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Los bloqueos en el sur del país ponen en jaque el comercio y a los transportadores

En los últimos días se han presentado manifestaciones en la vía a Buenaventura y la Panamericana que generaron pérdidas superiores a 100 millones de dólares diarios. Más de 10.000 carros estuvieron represados.

Mónica Rivera Rueda

26 de mayo de 2026 - 08:11 a. m.
En la última semana se registraron dos bloqueos en vía a Buenaventura que afectaron la economía del puerto.
Foto: Archivo Particular
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Tras el levantamiento de las manifestaciones de mineros en la vía Buga-Buenaventura, que duraron cuatro días, se dio un nuevo cierre sobre el paso al puerto, por cuenta de comunidades del río Anchicayá, lo que extendió las problemáticas por el paso de mercancías y alimentos a la región.

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Lo que preocupa es que los bloqueos sobre la vía se han vuelto recurrentes y, según la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), las pérdidas en importaciones y exportaciones superan los 100 millones de dólares diarios, por lo que cada vez que se presentan este tipo de situaciones se reitera en las acciones que de forma preventiva se pueden tomar para evitar nuevas afectaciones económicas tanto para los transportadores como para las regiones del suroccidente del país.

En los últimos días las presiones han sido altas. Por los bloqueos en la vía a Buenaventura, más de 17.000 vehículos terminaron represados, lo que, según Colfecar (Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera), afecta el abastecimiento del Distrito, a los transportadores de carga que han tenido pérdidas superiores a los COP 22.400 millones y especialmente al comercio exterior.

Tal ha sido la situación que la semana pasada los conductores de vehículos de carga pesada organizaron una serie de actividades, entre las que estaban carreras de costales, hicieron sobre la vía un tobogán con bolsas de basura, agua y jabón, así como improvisaron una cancha de fútbol ante la larga espera por las manifestaciones de los últimos días.

Nidia Hernández, directora de Colfecar, aseguró a este medio que “en lo corrido de 2026, en el corredor vial hacia Buenaventura se han registrado 19 bloqueos, de los cuales dos ocurrieron en febrero por las mismas causas que originan la protesta de los mineros. Esta situación mantiene seriamente afectada la operación logística y de transporte de carga hacia el principal puerto del Pacífico colombiano, por donde se moviliza cerca del 45% del comercio exterior del país”.

Desde y hacia el puerto se movilizan 4.634 vehículos de carga con cerca de 55.698 toneladas de mercancías. “Estimamos que desde la semana pasada a hoy se han generado pérdidas por $33.600 millones de pesos, impactando la competitividad, el abastecimiento y la estabilidad de las cadenas logísticas nacionales”, añadió Hernández.

La situación en el Valle

Durante el fin de semana, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aseguró que se esperó al Gobierno Nacional, que acordó con los mineros una mesa de diálogo en Bogotá que se establecerá desde el próximo jueves 28 de mayo. Las manifestaciones estuvieron relacionadas con la formalización de la minería artesanal y la entrega de títulos para la explotación que el Gobierno había prometido pero no ha cumplido, por lo que la mandataria insistió en que la mayoría de las protestas sobre las vías se han dado por problemas de entidades nacionales que se han podido prevenir.

“Nosotros estábamos esperando que el Gobierno nacional llegara para poder agotar el diálogo, porque es un problema de ellos, que no les han dado los permisos a los mineros para hacer minería artesanal. Ellos están esperando esos títulos (...) Iniciaron el diálogo, no se pusieron de acuerdo, pero a las 3:00 p.m. Hicimos un PMU en el que les dije que si no había ninguna decisión, tocaba que se desbloqueara, porque no estaban llegando los alimentos a las casi 400.000 personas en el puerto, así como perjudica toda la economía del puerto y del departamento”, añadió la mandataria.

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Ayer, la comunidad del río Anchicayá se tomó el sector de El Gallinero, vía al puerto, en protesta por incumplimientos que, según señalan, ha tenido Celsia en el cumplimiento de la sentencia para repararlos. Al final, la Defensoría del Pueblo intermedió y se reabrió el paso.

Pero la situación se demorará en volver a la normalidad. En el puerto, ya varios estantes en los supermercados estaban vacíos por los bloqueos, mientras que los transportadores señalan que se sigue superando el represamiento, mientras que el transporte de pasajeros y de mercancías subió más del 100 % en los precios.

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Tanto los gremios de transporte como las economías del departamento han advertido al Gobierno Nacional que requieren tomar medidas para prevenir las manifestaciones. Hernández asegura que “hemos insistido en múltiples escenarios y medios de comunicación sobre la necesidad de actuar de manera preventiva, anticiparse a los conflictos sociales y evitar que las vías nacionales continúen siendo utilizadas como mecanismo de presión, pues cada cierre termina impactando directamente la economía, el comercio exterior y el abastecimiento de los colombianos”.

Como parte de estas conversaciones, el Ministerio de Transporte y Defensa mantiene seguimientos de nuevas manifestaciones y entrega reportes continuos de las afectaciones, pero insisten en que es necesario tomar acciones más contundentes ante la reiterada aparición de manifestaciones. “Lo preocupante es que este tipo de bloqueos se han convertido en una constante en distintos corredores estratégicos del país, afectando gravemente la competitividad, la seguridad vial y la continuidad de las cadenas logísticas”.

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Desde otros sectores, como Fenavi indican que también se deben evaluar las afectaciones a otros actores en el país, pues en su caso se afectó el suministro de maíz que sirve de alimento para sus animales. Lo cierto es que los bloqueos se han convertido en una fuente de tensión para el comercio local, pero también ponen peso a la economía del suroccidente del país, por lo que es necesario que se mire con detalle de qué forma se solucionan los problemas de los transportadores y los comercios, pero además se garantizan los derechos de las comunidades que protestan por la defensa de sus derechos.

Por Mónica Rivera Rueda

Periodista de planeación, hábitat, salud y educación. Estudiante de la maestría de análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos.@Yomonrivermrivera@elespectador.com

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