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En lo que algunos especialistas en derecho consideran como “tiempo récord” y en plena carrera política hacia la alcaldía de Puerto López, en julio del año pasado el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) le mandó un salvavidas al entonces candidato del Centro Democrático, Víctor Bravo Rodríguez.
En menos de cuatro meses, esa instancia judicial resolvió y decretó la nulidad parcial del proceso que en marzo del 2015 había proferido la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, en la cual lo declaró responsable de actos fraudulentos, mala fe y lesión enorme, por lo que lo excluyó del ejercicio de la profesión de abogado.
El hecho, que no trascendió y solo en algunos pasquines de Puerto López se dio a conocer, no afectó la campaña de Bravo Rodríguez quien finalmente ganó la alcaldía con una votación que superó los 7.400 votos.
Pero aunque el CSJ le dio vida jurídica en el proceso e incluso le devolvió la tarjeta profesional de abogado que le había sido suspendida a Bravo, el caso aún está lejos de terminar y es más grave de lo que parece pues ahora afecta al primer mandatario de un municipio.
En realidad el alto tribunal consideró que hubo errores en la presentación de los cargos que afectaron el derecho a la defensa de Bravo, pero el proceso sigue vigente y el alcalde tendrá que responder por los delitos que se le endilgan.
Todo empezó cuando una señora llamada Martha Ramírez contrató los servicios del abogado y ahora mandatario local, en el proceso de divorcio y liquidación de la sociedad con Flavio Molina Trujillo, en lo cual le correspondió a la señora mil millones de pesos.
En febrero del 2009 Martha entregó al abogado tres de los cheques con los cuales su ex marido le había adelantado parte de lo que le correspondía de la separación de bienes. Los títulos valores sumaban $897 millones.
Bravo, ante la inexperiencia de la mujer, le aconsejó que no depositara los cheques en el banco pues seguramente la DIAN la investigaría. Ramírez dice que además le aconsejó invertir en una finca que estaba embargada. Cómo Bravo tenía los cheques, la mujer le manifestó verbalmente para que desembolsaran y compraran el predio que valía $199 millones .
En el 2012, cuando Martha quiso vender su finca, se encontró, al pedir el Certificado de Tradición y Libertad, que no era la única dueña y que Bravo se había apoderado de la mitad del predio y que encima de todo no estaba interesado en vender su parte. Supuestamente ella le dio un poder y una cesión de derechos de crédito, pero Martha afirma que nunca firmó tales documentos.
La mujer afirma que nunca se enteró de los manejos del dinero que dio Bravo a su dinero ni las diligencias. Al parecer solo su contador fue el que le insinuó de las irregularidades con la plata manejada por el abogado, pero fue posterior a lo ocurrido.
En las diligencias, la defensa de Bravo Rodríguez argumentó que existía una sociedad entre la señora y el abogado, pero esta nunca se pudo comprobar que existiera de manera oficial ante la Cámara de Comercio de Villavicencio.
Más adelante, aunque el examen grafológico determinó que efectivamente no había correspondencia con la firma habitual de Martha Ramírez, es decir que la firma se la habían falsificado, según el perito, no existía prueba tendiente a demostrar que el ahora alcalde fuera el autor de esa firma.
Con las pruebas y el alegato de la defensa, en primera instancia, el 13 de marzo del 2015 la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta sancionó y excluyó del ejercicio profesional al abogado Víctor Bravo porque consideró que hubo dolo en sus actuaciones.
Sin embargo el CSJ consideró que en la etapa de formulación de cargos no se tuvieron de una manera precisa y clara los hechos objetos de la investigación y la indebida imputación jurídica lo que supuso la afectación al derecho del debido proceso. Esto que parece más un error de forma que de fondo, se podría corregir en una segunda etapa del trámite judicial.
El próximo 10 de febrero a las 8 am en el Palacio de Justicia de Villavicencio el alcalde de Puerto López tendrá que comparecer de nuevo en una audiencia en la que se recogerán pruebas y se presentarán los alegatos de conclusión por parte de la defensa de Bravo Rodríguez. El magistrado en el proceso es Cristian Pinzón. Él además tendrá que responder por otro proceso que se adelanta en su contra por el delito de estafa, falsedad en documento privado y fraude procesal en la Fiscalía General.
Víctor Bravo dijo a El Espectador que luego de culminado el proceso de divorcio surgió la posibilidad de hacer inversiones en un terreno; Martha Ramírez facilitó algunos recursos y el abogado aportó el conocimiento en esas áreas para adquirir unos derechos del Banco Popular, que a la postre les fueron cedidos en partes iguales.
“Hoy ella quiere desconocer mi gestión y mi labor que además está documentada y soportada en contratos de participación en una iniciativa de asociación de hecho autenticada ante un notario que da cuenta del acuerdo que se hizo para postularnos y adquirir el predio”, explicó el ahora alcalde de Puerto López y negó que el proceso en el CSJ haya sido en “tiempo récord” pues incluso se estaba pidiendo más celeridad y tardó casi seis meses en resolverlo.
Añadió que el CSJ consideró que las pruebas que se habían llevado no habían sido relevantes y que la formulación de cargos no estuvo ajustada en derecho, por lo que se reinició el proceso. Respecto a la audiencia del 10 de febrero indicó que presentó un recurso de apelación porque, según Bravo, nuevamente el magistrado (de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura) incurre en los mismos errores en la formulación de cargos.
“Frente a la acusación de la falsificación de la firma, dice que la Fiscalía no ha tomado decisiones frente al peritazgo y que no se ha respetado el derecho a defensa porque hasta que no se decida por un juez en el proceso penal no se puede trasladar a un proceso disciplinario”, indicó el mandatario local pero indicó que confía en que tendrá garantías para defenderse.
En Puerto López existen rumores de otros procesos en contra de Bravo Rodríguez en su labor como abogado, lo cierto es que no registra antecedentes penales o condenas que lo inhabiliten para su ejercicio como mandatario.