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¿La situación de orden público en el Cauca ha mejorado o empeorado con las cuarentenas obligatorias por la pandemia? O, en otras palabras, ¿el aislamiento social ha incidido para impedir los ataques a las víctimas o los asesinos actúan con mayor libertad por la soledad reinante?
Lamentablemente ha empeorado. Los grupos ilegales están aprovechando las condiciones de la emergencia sanitaria para posicionarse y buscar legitimidad a través de controles estrictos a la movilidad con el pretexto de prevenir el contagio. En esa dinámica, han amenazado a las comunidades y también han asesinado, selectivamente, a dos personas en el municipio de Bolívar, y cometieron una masacre en Buenos Aires. Todo esto ha ocurrido a pesar de que las operaciones de la Fuerza Pública no cesan: la arbitrariedad y ceguera de la criminalidad no respeta toques de queda.
¿La Fuerza Pública no tiene suficientes recursos ni hombres en la zona? ¿Por qué el Estado no puede controlar el territorio ni siquiera en aislamiento social?
Porque la geografía caucana es muy difícil, tanto como puede ser la de Chocó, el Catatumbo o la cordillera nariñense. Incide también que las guerrillas o las disidencias andan no en grandes frentes, sino en grupos pequeños de no más de 20 o 15 individuos y tampoco usan prendas militares como antes, por lo cual no es fácil detectarlos aunque pueden estar en cualquier parte.
Pese a que la respuesta es predecible, se la formulo: ¿la firma del Acuerdo de Paz le sirvió al Cauca en inversiones y aplicación de planes de desarrollo o, por lo menos, en la pacificación de algunos de sus municipios?
El Acuerdo de Paz y, especialmente, su propuesta de desarrollo con enfoque territorial es una apuesta de largo plazo -15 años-. Por eso siempre digo que a la paz hay que tenerle paciencia. Juzgar su efecto cuando no vamos ni un tercio del período de implementación es poco serio. Pero sí quiero afirmar que esa es la única manera de arar para conseguirla. En particular, en cuanto a lo proyectado en inversiones en vías terciarias para abaratar los costos de la logística y garantizar la producción y rentabilidad de productos diferentes a cultivos ilícitos y minería ilegal.
Los medios han reportado asesinatos recientes en varios municipios del Cauca con el mismo método: un grupo de dos, tres o más hombres armados que se transportan en moto por el campo, llegan a la vivienda aislada de la víctima, entran a la casa y le disparan delante de toda su familia o la sacan y asesinan a pocos metros de su hogar. ¿Esta descripción coincide con los hechos que ha constatado la Defensoría? ¿Por qué asesinan a las víctimas delante de todos y de esa manera?
A los homicidios selectivos, que en efecto ocurren de esa manera, se suman otras modalidades como los asesinatos o ataques indiscriminados en las vías, contra los vehículos en que se transportaban las víctimas: así mataron, por ejemplo, a la candidata liberal a la Alcaldía de Suárez, Karina García, y a cinco personas más; asesinaron a dos guardias en una chiva que bajaba de Toribío a Caloto, y les quitaron sus vidas a la gobernadora indígena nasa, Cristina Bautista, y a cuatro hombres de su guardia en el resguardo Tacueyó, vereda La Luz. La razón es clara: infundir temor, zozobra y angustia en las comunidades para dominarlas, intimidarlas y para que nadie se oponga a sus negocios de narcotráfico y de explotación ilegal de minerales, especialmente de oro.
La Fiscalía asegura que el Eln es responsable del asesinato de 13 líderes sociales en el Cauca, mientras que las disidencias de las antiguas Farc habrían matado a otros 24. En total, en ese departamento, los homicidios de voceros de las comunidades ascenderían a 37. ¡Una masacre! ¿Esas cifras coinciden con las de la Defensoría?
Desde el 1° de enero de 2016 hasta el 21 de abril de 2020 la Defensoría ha documentado 154 homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en Cauca. De ellos, 14 han sucedido en lo corrido de este año. Todos y cada uno de ellos significan una pérdida que no podemos tolerar. Como Defensoría, carecemos del mandato y la capacidad para determinar las autorías de los asesinatos, pero, sin lugar a dudas, tanto las estructuras del Eln como las de las facciones disidentes tienen la mayor presencia, acciones y operaciones en el departamento, por lo cual es razonable que, entre ellas, se encuentren los responsables.
Según el informe “Situación de emergencia por vulneraciones a los derechos humanos en el Cauca”, recientemente publicado, durante el período de la pandemia, es decir, el mes de abril y días, han sido asesinados 20 voceros de las comunidades. ¿La Defensoría adolece de subregistro de crímenes por falta de presencia o por ausencia de herramientas?
Ninguno de esos motivos. La Defensoría es la entidad con mayor presencia, en terreno, en el país. Y podemos certificar que, a la fecha, son 14 los asesinatos de líderes sociales en lo corrido de este año. Pero el punto no es ese: tan grave es el asesinato de 20 o 50, como 14 que nosotros registramos. Debemos centrarnos en cómo trabajar para que no haya ni un solo asesinato.
En ese departamento también han asesinado a excombatientes de las Farc, y el Estado que firmó la paz con la antigua guerrilla no parece tener poder o, lo que es peor, interés en protegerlos. ¿Cuántos reinsertados han muerto y por los sicarios de cuáles bandas: narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros o disidencias?
Estos homicidios, que son crímenes contra la paz y, por lo tanto, contra Colombia, vienen siendo documentados por la Misión de Verificación de Naciones Unidas que nos ha informado que 37 excombatientes han sido asesinados en el Cauca. Las investigaciones judiciales deben dar con los culpables y sancionarlos. El hecho es que esos homicidios han sucedido en territorios con alta presencia de facciones disidentes y en contextos en que las víctimas han trabajado por la paz, han promovido su implementación y la construcción de la misma con un altísimo nivel de compromiso.
¿Existe evidencia de que el alto nivel de compromiso con la paz, de las víctimas mencionado por usted, ¿sea el móvil de esos crímenes, dada la presencia de los disidentes que, precisamente, se opusieron a negociar con el Estado un acuerdo?
Sin lugar a dudas. Hay tres factores por los cuales asesinan a líderes y defensores de derechos: porque están a favor de la paz, porque están en contra del narcotráfico o porque combaten la minería ilegal.
¿El programa de erradicación voluntaria de cultivos ilícitos fue solo una ilusión y puso en el foco de las balas a los campesinos que honestamente quisieron cambiar la hoja de coca por sembrados de alimentos?
En Tumaco, hace casi dos años, y después de recorrer el Pacífico sur desde Buenaventura, comprendí que la sustitución de cultivos es el corazón de la paz. Así se lo expresé al anterior gobierno y se lo he reiterado al actual. Entiendo que las cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés) y la Consejería para la Estabilización de Presidencia, hablaban el año pasado de erradicar alrededor de mil hectáreas. No tengo la precisión, pero sí la convicción de que debemos aunar esfuerzos para que cada vez sean más las hectáreas sustituidas y menos las que se resiembran, en paralelo con una alternativa de ingreso real para esas comunidades.
Otras víctimas del Cauca sin protección del Estado son las comunidades indígenas y afros. ¿Cuántos asesinatos, cuántas amenazas u otro tipo de violencias y desplazamientos han sufrido las etnias en el último año?
En el caso de los defensores de derechos humanos de causas étnicas, como las autoridades indígenas y afrodescendientes, hemos registrado 78 homicidios desde el 1° de enero de 2016. En su inmensa mayoría, estas muertes han afectado a líderes étnicos dedicados a la defensa de sus territorios, a promover el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y a cuidar el medio ambiente en sus tierras. Los homicidios han sido precedidos de amenazas y panfletos, hostigamientos e incluso atentados dirigidos contra el colectivo étnico. Muchas veces la medida de autoprotección que adoptan para enfrentar esta presión es el desplazamiento, aunque su arraigo al territorio los hace permanecer o los impulsa a volver.
Hace unos años la senadora Paloma Valencia, de raíces caucanas, propuso dividir el departamento en dos: uno, poblado por los indígenas y afros; otro, por el resto de los habitantes, digamos blancos y mestizos. Decía que en esa multiplicidad racial estaba el origen de los conflictos. En sus análisis como defensor de Pueblo, ¿tenía razón la congresista? Siendo usted también caucano, su concepto es interesante…
Prefiero el Cauca al que le canta nuestro himno: “Blancos, indios y negros una sola ilusión, hijos de la misma tierra, frutos de la misma flor”. Entonces no puedo compartir esa propuesta de ninguna manera. Pero sí debo decir que la senadora la expresó al calor del arbitrario bloqueo a la ciudad de Popayán al que las comunidades indígenas se estaban acostumbrando en grave perjuicio para sus habitantes. Estoy seguro de que la senadora Valencia también está del lado de nuestro himno. Nuestra ya menguada riqueza está en que somos un pueblo multicultural. El encuentro entre blancos, indígenas, campesinos y afros es nuestra historia sobre un pasado común. Con esa diversidad debemos construir futuro.
¿Cuáles entidades del Estado pueden proteger, eficientemente, a las comunidades de los criminales? ¿Ninguna?
Tenga en cuenta el contexto sobre la dificultad geográfica que he mencionado, aunque, repito, es tan grave que asesinen a uno como a cincuenta. Las entidades que se encargan, en primer lugar, de su seguridad son la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional, que suelen ser eficientes. Recuerdo el caso de Francia Márquez y sus cinco acompañantes (líderes que rechazan la minería ilegal), en el atentado que sufrieron a comienzos de mayo de 2019, en Santander de Quilichao. La reacción de sus escoltas, dos de los cuales resultaron heridos, evitó la acción de los asesinos.
Antes de terminar, su período como defensor concluye el próximo 1° de septiembre. ¿En estos casi cuatro años el respeto tanto estatal como ciudadano de los derechos humanos en Colombia ha progresado, se ha deteriorado, sigue igual a cuando usted asumió un cargo que se necesita, pero que parece influir poco en el curso de los acontecimientos?
Me propuse, en estos cuatro años, hacer visibles a los invisibles y vulnerables. Y escogí como medio para ello llevar a la Defensoría a los territorios: menos corbata y más botas pantaneras ha sido mi norte junto con la sensibilización del país y su empatía para comprender a las víctimas y a quienes, día a día, padecen los rigores de la violencia. Hay retos enormes y muchos obstáculos, pero aún así tengo la tranquilidad de que algo logramos cuando vemos que la defensa de los líderes de derechos humanos es, hoy, un tema nuclear en la agenda nacional.
El mundo y el país están concentrados en la lucha contra la pandemia, pero hay asuntos que no dan espera. La elección de su reemplazo es uno de estos. Como la elección de quien ocupará su silla depende de una terna que elabora el presidente, y el actual jefe de Estado es de una corriente ideológica opuesta a la de quien lo incluyó a usted en la terna del momento, ¿espera que su reemplazo tenga una tarea, visión y tipo de análisis opuestos a los suyos y en su contra?
Dos cosas: es difícil llegar a estos puestos sin generar resistencias. Hace cuatro años mi nombre era censurado por muchos sectores que consideraban que yo no tenía la capacidad e, incluso, la experiencia para ocupar este cargo. Con hechos, trabajo y dedicación logré cambiar paradigmas y, sobre todo, prejuicios. Creo que a mi sucesora o sucesor le pasará igual: serán sus ejecutorias las que lo lleven a ganarse la confianza del país. Pero hay algo más, y es que a esta institución no la hace el defensor del Pueblo: la hacen los casi dos mil funcionarios y tres mil contratistas que tiene, con enorme convicción y dedicación de sus horas y sus vidas a la promoción y ejercicio de los derechos humanos. Creo que es otra cosa que logré, de cara a la opinión pública: ponderar más la Defensoría y menos al defensor.
Lo importante no es el número de muertos sino la matanza
Según el Informe Situación de emergencia por vulneraciones a los derechos humanos en el departamento del Cauca, publicado bajo la supervisión de organizaciones de la zona, “desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, han sido asesinadas - en el territorio caucano -, 215 personas lideresas, defensoras de Derechos Humanos y (algunos) familiares, (además de) 36 exguerrilleros de las FARC – EP en proceso de reincorporación , tres de sus familiares y un integrante del partido FARC”. El documento añade que solo desde el inicio del actual gobierno, en Cauca han sido asesinados 149 líderes o defensores de derechos y 26 exguerrilleros con tres de sus parientes. Y en una referencia a la actual situación de aislamiento obligatorio por el contagio mundial del coronavirus, el estudio también menciona que “(pese a la cuarentena), la violencia continúa llegando hasta las viviendas de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos para arrebatarles la vida”. Así, entre finales de marzo (cuando se tomaron las medidas de confinamiento nacional) y los primeros días de mayo, 20 personas entre líderes y defensores de derechos fueron asesinados. La Defensoría tiene otras mediciones pero, como asegura su cabeza, Carlos Negret, el punto central no es el número sino la matanza.
Defensor Negret: “Articulación de disidencias y disputa con el ELN”
Se cree que el Cauca es una unidad compacta pero allí hay múltiples culturas y etnias así como bandas de todo tipo y guerras ¿Cuáles organizaciones criminales dominan el departamento y por qué hay tanta división?
La geografía quebrada, con dos cordilleras y su acceso estratégico al Océano Pacífico por el río Micay y el río Naya, sumados a las brechas abismales de desigualdad y pobreza, han determinado, históricamente, la consolidación de grupos armados ilegales en el Cauca. Tras la dejación de armas de las Farc-EP, estamos evidenciando dos fenómenos: primero, articulación entre tres estructuras de las disidencias de las Farc, a través de un llamado Comando Coordinador de Occidente muy posiblemente determinado por el autodenominado frente Primero en cabeza de alias Iván Mordisco. Ahí se coordinan las columnas Dagoberto Ramos y Jaime Martínez con presencia, sobre todo, en el norte caucano, con el frente Carlos Patiño, con mayor incidencia en el sur. Segundo, disputa entre esta estructura y el ELN que tiende a exacerbarse, en el sur, por el control de la ruta de salida de la droga al Océano Pacífico. También hay ingresos esporádicos de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, desde Nariño.
* Estamos cubriendo de manera responsable esta pandemia, parte de eso es dejar sin restricción todos los contenidos sobre el tema que puedes consultar en el especial sobre Coronavirus.