No terminó bien la vigésimo primera ronda de negociación entre el gobierno Santos y las Farc en La Habana. La prueba quedó escrita en sucesivos comunicados que desde el 24 de febrero a la fecha emitieron las Farc para protestar contra declaraciones del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, reiterar sus propuestas mínimas para la solución del problema de las drogas ilícitas y, en contravía, la declaración del jefe de la delegación del Gobierno, Humberto de la Calle, descalificando el “lenguaje desmedido de las Farc” de los últimos días.
Después de dos semanas intensas, en las que el escándalo causado por las supuestas ‘chuzadas’ a los negociadores del Gobierno en Cuba o los señalamientos por episodios de corrupción entre altos oficiales de las Fuerzas Armadas, alteraron el curso de la política y de los diálogos en La Habana, quedó claro que en tiempos electorales avanzar en una mesa de paz no es fácil. A pesar de que varios movimientos políticos hoy quieren venderse como portavoces de la concordia, más allá de los discursos, existen factores de poder más importantes.
Por ejemplo, el reingreso a la política del exsenador, excandidato presidencial y exministro Germán Vargas Lleras. Ahora candidato a la Vicepresidencia en la fórmula reeleccionista de Juan Manuel Santos, su influjo en las decisiones de Estado y la probabilidad de que su poder se fortalezca a partir de agosto de 2014, tiene a las Farc en otra tónica. Si la guerrilla ya graduó como contradictor absoluto al expresidente Álvaro Uribe, no están muy distantes las prevenciones que tienen con el dirigente de Cambio Radical, hoy aliado de Santos.
Una visión correspondida por Vargas Lleras. Desde los tiempos del Caguán, pasando por los atentados que vivió en carne propia, el exministro tampoco ha sido amigo de los diálogos con la guerrilla. Entre las Farc y el ahora candidato a la Vicepresidencia existe una desconfianza mutua que tiene un escenario de confrontación con secuelas electorales. Con Vargas Lleras en la plataforma presidencial para el cuatrienio 2014-2018, salta a la vista que los antagonismos exigen hechos para revertir las desconfianzas naturales.
Estaba advertido que las elecciones legislativas y presidenciales iban a causar ruido en el proceso de paz de La Habana. Hoy es claro que, a tres meses de conocer quién será el jefe de Estado a partir de agosto, más allá de los discursos, conservar el proceso de paz es una tarea mayúscula. Todo podría transcurrir con normalidad y éxito para la propuesta reeleccionista si se logra un pacto a corto plazo en el tema de la solución a las drogas ilícitas, pero es un tema que requiere un componente internacional, incluso por fuera de la mesa.
Las Farc han insistido en varias propuestas que pasan por un replanteamiento en las políticas nacionales e internacionales en el tema de las drogas. Reconocimiento del consumo como un problema de salud pública, prevención como la salida expedita para enfrentar el dilema, financiación estatal de las fórmulas contra el consumo, reforma estructural de la seguridad social y hasta despenalización del porte de estupefacientes. Un inventario de iniciativas cuya aplicación supera las decisiones autónomas del Estado colombiano.
En fecha más reciente, la guerrilla decidió añadirles a la discusión sus reclamos para que se constituya una comisión especializada que identifique el poder narcoparamilitar, que se depuren los órganos de control y de la organización electoral para que no tengan influencias en esta hegemonía y, en general, que se desmonte lo que la insurgencia denomina “el poder territorial narcoparamilitar”. Una postura desafiante en un entorno de incredulidad política que necesariamente tuvo una contundente réplica por parte del Gobierno.
“Con su lenguaje desmedido están minando la confianza y creando obstáculos para el buen suceso y trabajo de la mesa de conversaciones”, fue el comentario del jefe de la delegación del Gobierno, Humberto de la Calle, el pasado 6 de marzo, en una declaración en la que reclamó por la sucesión de ataques verbales contra el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y le dejó claro a las Farc que no son, ni pueden convertirse, en jueces de las instituciones y de los funcionarios. Más acuerdos y menos declaraciones, reclamó De la Calle.
En un inusual hecho, apenas comparado con los tiempos en que el fallecido jefe de las Farc Manuel Marulanda les enviaba solicitudes a las altas cortes para que contemplaran el tema del canje de prisioneros, el pasado 4 de marzo la guerrilla decidió escribirle a la Corte Constitucional para plantear su criterio sobre la paz de Colombia y la ley estatutaria diseñada para darles viabilidad jurídica. Un documento que tampoco le ha gustado al Gobierno porque pretende establecer escenarios de igualdad con exacerbadas críticas políticas.
“Vincular las negociaciones a estrategias y necesidades electorales del Gobierno significa desconocer que la paz debe ser ajena a caprichos del momento”, se lee en el extenso documento enviado por la delegación de las Farc a la magistrada de la Corte Constitucional María Victoria Calle. Lo hizo porque quiere insistir en que su fórmula para la posible refrendación de los acuerdos de paz es una constituyente. Y por ahora el Gobierno nada quiere saber de lo que éste denomina un salto al vacío, más aún sin claridad sobre el futuro de las armas.
En pocas palabras, cuando todo hacía pensar que estaba cerca el pacto del cuarto punto de la agenda de negociación —tercero en discusión—, es evidente que no está fácil la concreción de un acuerdo. Ahora las Farc quieren una conferencia internacional para discutir el problema de la droga, insisten en que el asunto no puede ser lidiado con medidas prohibicionistas y se despacharon con un decálogo a satisfacer que incluye compromisos regionales para una política antidrogas de carácter global con reconocimiento de los usos legales de la coca, la marihuana o la amapola.
Por ahora todo quedó en punta, y hasta el próximo 22 de marzo las delegaciones de Gobierno y Farc volverán a verse las caras. Las encuestas creen en la paz, pero no en que la guerrilla tenga verdadera voluntad de llegar a un acuerdo. Mañana el país político tendrá otra faceta y los colombianos sabrán cómo será el nuevo pulso por el poder. De ahí en adelante, con las propuestas para el cuatrienio 2014-2018 a bordo, comenzará a definirse si el proceso de paz tiene bases sólidas o si se empezará a buscar el pretexto para acabarlo.
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