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La Contraloría Departamental de Caldas abrió indagación preliminar contra la empresa transportadora Gran Caldas, denunciada por supuestas irregularidades en el manejo de los recursos obtenidos del programa de apoyo al empleo formal PAEF.
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La empresa mencionada se postuló al PAEF para ser beneficiaria de un aporte monetario mensual de naturaleza estatal. El programa se creó para proteger el empleo formal, a través de un subsidio al pago de las nóminas de las empresas jurídicas que tuvieron reducción en sus ingresos durante la pandemia
A través de la primera fase de este programa, el Gobierno nacional pretendía subsidiar el equivalente al 40% de un salario mínimo de los trabajadores dependientes de las empresas y entidades sin ánimo de lucro que hubieran visto reducido sus ingresos en al menos un 20% y que solicitaran este aporte.
El programa entregó un aporte mensual a las empresas afectadas, durante los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020, y enero, febrero y marzo de 2021.
Gran Caldas fue una de las 1.600 empresas que en ese departamento accedieron a dichos recursos del Estado para completar el pago de los salarios de sus empleados y que, según la denuncia, debió pagar a sus 295 conductores que percibían ingresos a destajo (lo producido durante un mes) sin recibir nunca un monto inferior al salario mínimo mensual legal vigente.
El beneficio del PAEF consistió en un subsidio de $351.000 por cada trabajador empleado, o de $439.000 para cada trabajadora que sea mujer.
Los denunciantes (Corporación Jorge Luis Ortega García y el Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia subdirectiva Caldas –Sintraelecol Caldas-), dicen que tras efectuar veeduría al proceso de asignación y ejecución de los recursos públicos, “encontramos graves indicios y pruebas que demostrarían que la empresa de transporte público de Manizales Transportes Gran Caldas S.A. accedió a los recursos del PAEF desde mayo de 2020 hasta marzo de 2021, sin que los mismos hayan sido dirigidos al pago de nómina”, pero nunca les giró a cada uno de sus 295 conductores los $351.000 recibidos del PAEF; “motivo por el cual los empleados de la mencionada empresa no fueron beneficiarios reales del programa”.
Al responder un derecho de petición interpuesto por los denunciantes, Gran Caldas señaló haber cumplido con los pagos y afirmó que en el Ministerio del Trabajo se cuenta con un acuerdo convencional en el cual la empresa se compromete a pagar a los trabajadores el respectivo salario mínimo mensual.
La empresa manifestó que los trabajadores, debido a la administración de los vehículos, son quienes obtienen diariamente su salario de lo producido; y en ese escenario los denunciantes exigen que Gran Caldas S.A. explique por qué medio entregó el porcentaje que el Estado le giró para el pago de la nómina.
La unidad de pensiones y parafiscales (UGPP) también actuó y requirió a la empresa para que explicara el uso que le dio a los recursos del programa de apoyo al empleo formal- PAEF.
El documento de la Contraloría departamental reseña que los denunciantes aseguran que la empresa Transportes Gran Caldas S.A. obliga a los trabajadores, a través de amenazas tales como: no darles rodamiento, frenar las busetas y no renovarles el contrato para que estos firmen sí o sí las nóminas”.
Por esa razón, exigen que la empresa demuestre que efectivamente les entregó los recursos del Estado a los trabajadores, teniendo en cuenta que no existe sustentación alguna que así lo pruebe.
Los quejosos, además, pretenden que la Fiscalía investigue la presunta responsabilidad penal de los directivos de la empresa transporte Gran Caldas por el uso indebido y presuntamente ilegal que les dieron a los recursos del programa PAEF, pero hasta el momento el ente investigador no le ha atribuido ningún delito a los denunciados.
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La Contraloría
En el trámite de la denuncia la Contraloría recopiló y recaudó un amplio material probatorio, entre ellos el acta de visita fiscal del 17 de enero de 2022, en el que explica que tras revisar las cuentas de Gran Caldas e inversiones Gran Caldas (cuenta en la que terminaron los recursos), concluyó que “de los recursos girados a favor de la entidad del programa PAEF no se les canceló ningún salario a los conductores, o en su defecto a los dueños de los buses quienes hayan cancelado el salario a los conductores de sus buses”.
Al contrario, señala, “los dineros fueron destinados para pagos de impuestos, arriendos de oficinas, pagos de seguridad social, pagos de pólizas, seguros y demás gastos operacionales de la empresa”.
Según la Contraloría, la empresa de Transportes Gran Caldas recibió como subsidio del Gobierno nacional la suma de $1.117.510.000 con el fin de ser destinados para el pago de la nómina de sus trabajadores y que dichos empleados recibieran el salario correspondiente.
En relación a la afirmación por parte del ente de control en el sentido de que con los movimientos bancarios no se realizó el pago de la nómina a los 295 conductores, la empresa investigada respondió que “independiente del movimiento de los recursos económicos ya sea en bancos o en efectivo, la Empresa de Transporte Gran Caldas S.A. cumplió con el pago completo de su nómina en donde están incluidos los 295 conductores mencionados por la Contralor,ía a quienes se les canceló en efectivo (…). En este sentido los recursos aportados fueron empleados para los fines con los cuales fueron concebidos cumpliéndose con el objetivo del PAEF de dar protección al empleo formal, para el caso del sector transporte, bastante afectado”.
Por eso, aseguró no haber incurrido en las conductas imputadas por la Contraloría por el simple hecho de “que no se revisó la contabilidad completa de la empresa con sus respectivos soportes, dejando el análisis realizado por el ente de control en conclusiones infundadas”.
Sin embargo, otra ha sido la versión de los trabajadores afectados si se tiene en cuenta que la Contraloría entrevistó a los conductores que hicieron parte del listado vigencia 2020 y 2021, quienes manifestaron no haber recibido de Transportadora Gran Caldas ayuda alguna, y que si hay planillas por ellos firmadas fueron consecuencia de la presión y desespero de conseguir algo para sus familias.
El ente de control enfatizó que de la auditoría efectuada “no podemos concluir situaciones que nos permitan cuantificar el daño”, cálculo que será posible solo hasta la culminación de la indagación preliminar al término de la cual se abriría un proceso de responsabilidad fiscal, se definirá la connotación penal y los respectivos traslados a la Fiscalía General de la Nación.
En ese contexto, la Contraloría determinará el monto del daño fiscal para iniciar el proceso de responsabilidad fiscal para que la empresa Gran Caldas le pague ese dinero al Estado.