Los desaparecidos de la coca

El motor de una camioneta se escucha desde una vía cercana. Benjamín me dice que por ese camino, más adelante, tuvieron que levantar otros tres cuerpos. Más allá, cerca de una escuela, encontraron una fosa común de la época en que los paramilitares se tomaron el pueblo.

“Acá en Llorente, por donde usted se asome, en cada paso ha habido un muerto, un indígena, campesino, mestizo, negro… o gente de afuera que viene a trabajar en la coca. Muchos siguen ahí, enterrados en este territorio que es sagrado para nosotros, y eso genera unas desarmonías. Por eso nos organizamos para encontrar a los desaparecidos y sanar el territorio”.

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Llorente es a Tumaco lo que El Plateado es al Cauca o La Gabarra al Catatumbo. Es El Chapare de Bolivia o el Vraem de Perú: enclaves cocaleros donde la economía del narcotráfico se ha impuesto a sangre y fuego, convirtiendo grandes regiones en cementerios a cielo abierto.

Las cuentas de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) lo confirman. De las más de 136.000 desapariciones forzadas registradas en Colombia hasta 2016, al menos 1.170 habrían ocurrido en Tumaco. La cifra no incluye las víctimas de la última década, porque cuando la entidad fue creada, tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, le fue dado un mandato retroactivo para examinar únicamente los casos del pasado.

La decisión partió de una idea optimista que duró poco: que el Acuerdo marcaría el fin del conflicto y sus tragedias. Pero en el pacífico nariñense la guerra no tardó en reaparecer. Sin el amparo de la UBPD, y ante la constante negativa de la Fiscalía y de Medicina Legal para llegar hasta zonas como Llorente, las familias y las comunidades han asumido, por cuenta propia, la búsqueda de sus parientes y amigos.

“No buscar a estas personas no es una opción para nosotros como awá. Si hay un desaparecido afecta a la comunidad entera, porque nosotros siempre hablamos desde la colectividad y el territorio, nunca desde lo individual”, dice Alexandra Pai, lideresa de la Organización de Resguardos Indígenas del Pueblo Awá del Pacífico, Oripap.

Alexandra, con 34 años y piel cobriza, hace parte de la segunda generación de liderazgos awá de la región: la que creció durante los peores años de las violencias recientes, los mismos de la expansión de los cultivos de coca. En 2021, cuando la guerra entre grupos disidentes de las FARC alcanzó su punto más álgido, ella fue una de las impulsoras de la Ruta Propia de Búsqueda de Desaparecidos, un mecanismo autónomo de urgencia gestado en la Oripap para hacerle resistencia a los violentos.

Si no se tenían noticias de un miembro de la comunidad, y había sospecha de que algo pudiera haberle pasado, la guardia indígena salía a buscarlo. En caso de que un grupo ilegal fuera responsable por su retención o desaparición, los guardias —empuñando únicamente sus bastones de madera— interpelaban a los disidentes para exigir su liberación.

“Nuestra meta era esa: salvar vidas. Pero si ya había ocurrido el asesinato, pues tratábamos de recuperar el cuerpo, que no se quedara por ahí perdido, porque eso, además del sufrimiento para las familias, genera una afectación en nuestro territorio”, recuerda Alexandra.

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El mayor Cesar Julio Guanga descarga el morral negro sobre una mesa armada con palos de guadua. Es un hombre de talla baja, voz carrasposa y cuerpo delgado. Abre la cremallera y saca dos recipientes plásticos con líquidos y plantas en su interior. Agarra una balaca tejida a mano con mostacillas verdes, la rocía con uno de sus menjurjes y se la pone alrededor de la cabeza. Bebe un par de tragos de la otra botella, contrae el abdomen, y los escupe con fuerza al aire, formando una nubecita de partículas líquidas.

“Ahora sí quedamos listos para conversar”, dice enseguida.

César Julio es un reconocido médico tradicional del pueblo awá, hijo del taita Segundo Arcencio Guanga Nastacúas y la mayora María Clemencia Pai. Cuando era niño, no había colegios en la zona donde vivía, así que su escuela fue la medicina y la cultura propias de su pueblo. En las mañanas, sus padres le enseñaban a sembrar comida, tejer canastos, abanicos, escobas y artesanías. En las tardes, lo llevaban al monte a conocer los animales y recoger las hierbas para las preparaciones. Allí, entre los árboles y la maraña, le hablaban de los poderes de los espíritus.

Para los awá, el territorio es mucho más que el pedazo de tierra donde transcurre la vida. Lo llaman el Katsa Su, una “gran casa” compartida entre los seres humanos, los animales, las plantas, los ríos, las selvas, los ancestros y los cuatro espíritus: el agua, la montaña, el trueno y el temblor. La tarea de la comunidad es conservar el equilibrio entre todos esos elementos. Cuando una persona desaparece, se rompe esa conexión sagrada, la cual, desde hace décadas, se ha ido resquebrajando en el territorio. De ahí que en 2019 la Jurisdicción Especial para la Paz haya acreditado al Katsa Su como víctima del conflicto armado.

“Si matan un indio —explica César Julio— es como si se perdiera medio territorio, porque nosotros todo lo trabajamos en caravana, en minga. Si mañana no llega un compañero, si lo desaparecen, queda un vacío en el Katsa Su, y ni siquiera se puede hacer el ritual del cabo de año”.

En la cosmogonía de este pueblo originario, hay cuatro dimensiones conectadas entre sí: el Maza Su (mundo de abajo), el Pas Su (el que se ve, donde habitan los humanos y la naturaleza), el Kutña Su -Irrittuspa (el mundo de los muertos) y el Ampara Katsa Awa Su (donde están los dioses). Pero el tránsito del segundo al tercer mundo no se da durante la muerte o el entierro: el espíritu del difunto queda vagando en el Pas Su durante 12 meses, recorriendo sus pasos en vida, y solo trasciende al Kutña Su -Irrittuspa cuando sus familiares realizan el “cabo de año”: una ceremonia para honrar a quien murió y, ahora sí, despedirlo.

Al son de la música tradicional, ofrendan los objetos preciados y la comida que más le gustaba al finado, bailan y beben hasta el amanecer. El cierre definitivo llega cuando algún pariente cubre su propio cuerpo con una sábana: el símbolo de que está cargando al difunto que enterró hace un año y que tiene los pies cansados luego de sus travesías. En ese momento, su espíritu se separa del cuerpo sepultado y va al mundo de los muertos.

Por eso, la desaparición forzada también significa una herida colectiva: sin conocer el paradero de la persona, sin certeza sobre si fue asesinada o no, y sin tener su cuerpo para un entierro, no está permitido hacer la ceremonia.

“Eso es un espíritu que queda acá en el territorio. Un espíritu que queda penando, sufriendo. Igual la familia, queda sufriendo, las madres esperando. Eso es muy duro, compañero”,explica el mayor César Julio con la voz temblorosa.

Unos minutos después, sus palabras se entrecortan mientras sus ojos se encharcan. El líder awá destapa una bolsita de agua con los dientes y la desocupa en dos succiones. Toma una bocanada de aire, se seca las lágrimas y saca de la maleta una billetera negra de cuero desgastado. Esculca entre fotos, estampitas y carnés hasta que saca un papel amarillento plastificado que contiene una foto en blanco y negro en el lado izquierdo, una huella dactilar justo debajo, y un escudo de Colombia desvanecido en el centro. El documento data de diciembre de 1961.

Cuando el mayor recupera el habla, todo cobra sentido: me cuenta que esa es la cédula de su papá. Que salió un día del año 1999 a comprar las verduras. Que unos vecinos lo vieron cruzando el río Mira en la canoa. Que también vieron cómo unos guerrilleros lo amarraron y se lo llevaron. Que él y sus hermanos salieron a buscarlo pero solo encontraron su canasta en una orilla. Que su padre nunca regresó. Que desde entonces se ha preguntado si lo lanzaron al agua o lo enterraron por allí, pero aún sigue con la duda taladrándole la cabeza.

“Yo tenía 14 años. Usted no se imagina el vacío que eso nos dejó, la tristeza con la que uno se queda. Y no sólo la familia, sino la comunidad, porque él era taita, era médico tradicional, era partero, curandero de picaduras, de mordeduras, de muchas cosas. Acá la comunidad todavía lo extraña”, lamenta César. Bebe nuevamente de uno de sus frascos y, luego de un silencio, repite cinco palabras que hacen eco: “Eso es muy duro, compañero”

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Se aferra al asidero de la puerta, pero no es suficiente. Con cada cráter de la trocha, el cuerpo de la mayora Rosalba Pai se zarandea en el asiento. Son las 4:28 de la tarde. Un rayo de sol entra por el vidrio trasero de la camioneta y le ilumina el dorso y el cabello grisáceo. Ella esquiva la luz acercándose a la ventana y observa las filas interminables de palma aceitera, el único cultivo que hemos visto durante la última hora de recorrido.

“Este era hábitat de indígena awá, era montaña grande. Los ríos y las quebradas eran ricos en pescado, en camarones de agua dulce; teníamos cacería. Ahora ya no hay nada: todo tumbaron las empresas para sembrar palma”, dice con su voz aguda la mayora, que lleva 40 de sus 66 años guiando el camino de las comunidades originarias de Tumaco y formando nuevos líderes, como Alexandra, su hija.

Un río de aguas ocre aparece. El ruido del motor del ferri oxidado que suple la ausencia de un puente se sobrepone al del caudal. Al llegar a la otra orilla, trepamos una colina: ahí empieza a cambiar el paisaje. Se asoman las matas de plátano, coca, yuca, y algunos parches de bosque tropical. A medida que avanzamos, los sembradíos de coca se hacen más extensos. Están a lado y lado de la carretera, mezclados con cultivos de pancoger y ranchitos armados con madera y tejas de zinc.

“Llegamos”, dice Alexandra desde el puesto del copiloto, mientras señala una casa de dos plantas con las tablas pintadas de azul celeste y fucsia. Antes de bajarnos, el conductor suelta una pregunta retórica: “¿Acá se piensan demorar mucho?”. Todos entendemos el mensaje: queda apenas una hora de luz y la orden de los grupos disidentes de las FARC que controlan este territorio es no transitar las vías de noche.

En el platón de la camioneta, el mayor Eduardo Marín Taicús usa su bastón de mando como soporte, da un brinco y aterriza en el suelo. El líder awá, de 65 años, tiene la piel trigueña y supera por poco el metro y medio de estatura. Se asoma a la casa y, luego de cruzar un par de frases con los dueños del cultivo de coca, obtiene el permiso para mostrármelo. Camina entre el verde fosforescente de las matas junto a la mayora Rosalba.

“La gente le echa la culpa a la coca, pero la planta en sí no es veneno. Ella es sagrada, es una riqueza, pero medicinal —cuenta la lideresa mientras acaricia las matas—. Mi persona, nosotros, coca no trabajamos, más bien hemos estado diciéndole a las comunidades que tengan cuidado, porque el mal uso nos está afectando. La juventud nueva está en una esclavitud con eso. Claro, ha habido generación de empleo, pero así como hay plata, hay problemas”.

Eduardo lanza la memoria 30 años atrás. Adaptando unos salmos bíblicos, recuerda una profecía de los sabedores awá de esa época: “Los mayores nos advertían el problema que iba a traer la coca y todo eso. Yo se lo dije a la gente: llegaron las siete plagas de Egipto”.

No era difícil prever lo que podía ocurrir. Para finales de los 90, cuando el cultivo se expandió a Tumaco, varias regiones de Colombia ya llevaban casi dos décadas experimentando la abundancia y la violencia de las bonanzas cocaleras. Pero a diferencia de lo que pasó en Guaviare, Caquetá, Meta o Putumayo, la coca no llegó al Pacífico nariñense ligada a la colonización campesina o la ampliación de la frontera agrícola, sino a la presión para acabar con los cultivos en las zonas donde ya se había consolidado.

Mientras las avionetas arrojaban glifosato desde el aire para erradicar miles de hectáreas de coca en esos departamentos de la amazonía-orinoquía, los campesinos, raspachines y trabajadores de los cultivos empezaron a migrar en busca de empleo o nuevos terrenos para seguir con el negocio. Tumaco, en plena frontera con Ecuador y con acceso al mar, presentaba ventajas enormes para el narcotráfico. Poco a poco, las comunidades negras e indígenas empezaron a notar la llegada de personas foráneas que traían las semillas y hacían acuerdos para que les permitieran sembrar matas de coca en sus territorios étnicos.

Decenas de estudios académicos y de organismos de las Naciones Unidas han demostrado que las aspersiones aéreas generaron un “efecto globo” en las zonas con cultivos de coca. El término viene de una metáfora sencilla: cuando se aprieta por un lado un globo inflado, el aire no desaparece sino que se desplaza hacia otro lugar. En 1994, cuando el Gobierno empezó a implementar con fuerza la fumigación con glifosato en Colombia, Tumaco tenía menos de 1.000 hectáreas sembradas con coca. Un lustro después, mientras la extensión de los cultivos disminuía en los enclaves cocaleros, en Tumaco aumentaba a toda velocidad, sobrepasando las 9.000 hectáreas.

El 30 de agosto del 2000, cuando el Air Force One del Gobierno de los Estados Unidos aterrizó en Cartagena para la visita entre los presidentes Bill Clinton y Andrés Pastrana, los pobladores del pacífico nariñense ya eran conscientes de que la llegada de los gringos tenía algo que ver con su territorio. Sin embargo, nadie pudo anticipar el alcance de la noticia de ese día: el inicio formal del Plan Colombia, que ambos mandatarios presentaron como una estrategia para la paz, pero en la práctica fue una apuesta militar de gran escala enfocada en la guerra contra las drogas y la lucha contrainsurgente.

“La cosa empeoró mucho en esa época. Cuando vino la primera fumigación con glifosato acá, acabaron con el bosque, con los animales, las aguas se envenenaron, se murieron los pescados. Y ahí mismo, como ya había tanta coca, llegaron más grupos armados y vino la matanza: hubo gente muerta, gente desaparecida, mamás llorando, mujeres viudas”, dice el mayor Eduardo con la mirada perdida.

El énfasis del líder awá cuando menciona la matanza reviste el término de un carácter trascendental, como un suceso que marcó para siempre la historia de su pueblo. Como La Violencia o la Segunda Guerra.

En Tumaco, la matanza estuvo auspiciada por soldados de todos los ejércitos, tanto ilegales como legales. Luego de una década de control casi hegemónico del Frente 29 de las FARC, hacia 1999 comenzaron las incursiones paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En plena expansión de la economía de la coca, entre 2001 y 2003, la presencia paramilitar se consolidó con la llegada del Bloque Libertadores del Sur y el frente Héroes de Tumaco y Llorente, que se disputaron con la guerrilla el control de la región y de las rutas del narcotráfico hacia Ecuador y el océano Pacífico. En el medio, como siempre, quedaron los civiles inocentes.

Los viejos guardan en la memoria las imágenes del 24 de marzo del 2001. Esa madrugada, tropas paramilitares de Guillermo Pérez Alzate, conocido como ‘Pablo Sevillano’, reunieron a la población de Llorente en la plaza principal. Con lista en mano, llamaron a 31 personas y las amenazaron con motosierras. Mientras los ‘paras’ dictaban sus sentencias de muerte, un grupo de guerrilleros de las FARC ingresó al pueblo y se enfrentó con las Autodefensas durante 12 horas. El Ejército apareció cinco días después, luego de las denuncias del entonces gobernador de Nariño, Parmenio Cuéllar. La Diócesis de Tumaco reportó la desaparición de 35 personas y la muerte de otras cuatro.

Empieza a oscurecer y el mayor Eduardo me recuerda la advertencia del conductor. Ya no son los mismos señores de la guerra, pero todavía se mantiene el control armado. Salimos del cultivo y llegamos a la casita de madera, donde vive una familia awá con la que Alexandra se quedó conversando. Al subirnos a la camioneta, le pregunto si tiene recuerdos de la guerra entre los paramilitares y las FARC.

Alexandra escarba entre anécdotas de su niñez (tenía solo 9 años en esa época), y opta por contarme lo que quedó en la memoria colectiva de los awá de los tiempos de la matanza: “Los que más llevamos del bulto fuimos los indígenas, porque como vivíamos en la selva y éramos nómadas, por cualquier cosa nos estigmatizaban. Si alguien iba al pueblo con botas pantaneras o si vivía adentro y le daba leishmaniasis o alguna enfermedad del monte, lo señalaban de guerrillero. Si usted lo piensa, como que el ciclo se repite: ahora mismo a nuestros muchachos también los resultan matando solo por vestirse con ropa negra o que se parezca a lo que usan los grupos armados”.

El conductor acelera. Dejamos atrás los sembradíos de coca y, con la Luna de frente, atravesamos el laberinto de palmas de aceite hasta salir de nuevo a la carretera Panamericana.

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La casa es amplia y está pintada de blanco de punta a punta. Dos pisos, una fachada de 10 metros con tres ventanales, un jardín convertido en estacionamiento. Una reja metálica con alambres de púa en el extremo superior separa la edificación de la calle 7, la principal vía de entrada a Tumaco, por la que transitan cientos de motos con pasajeros sin casco y uno que otro carro. En la reja, un letrero del tamaño de una hoja anuncia que esta es la sede de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD).

Al entrar a la casa, lo primero que se ve son cuatro repisas llenas de fotografías. Son los rostros de las personas que la UBPD ha hallado en el pacífico nariñense, y cuyos cuerpos han sido entregados a sus familias. Dora Vargas Portilla me recibe en una oficina de la primera planta y enciende el aire acondicionado. Lleva el pelo recogido, una camisa de cuadros y un chaleco blanco con las siglas de la entidad.

La investigadora me explica que de los 12 municipios de la región, Tumaco tiene el mayor registro de desapariciones forzadas: 1.170 de 1.946 víctimas, el 60% de los casos de toda la Costa Pacífica de Nariño y el piedemonte costero. Las pesquisas de la entidad atribuyen este fenómeno a dos factores fundamentales: la alta presencia de actores armados y la migración de trabajadores de la coca hacia esta zona.

La fama de Tumaco como un epicentro de empleo en el Pacífico se ha mantenido por décadas. Primero por los cultivos de palma, y después por la llegada de la coca. Como ocurrió con el caucho o el café, la coca se convirtió en una economía de bonanza itinerante. Así como los jornaleros le siguen el paso a las cosechas cafeteras de región en región, los raspachines (quienes recolectan la hoja de coca) se desplazan por el país buscando la zona que ofrezca más trabajo.

Dora cuenta que, según la información aportada por los familiares que buscan a sus seres queridos, una de cada diez víctimas en Tumaco —más de 100 desaparecidos— habría tenido alguna relación con el trabajo en los cocales cuando se perdió su rastro. Confirmar esta información en un territorio donde el obstáculo no es solo la persistencia de los grupos ilegales, sino también las complejas condiciones geográficas y sociales, eleva la dificultad de la misión al máximo: “Acá hay unas particularidades muy específicas en relación con los suelos: la alta acidez y las lluvias frecuentes generan riesgos para la conservación de los cuerpos que están dispuestos en la tierra. Entre más tiempo permanezcan en esas condiciones, habrá mayores dificultades para obtener o aislar el ADN y lograr la identificación de los cuerpos. Por eso es que buscar y encontrar a las personas desaparecidas en este territorio se convierte en una urgencia”.

De acuerdo con información facilitada por la Unidad de Búsqueda para esta investigación , hasta ahora solo se ha confirmado que 17 de los desaparecidos de Tumaco trabajaban en cultivos de coca, la mayoría, como raspachines. Nariño, con 45 víctimas, es el séptimo departamento con más casos confirmados de desaparición vinculados al trabajo en cultivos de uso ilícito. En todo el país, la UBPD tiene registros de 950 trabajadores de la coca que siguen desaparecidos. Pero la cifra podría aumentar: las regiones con más hechos (Meta y Guaviare) coinciden con las zonas donde empezó la bonanza cocalera.

El vacío, sin embargo, es más grande en las regiones donde la violencia y las desapariciones continuaron después del Acuerdo de Paz de 2016. Hay decenas de víctimas a las que, probablemente, ninguna entidad del Estado está buscando con determinación.

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El sonido de las hojas desprendiéndose de los tallos es constante, como la estática de una radio, y se mezcla con la música y las carcajadas de los trabajadores. La voz del cantante caleño Mauro Castillo sale de un parlante portátil. Un hombre negro, alto y fornido, tararea el coro:“Que viene y se va/ buscando amoooor/ con tanto frío”. Luego, deja de cantar y provoca a sus colegas al decir que es mejor bailar un merengue que esa salsa. Algunos raspachines le siguen la cuerda a la conversación entre risas; otros permanecen concentrados en lo suyo: defoliar los arbustos frondosos y arrojar las hojas de coca en una lona extendida en el suelo.

Acá el salario depende de la agilidad de cada trabajador. Llegan a eso de las seis de la mañana, para evitar las horas de sol más intensas, y acumulan la raspa hasta formar un bulto enorme que, si al recolector le rinde, puede pesar más de cien kilos. Pasado el mediodía, se echan la carga al hombro y la llevan hasta un laboratorio cercano, donde otras personas pican las hojas y agregan los primeros químicos para transformar la materia prima en pasta base.

El cultivo queda a unos 20 minutos en moto desde Llorente, atravesando un caminito de concreto de cuarenta centímetros de ancho, diseñado para que sólo transiten caminantes o vehículos de dos ruedas. En total hay nueve raspachines: cuatro jóvenes afro de la región, uno más que viene del Valle, un indígena de un resguardo cercano, dos campesinos que llegaron desde la zona montañosa de Nariño, y una joven venezolana.

“Acá es así como usted ve, todo revuelto: estamos negros, blancos, indios, unos de tierra fría y otros de tierra caliente. La coca es para toda la gente que la quiera trabajar”, cuenta Elkin* mientras enrolla una tela azul desvencijada entre sus dedos. Le da vueltas al trapo hasta forrarse ambas manos con unos guantes improvisados que le protegerán la piel de las cortadas que produce arrancar las hojas con fuerza.

Elkin ronda los 40 años. Es alto, de cuerpo delgado y nariz aguileña. Nació en Ipiales, un municipio del altiplano ubicado a unos 200 kilómetros de acá. Casi toda su vida cultivó papa y arveja en las montañas de su pueblo. Pero cuando el trabajo empezó a escasear, empacó lo que tenía y se vino a probar suerte a Tumaco. De eso ya pasaron seis años, y no tiene planes de irse.

“En toda esta zona se sabe que en Llorente se consigue el trabajito, y también, que es un poquito más rentable. No es que se gane mucho, pero se presta para defender a la familia”, dice a ritmo lento y alargando las vocales, con la musicalidad del acento de su región.

Son las 11:20 a. m. y una nube densa se fija en el cielo. Por un momento, ayuda a contener los rayos del sol, que ya casi llega a su punto más alto y tiene a todo el grupo bañado en sudor. Del otro lado del caminito de concreto que divide el cultivo, una camiseta roja del América de Cali resalta entre el paisaje verde. La viste un afro menudo, de 24 años. Sus botas de caucho están a la vera: le sancochan los pies, así que prefiere raspar descalzo.

–Manito, a la gente le toca venir hasta acá para que se dé cuenta de lo duro que es este trabajo. Pero es lo que hay, acá hay mucha gente viviendo de la coca. Yo estuve como 10 años en la ciudad, pero allá si usted no es estudiado, no tiene oportunidades.
–¿Y por eso regresó?
–Sí, tampoco es que en esto uno gane a manos llenas, pero al menos se saca lo de la comidita.

Aunque las condiciones han cambiado, la vulnerabilidad de los raspachines hoy en día no es muy distinta a la de la década de 1980, cuando comenzó el auge de los cultivos de coca en Colombia. Al no ser los dueños de la tierra ni quienes toman las decisiones sobre el cultivo, siguen siendo el último eslabón que atienden los programas de sustitución de cultivos o desarrollo alternativo; no hay censos nacionales que estimen la dimensión del sector ni sus condiciones laborales o de vida; y trabajan en completa informalidad. En lugar de contratos, tienen acuerdos de palabra con patrones que cambian cada tres días, una semana o, si el cultivo es extenso, cada mes. Los recolectores se mueven en los márgenes de una economía ilegalizada y ajena al control del Estado: la periferia de la periferia. Y, casi sin excepción, trabajan al vaivén de la guerra de turno en el territorio donde estén.

Ana*, la única extranjera del grupo, ya tuvo que vivirlo en carne propia. Hablamos bajo la sombra de una mata de plátano mientras sirve aguapanela en un vasito rojo de pasta que hace juego con su rostro agitado en medio de la jornada. Se quita la pava para limpiarse el sudor con la manga del saco y me saluda con timidez. Ana cuenta que salió de Venezuela por la crisis y vivió algunos años en Cúcuta. Luego emprendió camino hacia Ecuador. Cruzó Colombia en diagonal: 1.600 kilómetros del extremo nororiental al suroccidental, pero al llegar a Nariño, ya cerca de la frontera, le hablaron de que en la región del Abades estaban ofreciendo trabajo.

Allá, en la zona de cordillera, aprendió a cosechar la coca, hasta que la disputa entre grupos ilegales estalló: “Uno de eso no pregunta, pero la cosa se puso caliente y preferimos salir de allá. Nos dijeron que acá en Llorente estaba más tranquilo y nos vinimos… Yo lo que necesito es ganarme mi sustento”, explica.

Entre la informalidad, la persecución de la justicia y el movimiento constante de los recolectores de hoja, tener un registro de dónde trabajaron, con quién y por cuánto tiempo se vuelve casi imposible. Por eso, incluso hoy, cuando una persona vinculada a la cadena de producción de cocaína desaparece, las pistas para encontrarla son, por lo general, escasas. Y el riesgo de seguirlas, en un territorio donde todo permanece bajo el control de los grupos ilegales, es tan alto que puede costar la vida o el destierro.

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La pareja mira hacia los lados mientras sube las escaleras. Sus pasos son lentos, desconfiados. Al llegar al segundo piso de la construcción, ella se sienta en una silla blanca y pone una carpeta plástica sobre sus piernas. Él saluda con una sonrisa que apenas se percibe, por pura formalidad, y deja clara la única condición para la entrevista: ningún nombre puede ser mencionado. Sienten miedo. Tienen razones para sentirlo.

Luego de unos minutos, él dice que no ha podido volver a comer en paz. Tampoco ha podido caminar por su finca sin que la memoria lo sacuda: “Usted se sienta en la mesa y ve que le falta alguien. Sale a dar una vuelta y se acuerda de los lugares por los que él andaba. Es muy duro olvidarse de eso”.

Habla de su hijo. La última vez que lo vio tenía 16 años. Ahora debería tener 19. Estaba en sexto grado. Le gustaba jugar fútbol y bañarse en el río. Los fines de semana salía a trabajar en los cultivos de coca, a raspar hoja para ayudar con los gastos de la familia y comprar sus cosas, como la mayoría de jóvenes de Llorente y sus alrededores. Al volver a la casa, se iba para la huerta a “chupar fruta”. Vivía trepado en los palos de naranja y de mandarina, esos mismos que su padre ve hoy y siente que lo desgarran por dentro.

Un domingo de 2024, el muchacho se encontró con su primo más cercano, al que le llevaba apenas unos días de edad y con quien andaba por todas partes desde que era niño. Dijeron que irían al caserío a cortarse el pelo, se despidieron y agarraron un mototaxi. Desde entonces, nadie volvió a verlos.

Él y ella los buscaron sin descanso por más de tres meses. Acudieron a la Ruta Propia de Oripap, visitaron los resguardos, los consejos comunitarios, las veredas, navegaron los ríos. Escoltados por la guardia indígena, fueron a buscar a los comandantes de los grupos, a exigirles que les dijeran si habían asesinado a sus muchachos o si los tenían en sus filas, pero nadie les dio razón. Cuando ya no supieron en dónde más buscar, contactaron a las autoridades indígenas del Cauca (el departamento vecino, que tiene los índices más altos de reclutamiento forzado en Colombia), y viajaron hasta allá con las fotos de los jóvenes para preguntar por ellos. Pero tampoco encontraron respuestas.

Ella frota sus manos. Intenta hablar, como para complementar el relato de su esposo, pero un nudo le machaca la garganta y le inunda los ojos. Se disculpa con un gesto y me entrega la carpeta con los documentos de la denuncia ante la Fiscalía. Son tres páginas tamaño oficio en las que quedó consignado su testimonio. Al leerlos, me doy cuenta de que la desaparición de su hijo y su sobrino es apenas un hecho terrible de una larga lista. Dos años antes, un grupo armado intentó reclutar por la fuerza a dos de sus hijos. Luego, alguien se metió a su casa y mató a sus gallinas en señal de amenaza. Después, sobre la cama de uno de los niños encontraron un panfleto que les ordenaba desplazarse si no querían ser asesinados. Estuvieron siete meses escondidos en un pueblo a 20 horas de camino, hasta que el hambre se hizo más fuerte que el temor y tuvieron que volver para poder, al menos, sobrevivir de lo que logran cultivar. La desaparición de los adolescentes ocurrió un año después de su regreso a la región.

“Acá ninguna entidad hace nada. Ya van más de dos años y no hay avances. Es muy duro no saber qué pasó con el hijo de uno, qué trabajos estará pasando, si se lo llevaron con ellos o le hicieron algo”, dice el hombre. Y lanza una sentencia que parece el único epílogo posible después de tanto sufrimiento: “Yo creo que esto es una cosa que solo se supera el día que uno se muera”.

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La habitación de los mayores Eduardo Marín y Rosalba Pai es calurosa y austera. Tres de ancho por tres de fondo, una cama de madera, un mosquitero azul y un armario. Lo más visible son sus bastones de mando, que cuelgan de una puntilla en la pared. Hay cinco en total, unos más largos que otros, unos con punta y otros rectos. Todos fueron hechos con madera de chonta y están adornados con cintas de colores. Simbolizan cuatro décadas de liderazgo indígena, como gobernadores, consejeros o autoridades en periodos distintos.

El mayor entra al cuarto y agarra el bastón más grande. Es del mismo tono cobrizo de su piel y termina en forma de daga. Me dice que es importante llevarlo para el lugar al que vamos. Cuando salimos al porche, se devuelve por una botellita plástica.“Con tanto muerto que ha habido allá, hay muchas malas energías, mucho espíritu penando –dice, mientras forma un recipiente con su mano, vierte el contenido líquido de la botella, y lo unta en la coronilla de todos los presentes–. Espárzanlo en la frente los brazos, por todo lado, y pongan sus intenciones para que nos vaya bien”.

Es domingo y las calles de Llorente están repletas. Atravesamos el pueblo y continuamos por la carretera Panamericana en dirección al municipio de Barbacoas. A medida que avanzamos, la planicie empieza a ceder y aparecen las primeras montañas de la cordillera Occidental. El calor húmedo y constante de los últimos días es reemplazado por un viento fresco, y la vegetación baja por una selva densa.

Luego de 50 kilómetros de recorrido, vemos un puñado de personas con chalecos de color menta apostados a un lado de la carretera de asfalto desgastado. Son los miembros de la guardia indígena awá del cabildo El Porvenir, que nos esperan para brindarnos protección. Apenas nos bajamos de la camioneta, los hermanos Flavio y Blanca Moriano Nastacúas, autoridades del cabildo, llegan junto a los guardias jóvenes para saludar a los mayores. Solo ahí, al pie de la vía, me percato del precipicio detrás de una bionda metálica.

El lugar es conocido como la peña del Maidel, pero la mayoría de pobladores le llaman de otro modo. Desde inicios de siglo, cuando estalló la guerra de paramilitares y guerrillas, el barranco fue usado para lanzar los cuerpos sin vida de las víctimas de uno y otro grupo. El 4 de febrero de 2022, este punto fue declarado como el primer camposanto del departamento de Nariño. Según las investigaciones de la Fiscalía y de algunos colectivos de memoria, al menos 240 personas habrían sido desaparecidas en ese despeñadero.Una de esas víctimas era Ómar Moriano Nastacúas, el hermano menor de los gobernadores del cabildo. Regresó a su casa después de prestar servicio militar, y llegó justo en la época en que las autodefensas se habían tomado el pueblo. Un día del 2002 salió a trabajar y nunca lo volvieron a ver. Tenía 25 años.

Según los rumores, su cuerpo fue abandonado en el barranco, pero la familia nunca tuvo certeza de su paradero: “Mi mamá tiene 87 años y todavía tiene la esperanza de encontrarlo. Guarda fotos de él y una camisa que le gustaba. Esa desaparición nos ha dejado un dolor muy grande”, dice Blanca.

Caminamos junto a los guardias hasta el monumento en memoria de las víctimas. Al llegar, el mayor Eduardo destapa una botella de chirrinche –un licor destilado de la caña que producen los indígenas de la zona–, sirve un trago y se da la vuelta, para quedar de frente al precipicio.

“Le brindo esta copa a los espíritus, a los que fallecieron en este territorio, a los que están sufriendo –dice el hombre en voz alta mientras lanza el licor con fuerza–. Tomen este aguardiente”.

Luego, reparte una ronda entre los guardias para que sigan con el ritual. Cuando llega su turno, el gobernador Flavio Moriano se acerca al despeñadero con cautela. Da pasos lentos, manteniendo su distancia del borde. Se aferra a su bastón de madera con la mano izquierda, y con la derecha sostiene la copa. Justo cuando va a lanzar el trago, deja salir una frase que tiembla entre sus cuerdas vocales.

“Para las ánimas, que en paz descansen. También para mi hermano que está desaparecido, pero…” —su voz se corta por unos segundos— “Mucha fuerza”, complementa con el último aliento.

La lideresa Alexandra Pai reparte unas veladoras. El fuego va pasando de cirio en cirio, mientras todos rezan el credo católico y un padre nuestro. Alexandra se acerca y me dice que este es uno de los lugares más emblemáticos para la búsqueda de desaparecidos en la región.

Una lluvia repentina y pesada empieza a caer. El monumento queda cubierto por una sombra uniforme y opaca. Las velas tardan en apagarse, a pesar de que el viento arrecia. El ambiente en la peña del Maidel se siente oscuro y lúgubre.

Nos despedimos de los guardias y las autoridades. Tomamos el camino de regreso a Llorente en silencio. Al llegar de nuevo a la planicie, el sol reaparece con sus últimos rayos, formando una estela anaranjada en el paisaje. Le pregunto al conductor si es seguro tomar una fotografía del atardecer y, con su venia, saco la cámara por la ventana y aprieto el obturador un par de veces. Más adelante, en la entrada de un caserío, él mismo me advierte que a partir de ese punto lo mejor es guardarla.

No es necesario preguntar la razón. La presencia invisible de los armados, que me ha acompañado durante todo el viaje, se hace latente una vez más. Entonces, recuerdo mi conversación del día anterior con Alexandra.

“Nosotros los awá hemos sido los primeros en este territorio. Nuestros abuelos lucharon frente a una invasión tan grande que hubo en el tiempo de la llegada de los españoles, y ellos lograron subsistir. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros ahora?”, me dijo sentada junto a la chagra de su casa.

Esa pregunta que dejó en el aire me bastó para entender por qué, a pesar de todas las violencias del pasado y el presente, los awá siguen resistiendo, casi como si fuera una herencia milenaria.

Avanzamos entre casitas de madera a los lados de la vía hasta llegar a Llorente. Las cantinas ya están llenas, y los decibeles de sus parlantes compiten entre sí. El movimiento en este pueblo dinamizado por la economía de la coca demuestra que el negocio no se detiene, como tampoco la violencia que lo apalanca.

CODA: Un mes y medio después de mi viaje a Llorente, recibí un mensaje por WhatsApp. Era el padre del joven desaparecido en 2024. Sin novedad sobre su hijo ni su sobrino, la violencia otra vez se había ensañado contra los suyos: “Nos siguen apretando. Saqué a mi familia porque querían reclutar a la niña de 13 años”

* Algunos nombres fueron modificados por razones de seguridad.
**Este trabajo contó con el apoyo del Fondo para Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas de la Fundación Gabo. El texto completo fue publicado en la edición 284 de la Revista El Malpensante.