“La plata del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) se está perdiendo”. Esa es la conclusión a la que llega la líder de las madres comunitarias del país, Olinda García, después de analizar el balance de la estrategia ‘De Cero a Siempre’ que presentó este lunes Diego Molano, director de esta institución.
Y lo dice, primordialmente, porque según ella siguen sin solucionarse los principales problemas a los que se han enfrentado las madres comunitarias desde hace varios meses: la incertidumbre del régimen pensional con el que serán cubiertas y las condiciones de trabajo a las que están sometidas luego de capacitarse en el Sena.
Sin embargo, la solución la dio el lunes Molano en el balance que hizo de la política de primera infancia del Gobierno. “Estamos trabajando para que las madres comunitarias que tienen más de 65 años tengan una renta vitalicia que se pagará con el Fondo de Solidaridad Pensional”, afirmó Molano y explicó además que aquellas que no han hecho nunca aportes a pensión o cuyas contribuciones fueron insuficientes, se jubilarían con un monto de $240.000 en promedio. “Se hará a través de un decreto que saldrá antes de que se termine el año”, precisó.
Pero según García, es un verdadero irrespeto que después de trabajarle más de 25 años al Estado, quieran pensionarlas con “limosnas”. “Eso solo refleja la falta de políticas del ICBF. Es que ni siquiera nos van a dar el mínimo. ¿Cómo vamos a vivir?”, dice.
El otro inconveniente que denuncian las madres comunitarias tiene que ver con el pago que reciben después de la capacitación que les ofrece el Sena, y las condiciones laborales que les presenta el ICBF.
Aunque de las 77 mil madres que hay en el país 27 mil ya tienen una certificación técnica, para García, han sido más los perjuicios que los beneficios. “A muchas les están pagando menos de lo que ganaban como madres comunitarias. Además, tenemos que pagar salud como un trabajador, cuando antes teníamos subsidios, y ahora que entramos a una nueva entidad perdemos toda la antigüedad”, explica García, quien también asegura que hay inconsistencias en los contratos, pues se pagan salarios diferentes para el mismo cargo.
Sumado a estas contrariedades, esta líder certifica que no hay control en la repartición de alimentos. “A los niños no les llega la comida que deberían tener. En una ocasión, recibimos libra y media de arroz para 90 niños”, dice.
Entre las medidas que tomó el ICBF, se encuentra justamente un aumento del 10% del valor de la alimentación, lo que implica una inyección de recursos $26 mil millones. Según Molano, la inversión por año en cada niño se aumentó de $800.000 a $2’600.000.
Actualmente, se cubre un total de 598 mil niños. El propósito es alcanzar la meta de 1.200.000 niños para el 2014, y en el 2019 alcanzar una cobertura total.