Los cabos por atar en la masacre en Landázuri

La Gobernación de Santander realizó un consejo de seguridad en Landázuri para reforzar las medidas en la zona. / Cortesía

“El lema es que esos señores se deben de capturar como sea”, dice un hombre en uno de los audios difundidos por las redes de la comunidad de la vereda de Buenos Aires, en Landázuri, Santander, refiriéndose a las cinco personas señaladas de ejecutar el asesinato de Álvaro Díaz Pineda y su familia (esposa y dos hijos), que se cometió en la madrugada del pasado domingo.

Horas después las autoridades confirmaron que cuatro de los culpables fueron encontrados linchados y algunos con tiros de gracia, mientras el alcalde aseguraba que el quinto también habría sido asesinado, por lo que en total se habla de nueve personas que murieron en el municipio, en las primeras horas del 11 de septiembre.

De lo que se ha podido confirmar es que Díaz, junto a su esposa Loiden Acuña Pérez y sus hijos Sebastián (20 años) y Karen (13 años), se encontraban en su vivienda cuando los sujetos señalados, y que trabajarían para él en una finca, llegaron a la zona, los torturaron, asesinaron e incineraron para borrar cualquier prueba.

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“Hay un vínculo de un préstamo del profesor a los venezolanos, quienes al recibir los mensajes de cobro, quisieron tomar revancha para no cancelar los $20 millones y lo que hacen es que atacan al profesor. Los hijos, que tratan de evitar que fuera agredido, también son asesinados, junto a su esposa”, dijo el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar.

Esto es corroborado por la empleada de la familia, quien logró huir herida de la vivienda, luego de que los sujetos le prendieran fuego a esta. Según relató a los investigadores, ella estaba durmiendo cuando se presentó el asesinato, pero la despertaron los gritos del profesor, quien pedía que no lo mataran. A la par, los hijos intentaron protegerlo, pero los atacaron a todos. A la mujer no la asesinaron, pero la dejaron dentro de la vivienda en llamas, por lo que una vez logró huir avisó a los vecinos, quienes tomaron justicia por mano propia.

“Infortunadamente la vereda queda entre cuatro a cinco horas del asco urbano. En este hecho la Policía Nacional tuvo conocimiento horas después de ocurrido y la reacción junto con el Ejército Nacional fue desplazarse a la zona. Hubo una asonada contra los miembros de la fuerza pública en el procedimiento que se estaba realizando para determinar la causa de estos hechos y la identificación de los autores”, sostuvo el director de la Policía, general Henry Armando Sanabria.

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Y es que cuando llegaron las autoridades, ya habían sido asesinados los presuntos implicados. El comandante de la Policía de Santander resaltó que la única forma de acceso al lugar es en moto, por lo que las demoras y la posibilidad de que los victimarios escaparan fueron parte de las razones por las cuales la comunidad tomó justicia por mano propia. Esto mismo creen expertos, quienes agregan que la falta de credibilidad en la justicia también pudo motivar a la gente a reaccionar como lo hizo.

Para Juan Carlos Álvarez, abogado penalista de la universidad Eafit, la investigación del segundo hecho, donde la comunidad linchó a los presuntos responsables de la masacre de la familia Díaz Acuña, tendrá que individualizar a cada uno de los responsables y posteriormente iniciar las investigaciones por el delito de homicidio.

“La autoridad tendrá que investigar un fenómeno que se llama exceso en la legítima defensa o un error sobre los presupuestos de la legítima defensa, que consiste en que una persona puede creer que en el momento que está actuando lo hace legítimamente en defensa de los derechos, en este caso de un tercero, pero sería un error porque ya no había ningún derecho que proteger, debido a que los homicidios iniciales ya se habían cometido. Seguramente en ese caso se discutirá un tema que tiene que ver con un exceso o un error en la causa de justificación y un estado de ira o de intenso dolor en las personas que reaccionaron en la forma en que lo hicieron”, dice el abogado.

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Similar opinión es la del experto en seguridad Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, para quien en este caso hay dos lecturas: la primera, de una manifestación de violencia y delincuencia en la que los victimarios asesinaron a una persona para no pagar una deuda. “Nada raro es que tengan antecedentes, porque eso no fue una cosa espontánea de ira, lo que hace más delincuencial la cosa”. Por otra parte, considera importante que el segundo caso no quede impune, ya que esto podría motivar a otros a tomar justicia por mano propia.

“Hay una ira e indignación de la comunidad porque se sienten solos y agredidos, por lo que recurren a aplicar justicia por mano propia porque no creen que la justicia pueda detener y juzgar, porque puede haber impunidad y cometen un delito, pero el Estado tiene que identificar, juzgar y condenar a los asesinos de los asesinos, porque el riesgo de que se pueda repetir es permanente”, agrega Acero.

La advertencia no es injustificada. Tras la tragedia se conocieron amenazas que les exigen a los venezolanos abandonar el municipio. “Con esto fue el detonante, hoy varias personas (venezolanos) abandonaron la zona, ellos son conscientes de que este fue un hecho atroz”, indicó a Blu Radio el alcalde de Landázuri, Marlon Ballén. Entretanto, la Asociación de Juntas de Landázuri pidió al Gobierno nacional atender los problemas sociales, que en su mayoría han exacerbado las prácticas mineras en la región.