Margarita Giraldo lucha por evitar extradición de su esposo

Hace más de dos meses que Margarita Giraldo, quien vive en Villavicencio, no puede visitar a su esposo, Pedro Corredor Sánchez, preso en la cárcel La Picota de Bogotá. La razón: sencillamente no tiene dinero para los pasajes.

La angustiosa situación económica que hoy afronta esta mujer contrasta con la acusación que tiene la Corte del Distrito Oeste de Texas (Estados Unidos), quien cree que el esposo de Margarita era uno de los más ricos testaferros del extinto jefe del narcotráfico en los Llanos, alias Pijarbey.

Dicha instancia judicial norteamericana, que había pedido la extradición del acusado en mayo de 2013, recibió la semana pasada la notificación de que la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, en Colombia, dio el aval para que el hombre responda ante las autoridades por intentar enviar 198 kilos de cocaína desde Ciénaga (Magdalena).

El caso está revestido de un drama adicional, y es que en 2009 Corredor Sánchez recibió un golpe en la cabeza durante un altercado en Bogotá que le comprometió el 35% del cerebro y, tras cuatro meses de estar en coma, despertó con consecuencias en su comportamiento que los médicos determinaron como “limitaciones cognitivas y emocionales”.

Este es uno de los argumentos que tiene Giraldo para intentar detener la inminente extradición de su esposo a Texas. Sin embargo, en la decisión de la Corte Suprema, dice que luego del examen psiquiátrico practicado el 15 agosto pasado nada impide que esté en una cárcel.

“En conclusión, -dice el concepto de la Corte- el galeno forense encontró que Pedro Alfonso Corredor Sánchez no presenta una condición clínica que impida su vida en reclusión, sin que haya lugar a predicar un “estado grave por enfermedad”, es decir, que realizado un reconocimiento médico legal al reclamado, para establecer su condición mental, se determinó que aunque presenta algunas alteraciones neurocognitivas, no padece de un estado grave por patologías psicológicas y psiquiátricas, o con ese carácter, que le impidan su vida en reclusión”.

La falta de dinero de su familia le ha impedido tener un apoderado especializado en casos de narcotráfico y únicamente cuentan con la representación de un abogado de oficio que les dio la Defensoría del Pueblo.

“Me enteré de la decisión de la Corte por los medios de comunicación, porque nosotros siempre hemos estado desinformados de los avances del proceso. Voy a empezar a hacer rifas para intentar que un abogado presente un recurso antes de que se haga efectiva la extradición. Con mi esposo están cometiendo una injusticia muy grande”, dijo Margarita.

El caso por el que es acusado Corredor se remonta al año 2013, cuando aceptó la invitación de un hombre a descargar abono prensado en Ciénaga (Magdalena), por la que le pagarían $2 millones. Según la esposa, él se regresó disgustado con el sujeto porque sólo le pagó $850 mil.

Sin embargo, días después, al seguir trabajando en una finca de propiedad de su padre, en Puerto López (Meta), fue capturado por la Policía, pues ya pesaba una orden de extradición en su contra.

La familia Corredor Sánchez cree que al viajar a Ciénaga fue objeto de una trampa de un hombre investigado en Estados Unidos por narcotráfico y para recibir beneficios acusó a cualquier persona y fabricó pruebas.

La Corte Suprema dice que no se refiere “a las circunstancias relacionadas con la responsabilidad del requerido, (pues) no hacen parte del concepto de extradición a emitir, ya que ese es un debate jurisdiccional propio a resolverse ante la respetiva autoridad extranjera que lo requiere precisamente para el efecto, de ahí que no se necesiten mayores elucubraciones para entender fracasado el argumento de la defensa”.

El hijo de Corredor Sánchez pasa por estados depresivos, al igual que Pedro, mientras Margarita insiste que “el único crimen fue ir a cargar esos camiones porque ni siquiera antecedentes penales tiene”.

El más reciente caso de una extradición inminente que fue reversada ocurrió en septiembre de 2014, con el caso de Ariel Martínez, el carpintero de San Vicente del Caguán que ya había sido firmada por el presidente Juan Manuel Santos, pero una corrección del gobierno de Estados Unidos impidió que se cumpliera el trámite.

Hace más de dos meses que Margarita Giraldo, quien vive en Villavicencio, no puede visitar a su esposo, Pedro Corredor Sánchez, preso en la cárcel La Picota de Bogotá. La razón: sencillamente no tiene dinero para los pasajes.

La angustiosa situación económica que hoy afronta esta mujer contrasta con la acusación que tiene la Corte del Distrito Oeste de Texas (Estados Unidos), quien cree que el esposo de Margarita era uno de los más ricos testaferros del extinto jefe del narcotráfico en los Llanos, alias Pijarbey.

Dicha instancia judicial norteamericana, que había pedido la extradición del acusado en mayo de 2013, recibió la semana pasada la notificación de que la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, en Colombia, dio el aval para que el hombre responda ante las autoridades por intentar enviar 198 kilos de cocaína desde Ciénaga (Magdalena).

El caso está revestido de un drama adicional, y es que en 2009 Corredor Sánchez recibió un golpe en la cabeza durante un altercado en Bogotá que le comprometió el 35% del cerebro y, tras cuatro meses de estar en coma, despertó con consecuencias en su comportamiento que los médicos determinaron como “limitaciones cognitivas y emocionales”.

Este es uno de los argumentos que tiene Giraldo para intentar detener la inminente extradición de su esposo a Texas. Sin embargo, en la decisión de la Corte Suprema, dice que luego del examen psiquiátrico practicado el 15 agosto pasado nada impide que esté en una cárcel.

“En conclusión, -dice el concepto de la Corte- el galeno forense encontró que Pedro Alfonso Corredor Sánchez no presenta una condición clínica que impida su vida en reclusión, sin que haya lugar a predicar un “estado grave por enfermedad”, es decir, que realizado un reconocimiento médico legal al reclamado, para establecer su condición mental, se determinó que aunque presenta algunas alteraciones neurocognitivas, no padece de un estado grave por patologías psicológicas y psiquiátricas, o con ese carácter, que le impidan su vida en reclusión”.

La falta de dinero de su familia le ha impedido tener un apoderado especializado en casos de narcotráfico y únicamente cuentan con la representación de un abogado de oficio que les dio la Defensoría del Pueblo.

“Me enteré de la decisión de la Corte por los medios de comunicación, porque nosotros siempre hemos estado desinformados de los avances del proceso. Voy a empezar a hacer rifas para intentar que un abogado presente un recurso antes de que se haga efectiva la extradición. Con mi esposo están cometiendo una injusticia muy grande”, dijo Margarita.

El caso por el que es acusado Corredor se remonta al año 2013, cuando aceptó la invitación de un hombre a descargar abono prensado en Ciénaga (Magdalena), por la que le pagarían $2 millones. Según la esposa, él se regresó disgustado con el sujeto porque sólo le pagó $850 mil.

Sin embargo, días después, al seguir trabajando en una finca de propiedad de su padre, en Puerto López (Meta), fue capturado por la Policía, pues ya pesaba una orden de extradición en su contra.

La familia Corredor Sánchez cree que al viajar a Ciénaga fue objeto de una trampa de un hombre investigado en Estados Unidos por narcotráfico y para recibir beneficios acusó a cualquier persona y fabricó pruebas.

La Corte Suprema dice que no se refiere “a las circunstancias relacionadas con la responsabilidad del requerido, (pues) no hacen parte del concepto de extradición a emitir, ya que ese es un debate jurisdiccional propio a resolverse ante la respetiva autoridad extranjera que lo requiere precisamente para el efecto, de ahí que no se necesiten mayores elucubraciones para entender fracasado el argumento de la defensa”.

El hijo de Corredor Sánchez pasa por estados depresivos, al igual que Pedro, mientras Margarita insiste que “el único crimen fue ir a cargar esos camiones porque ni siquiera antecedentes penales tiene”.

El más reciente caso de una extradición inminente que fue reversada ocurrió en septiembre de 2014, con el caso de Ariel Martínez, el carpintero de San Vicente del Caguán que ya había sido firmada por el presidente Juan Manuel Santos, pero una corrección del gobierno de Estados Unidos impidió que se cumpliera el trámite.