Magüi Payán, Barbacoas, Tumaco, Roberto Payán, Francisco Pizarro, Mosquera, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé y Olaya Herrera (Satinga). 

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Según los líderes, su cumplimiento ha sido nulo. A pesar de estar en papel desde noviembre del año pasado, y de contener los autos 004 y 005 de 2009, 174 de 2011, 073 de 2014 y 373 de 2016, que han insistido en la misma dirección, sus comunidades continúan sin ver cambios reales en la garantía de los derechos. “Lo único que se ha cumplido del Auto son las reuniones para socializar lo que no se ha cumplido del Auto”, denunció Pineda.

Lo mismo arrojó el informe realizado por la Defensoría del Pueblo, luego de haber realizado 27 talleres de seguimiento en el territorio. “La Corte nos da órdenes, órdenes  y órdenes y nada que cumplimos. ¿Hasta cuándo la paciencia de las comunidades?”, cuestionó el defensor del Pueblo, Carlos Negret, quien cuenta en Tumaco seis días de misión humanitaria en el Pacífico.

Según el defensor, las principales manifestaciones de los problemas de la región nariñense son los índices de desplazamiento forzado, inseguridad, juventud sin empleo, procesos de reincorporación de excombatientes de la antigua guerrilla Farc y cultivos ilícitos. “La gente siembra coca porque le toca, porque tiene que alimentar sus hijos o comprar uniformes”, reconoció el defensor. “Tumaco no se merece más raspachines, ni que nos estemos matando como nos estamos matando en estas zonas”, concluyó.

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Durante su recorrido, aseguró Negret, encontró “angustia y desazón en la gente, e, increíblemente, una falta de respeto por las comunidades”. “Nosotros tenemos un diálogo directo con ellas y queremos que ese diálogo se extienda con el Gobierno, porque las comunidades suman, suman y suman y no encuentran el resultado. No podemos seguir dividiendo. Necesitamos inversión social para que sea posible la paz. El Auto es para cumplirlo”, declaró, agregando que “cuanto más lo socializamos, la gente más comprende lo abandonada que está por quien debe cumplir”.

Precisamente por ello, lo que se preguntan varias organizaciones sociales es “¿dónde están los organismos de control para sancionar los desacatos de estas órdenes? No conocemos todavía cuál es el funcionario o la institución que está sancionada por el desacato de todos estos Autos”, demandó Pineda.

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Por su parte, Pablo Ruiz, director del PNUD en Colombia, respondió a dichos reclamos reiterando que “todas las entidades debemos buscar respuestas integrales y coordinadas, que identifiquen y respondan ante los dinamizadores de la desigualdad, de las brechas y de las deudas históricas que el Estado colombiano no ha saldado. Una sociedad reconciliada es una sociedad que da garantía a los derechos”.

Juan Edgardo Paí, coordinador de la comunidad Awá de la zona del Telembí, insistió en que “estos autos ya tienen más de diez años y los acuerdos con las entidades han sido de documentos, más no de hechos. No queremos muchas reuniones, queremos las suficientes que impliquen acordar y que se cumplan esos acuerdos”.