En 2025, la violencia contra la prensa en Colombia no se midió solo en números, sino en el peso que dejó sobre quienes ejercen el oficio. Aunque la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) documentó 469 agresiones contra 305 periodistas —un 13 % menos que en 2024—, la aparente reducción estadística no se tradujo en un entorno más seguro.
Por el contrario, los ataques registrados durante el año tuvieron impactos más severos y persistentes en la vida de las y los periodistas, y en sus posibilidades reales de informar con libertad.
El efecto fue silencioso, pero profundo. En diferentes departamentos del país se configuraron escenarios de censura y autocensura, impulsados por el miedo a investigar temas sensibles: la gestión de funcionarios y recursos públicos, las dinámicas del conflicto armado, la seguridad ligada a estructuras criminales y las tensiones propias de la política local. En muchos casos, el riesgo no fue abstracto, sino una advertencia concreta sobre los límites de lo que podía —o no— publicarse.
A las amenazas y a los discursos estigmatizantes contra la prensa, en 2025 se sumó con fuerza una estrategia conocida y cada vez más recurrente: el acoso judicial. Demandas, tutelas y procesos penales se convirtieron en herramientas para frenar investigaciones incómodas, desgastar económicamente a las y los periodistas y medios, consumir su tiempo y minar su salud emocional. Más que buscar justicia, estas acciones tuvieron un objetivo claro: silenciar.
Las agresiones registradas no solo persistieron: escalaron. Los casos documentados por la FLIP confirman una tendencia hacia formas de violencia cada vez más directas y graves contra la prensa. En departamentos como Nariño y Córdoba, funcionarios públicos agredieron físicamente a periodistas que investigaban asuntos relacionados con su gestión. Ninguno de estos hechos derivó en sanciones ejemplares ni en medidas que enviaran un mensaje claro de no repetición.
El panorama se vuelve aún más alarmante con las agresiones de mayor impacto. En Quindío, el periodismo perdió a una de sus voces con el asesinato de Óscar Gómez Agudelo; en Guaviare, el periodista Gustavo Chicangana sobrevivió a un intento de homicidio; y en Cali, el edificio donde funcionan tres medios de comunicación (RCN Radio, RCN Televisión y La República) fue blanco de un ataque con explosivos. Estos hechos no ocurrieron de manera aislada: se inscriben en un contexto marcado por la falta de garantías para ejercer el oficio y por respuestas tardías o insuficientes de la institucionalidad frente a las amenazas contra la prensa.
Las consecuencias fueron inmediatas y dolorosas: 14 periodistas se vieron obligados a desplazarse forzosamente dentro del país para proteger sus vidas, y otros siete tuvieron que exiliarse en busca de seguridad. El silencio, una vez más, fue el costo impuesto a quienes intentaron informar.
Las cifras siguen siendo indispensables para dimensionar la magnitud de la violencia contra la prensa. Sin embargo, entender su verdadero impacto en la sociedad colombiana exige ir más allá de los números y centrarse en las historias, los miedos y las decisiones forzadas de las y los periodistas que han sido víctimas de estas agresiones.
Intimidar para callar: el caso del periodista más amenazado de Colombia
A José Ignacio Arango lo buscan incluso cuando no está. Hombres armados han preguntado por él en negocios cercanos a su casa y a la de sus familiares. Su nombre ha circulado en listas de operaciones de bandas criminales conocidas como “plan pistola” y ha sido declarado objetivo militar. Desde hace dos años, vivir y ejercer el periodismo en Cúcuta implica para él moverse con escoltas, esconderse por temporadas y medir cada rutina cotidiana como si fuera un riesgo.
José Ignacio es director del medio Noticias Cúcuta 75 y, por segundo año consecutivo, el periodista más amenazado de Colombia. En 2024 recibió ocho amenazas; en 2025, diez más. Pero su historia no se explica solo por ese conteo. Desde 2024 ha sido víctima de 32 agresiones que incluyen seguimientos, acoso, obstrucción a su labor periodística y desplazamiento forzado. De todas estas, las amenazas —constantes, explícitas y violentas— han sido las que han alterado su vida personal y su ejercicio profesional de manera más profunda.
Su caso no es una excepción. En 2025, las amenazas fueron la agresión más frecuente contra la prensa en Colombia. La FLIP registró 192 casos, que representan el 41 % del total de ataques documentados durante el año. Más de un centenar de periodistas fueron intimidados en 29 de los 32 departamentos del país. Una vez más, Norte de Santander se ubicó entre los territorios con mayor número de amenazas.
La mayoría de las intimidaciones que ha recibido José Ignacio no han sido abstractas ni anónimas. El 78 % provino de bandas criminales que operan en Cúcuta, entre ellas ‘AK-47’, ‘La Familia P’, ‘Los Manzaneros’ y ‘Los Hombres X’. Además de mensajes en redes sociales y plataformas digitales, el periodista ha recibido llamadas y videollamadas de cabecillas de estas estructuras —algunos recluidos en prisión— en las que le advierten que asesinarán a cada miembro de su familia si no detiene la publicación de sus investigaciones. Sus familiares también han sido seguidos y vigilados, extendiendo el miedo más allá del periodista y convirtiéndolo en una amenaza colectiva.
El impacto es cotidiano y devastador. “He dejado de compartir tranquilamente con mi familia, mis hijas y mis amigos por el miedo latente a que fueran atacados por los grupos delincuenciales que me persiguen”, cuenta. “He optado por alejarme y no frecuentar a mis seres cercanos para no ponerlos en riesgo. Antes de esta situación salía a la calle sin preocupaciones; ahora, llevo dos escoltas conmigo para protegerme o debo permanecer escondido debido a los ‘planes pistola’ que estos delincuentes organizan en mi contra”.
Las agresiones contra José Ignacio son una retaliación directa por su trabajo periodístico, en especial por el cubrimiento e investigación de operativos de la fuerza pública contra estructuras criminales y sus cabecillas, así como por la cobertura constante de la crisis de seguridad en Cúcuta. Informar sobre la violencia terminó por exponerlo, de manera permanente, a ella.
Las amenazas también condicionan el ejercicio del periodismo. “A veces siento indignación al recibir ataques de grupos criminales, simplemente por informar la realidad que vive la ciudad, su área metropolitana y el departamento”, explica José Ignacio. “La ciudadanía tiene derecho a conocer quiénes son los actores detrás de la violencia que nos azota, pero es ahí donde surge el dilema entre proteger mi integridad o seguir informando”.
Más allá de las cifras, el caso de José Ignacio Arango revela cómo las amenazas se han convertido en una forma cotidiana y eficaz de censura en Colombia. Un mecanismo que obliga a callar, a esconderse o, muchas veces, a elegir entre la vida y el derecho a informar.
Acoso judicial: demandar para silenciar
Investigar asuntos de interés público no llevó a Lorena Beltrán a una sala de redacción más grande ni a mayores garantías para ejercer su oficio. La llevó, en cambio, a los estrados judiciales. Desde hace varios años, la periodista enfrenta un acoso judicial sostenido como represalia por revelar presuntas irregularidades en el ejercicio de la cirugía plástica en Colombia.
El suyo es uno de los casos más graves y representativos de acoso judicial documentados por la FLIP en 2025. Ese año, la Fundación registró 24 periodistas de 21 medios afectados por el uso abusivo de instancias legales como mecanismo de intimidación. En el 65 % de los casos, las acciones judiciales se interpusieron por la publicación de investigaciones relacionadas con la gestión de funcionarios públicos, quienes aparecieron como accionantes directos —o a través de sus abogados— en más de la mitad de los procesos.
En el caso de Lorena, el acoso judicial ha funcionado como una estrategia sistemática. Desde hace varios años, la periodista ha denunciado, a través de sus investigaciones, presuntas irregularidades en los títulos de médicos que estarían ejerciendo como cirujanos plásticos sin cumplir todos los requisitos legales.
Sus publicaciones la han llevado a enfrentar de manera simultánea múltiples solicitudes de rectificación, acciones de tutela e, incluso, un proceso penal. Cada registro que hace la periodista sobre los avances en los procesos legales contra los médicos denunciados viene acompañado, casi de inmediato, por una nueva acción judicial en su contra. El mensaje es claro: continuar investigando tiene consecuencias.
En el marco de estos procesos, se le ha exigido eliminar contenidos y rectificar información, al tiempo que se intenta deslegitimar la relevancia y el rigor de sus hallazgos. Es un argumento recurrente en los casos de acoso judicial documentados por la FLIP, que configura un patrón: no se discute el interés público de las investigaciones, se ataca a quien las firma. En el caso de Lorena, esa presión ha desbordado el ámbito profesional y ha invadido su vida privada y su seguridad personal. A la ofensiva judicial se sumaron comentarios intimidantes y ofensivos en redes sociales y correos electrónicos, así como seguimientos y acoso en su lugar de trabajo. “Para mí es un mensaje claro, una advertencia. Me dicen: cállese, o le hacemos la vida imposible”, afirma Lorena.
El impacto no ha sido solo jurídico. El acoso judicial ha tenido consecuencias directas en su salud mental y ha estado atravesado por un componente evidente de violencia basada en género. Los ataques contra Lorena buscan desacreditar su trabajo sin fundamento, apelando a discursos sexistas y misóginos que cuestionan su capacidad profesional y su legitimidad para ocupar un lugar en el debate público. Su caso se suma a otros 19 documentados en 2025, en los que las agresiones incluyeron lenguaje ofensivo o sexista dirigido contra periodistas, sus familias o sus identidades de género y orientaciones sexuales.
Bajo la carga constante de procesos judiciales y temiendo por su vida, Lorena Beltrán tomó la decisión de salir del país. Sin embargo, ni siquiera el exilio le permitió escapar del acoso. Hasta el lugar en el que se radicó le llegó una notificación de un nuevo proceso en su contra, esta vez interpuesto ante la justicia local por uno de los médicos mencionados en sus investigaciones. “Todo esto ha tenido un impacto muy grande y profundo en mi labor. Profesionalmente me ha obligado a destinar tiempo, energía y recursos a defenderme, cuando deberían estar dirigidos a producir investigaciones de interés público”, explica.
El efecto del acoso judicial va más allá del temor a seguir publicando o de la zozobra permanente por la seguridad personal. En palabras de la propia Lorena, se trata de una ruptura vital: “Este acoso judicial afectó mi proyecto de vida en Colombia y tuve que frenarlo. Siento que mi vida se redujo al miedo y a la defensa. Esa es la dimensión que tal vez no muestran las cifras: uno ve un número o un porcentaje, pero detrás de eso hay una vida que tiene que reorganizarse, una periodista que debe reconstruirse a pedazos para poder seguir informando”.
Su historia evidencia cómo el acoso judicial se ha convertido en una de las formas más eficaces y sofisticadas de censura en Colombia: no necesita cerrar redacciones ni prohibir publicaciones. Basta con convertir la justicia en un campo de desgaste, miedo y silenciamiento.
Desplazamiento y exilio: el costo de informar
Salir del país o abandonar el territorio que se cubre no es una elección editorial. Para varios periodistas en Colombia, en 2025, fue la única forma de seguir con vida. El caso de Lorena Beltrán, obligada a exiliarse para proteger su integridad, se suma al de otros seis periodistas que tuvieron que dejar el país para poder continuar su labor informativa. Y a ellos se unen otros 14, quienes, frente a amenazas persistentes, optaron por desplazarse —de manera temporal o permanente— a otros lugares del país como medida de protección.
Eder Narváez es uno de ellos. En enero de 2025 recibió un mensaje que le marcó una frontera clara: quedarse podía costarle la vida. Quien escribió se identificó como integrante de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y le advirtió sobre un plan para asesinarlo como represalia por investigaciones publicadas en NP Noticias Online, medio del que es director. Las publicaciones por las que lo intimidaban habían mostrado presuntos nexos entre altos mandatarios de Antioquia y grupos armados que operan en la región.
La amenaza fue suficiente para obligarlo a abandonar su municipio. Dejó atrás su casa, su familia y el territorio que cubría como periodista. No se fue de descanso ni para cambiar de rumbo profesional: se fue para sobrevivir. Como él, otros periodistas en Colombia han tenido que desplazarse o exiliarse tras recibir amenazas directas de grupos armados ilegales, incluyendo bandas criminales, comandantes de diferentes frentes de disidencias de las extintas Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como de otros actores que optaron por permanecer en el anonimato, una constante documentada por la FLIP durante 2025.
Diez meses después, cuando Narváez intentaba retomar su trabajo y reconstruir una rutina mínima, el miedo regresó. Nuevas amenazas por parte del mismo actor armado lo obligaron a desplazarse otra vez, en esta oportunidad hacia otro municipio. El riesgo seguía intacto.
La violencia no había quedado atrás: lo acompañaba. Para Eder, el desplazamiento forzado no fue solo un cambio de lugar. Fue una ruptura profunda. “Uno debe dejar a un lado su familia, amigos, su núcleo más cercano para tratar de salvaguardar su vida, protegerse y buscar otras oportunidades”, cuenta. “El desplazamiento es un flagelo que lo marca a uno como persona y mucho más como profesional en periodismo”. En la distancia, informar se vuelve más difícil.
Mantener contacto con las fuentes implica depender de llamadas, mensajes y herramientas digitales que no reemplazan la presencia en el territorio ni el acceso directo a la realidad local. Cada cobertura se hace con cautela y cada regreso —si ocurre— está atravesado por la incertidumbre. Volver no siempre significa quedarse: el riesgo de tener que huir de nuevo permanece latente.
Los casos de Lorena Beltrán, Eder Narváez y otros periodistas que han tenido que movilizarse muestran que el desplazamiento forzado y el exilio no son decisiones voluntarias, sino medidas de supervivencia frente a amenazas persistentes y violencia sostenida. Estas salidas obligadas tienen consecuencias profundas. No solo afectan la vida personal y el bienestar emocional de quienes las padecen, sino que erosionan el derecho de las comunidades a estar informadas.
Irse, para Eder y para muchos otros, no fue una renuncia al periodismo. Fue la única forma de seguir ejerciéndolo sin pagar el precio más alto.
Violencia letal contra la prensa
Gustavo Chicangana abrió la puerta de su casa sin saber qué lo estaba esperando del otro lado. Era 5 de julio de 2025, en San José del Guaviare. Iba a salir junto con su esposa cuando un hombre desconocido los abordó y les disparó a quemarropa. Su hija menor presenció el atentado. Chicangana, periodista de Guaviare Estéreo, Caracol Radio y corresponsal de la FLIP, recibió cuatro impactos de bala.
La violencia contra la prensa en Colombia alcanza su forma más extrema, cuando las agresiones se materializan en ataques directos contra la vida e integridad de las y los periodistas.
Seis meses después, Gustavo sigue en proceso de recuperación por las secuelas de una de las balas alojadas en su brazo. El atentado no solo dejó heridas físicas. También instaló una pregunta que atraviesa su vida personal y profesional: ¿es posible regresar al Guaviare y continuar ejerciendo el periodismo en un territorio donde informar puede costar la vida? El miedo se extendió a su familia, que teme nuevas retaliaciones, y a sus colegas, que desde entonces viven bajo una amenaza latente.
El ataque contra Chicangana obedece a acciones letales y sistemáticas contra la prensa. En enero de 2025, la violencia alcanzó su expresión más extrema con el asesinato de Óscar Gómez Agudelo. El periodista fue baleado por un sicario cuando ingresaba a las instalaciones de Rumba del Café 92.1 F.M., una emisora comunitaria en Armenia, Quindío.
Meses después, en noviembre, la violencia volvió a sacudir a los medios. Un artefacto explosivo fue detonado en el edificio de RCN Radio en Cali, donde también funcionan RCN Televisión y La República.
La explosión ocurrió, aproximadamente, media hora después de que las últimas personas del canal salieran del lugar. Aunque no hubo personas heridas y los daños materiales fueron menores, el ataque confirmó la persistencia de la amenaza. La noche anterior, desde una motocicleta, había sido lanzada una granada hacia la entrada principal del edificio. No explotó. El mensaje, sin embargo, fue inequívoco.
En el Guaviare, las consecuencias del atentado contra Gustavo Chicangana se siguen propagando. Otros miembros de la emisora han sido blanco de amenazas y seguimientos, lo que ha generado un temor permanente por su integridad. Algunos periodistas han optado por desplazarse de manera temporal o intermitente a municipios cercanos para protegerse junto a sus familias. Otros han recurrido a la autocensura de contenidos relacionados con los grupos armados que operan en el departamento, como una estrategia de autoprotección.
La violencia letal contra la prensa no solo mata o hiere: expulsa, silencia y condiciona. Obliga a preguntarse qué se puede contar y qué no, quién puede investigar y hasta cuándo.
El balance de 2025 muestra que, aunque algunas cifras puedan sugerir una disminución de agresiones, la violencia contra la prensa en Colombia se ha profundizado en gravedad y consecuencias. Amenazas, acoso judicial, desplazamiento forzado y ataques directos contra la vida de periodistas configuran un patrón persistente que afecta no solo la integridad física y emocional de quienes informan, sino también su libertad para ejercer el periodismo y el derecho de la ciudadanía a acceder a información veraz. Cuando disparan contra un periodista, el blanco no es solo una persona. Es la posibilidad misma de contar lo que ocurre.